Sindicatos y movimientos sociales convocaron para el sábado 23 de mayo a un evento político en la sede de la empresa estatal Petro-Perú, en San Isidro, denominado “Cumbre Nacional en Defensa de Petroperú, Gasoducto Sur Peruano y Recursos Naturales”.
La cita busca reunir a organizaciones de todas las regiones para debatir acciones contra la presunta privatización de Petro-Perú y promover medidas políticas vinculadas a la soberanía energética y los recursos naturales.
La convocatoria contiene referencias de carácter político e ideológico. Los organizadores señalan que el gobierno del presidente José María Balcázar “está siendo presionado por el pacto mafioso de la ultraderecha y el imperialismo yanqui para privatizar Petroperú” a través del Decreto Supremo 010-2025. Esta norma reorganiza y divide los activos de la empresa estatal.
La invitación llama a las organizaciones sociales a “unir fuerzas contra la coalición mafiosa de la ultraderecha” y rechazar la privatización de empresas estatales y de recursos naturales.
El reglamento del evento también incorpora consignas políticas más amplias. Entre ellas, la promoción de una “Asamblea Constituyente” y pronunciamientos contra los proyectos mineros Tía María, Conga, Río Blanco y Cañariaco.
Entre los organizadores se encuentran la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL), representada por Lucio Ccallo Ccallata, exmiembro del Movadef, una organización considerada como el brazo político de Sendero Luminoso.
También figura la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú), un sindicato fundado por el expresidente Pedro Castillo, quien es aliado del candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). Además, la Federación de Unidad Nacional del Petróleo y Energía (FEDUNPE) y otras.
El abogado Alejandro Rospigliosi, especialista en derecho electoral, señaló que podríamos estar frente a un caso de violación a la neutralidad política.
No se puede usar las instalaciones públicas, como las de una empresa pública como Petro-Perú, para hacer este tipo de reuniones ideológicas, es inaceptable. Así que hay un responsable que es el presidente de Petroperú”, consideró.
Para Rospigliosi, “los trabajadores que están haciendo esto están cometiendo una infracción administrativa; violan el código de ética de la función pública y la neutralidad, porque estamos en pleno proceso electoral”, dijo en diálogo con El Comercio..
El especialista consideró que el caso debe ser analizado por las autoridades electorales. “El proceso electoral no ha acabado, nos vamos a una segunda vuelta. El Jurado Electoral Especial debe hacer su tarea”, señaló.
En tanto, el abogado Carlos Caro, especialista en derecho penal, afirmó que sería un caso de peculado de uso si es que se ha dispuesto del bien sin ninguna contraprestación.
“Ese auditorio lo alquilan. Si no es alquilado y simplemente están disponiendo del bien gratuitamente, vamos a decirlo así, para fines políticos, eso es algo que puede calzar perfectamente dentro del delito de peculado de uso”, explicó.
Al cierre de esta edición, Petro-Perú adelantó que la solicitud para realizar el evento fue recibida, pero este aún no ha sido autorizado.
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