El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que el candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, ingresó este domingo 7 de junio al penal Barbadillo de Ate, donde purga su condena el expresidente Pedro Castillo, en su calidad de congresista de la República.
“El congresista Roberto Sánchez ingresó solo al establecimiento penitenciario; no se le permitió el ingreso acompañado de una comitiva”, subrayó.
En un comunicado, aclaró que no otorgó autorización especial, beneficio, privilegio, ni tratamiento excepcional en el caso de Sánchez Palomino y se aplicó el procedimiento regular previsto para el ingreso de un congresista, bajo las medidas de identificación, control y seguridad correspondientes.
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“La neutralidad de la administración pública exige aplicar la ley de manera objetiva. Impedir el ingreso de un congresista sin un fundamento legal expreso podría configurar una actuación arbitraria generadora de responsabilidad para los funcionarios que la adopten”, agregó.
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En ese sentido, el INPE remarcó que no puede crear restricciones, condiciones o límites no previstos en la ley. También aseveró que no autorizó ni facilitó ningún acto proselitista dentro del establecimiento penitenciario.
“Su actuación se limitó a aplicar el régimen legal de ingreso correspondiente y a resguardar las reglas de seguridad penitenciaria”, detalló en su pronunciamiento publicado en sus redes sociales.
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“El INPE no tiene competencia para calificar la oportunidad, finalidad o eventual uso indebido de la facultad de ingreso ejercida por un congresista. Si alguna autoridad considera que el congresista Roberto Sánchez habría actuado fuera de sus funciones, dicha evaluación corresponde al Congreso de la República o a las autoridades legalmente competentes”, añadió.
En ese sentido, mencionó que mientras la normativa vigente reconozca esta facultad, el INPE tiene el deber de aplicarla estrictamente y que cualquier revisión de sus alcances debe realizarse mediante la modificación normativa correspondiente.
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“El INPE no puede restringir, por decisión propia, una atribución reconocida por una norma vigente a un miembro de otro poder del Estado, pues ello excedería sus competencias legales y afectaría el principio de separación de poderes”, sentenció.
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