Universidades en campaña: Cuestionan usos con fines políticos

A pocos meses de las elecciones generales del 2016, parecería que, nuevamente, el tema de la relación entre las universidades y la política ha tomado desprevenido tanto a los organismos electorales como a las autoridades encargadas de la regulación universitaria. Hoy, el Perú no cuenta con un marco legal claro que regule el nivel de participación y el rol de las universidades privadas durante una campaña electoral.

La utilización de centros educativos para sostener estructuras partidarias se originó hace algunos años como un fenómeno provincial y regional. Sin embargo, actualmente tiene alcance nacional. Basta apreciar lo que ocurre con el precandidato a la presidencia por Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, fundador y dueño de la Universidad César Vallejo. Él ha sido cuestionado por utilizar los recursos, personal y logística de esa casa de estudios (y de sus sucursales a escala nacional) en favor de su candidatura.

Pero Acuña no es el único aspirante a presidente que es, a su vez, propietario de una universidad. El posible precandidato presidencial por Solidaridad Nacional y actual congresista suspendido, José Luna, es dueño de la Universidad Telesup: la publicidad de ese centro educativo con su imagen se multiplica conforme se acercan las elecciones. 

¿A qué se debe y cuáles son los riesgos de este fenómeno?

1. Sustitutos partidarios
Para el analista político Carlos Meléndez, el debilitamiento de los partidos políticos durante los noventa, sumado a la descentralización y al crecimiento económico de la última década, ha ocasionado que muchas empresas se tornen en sustitutos de organizaciones políticas.

Las estructuras empresariales han terminado convirtiéndose en el sustento orgánico de nuevos proyectos políticos, supliendo la falta de financiamiento estatal y de bases partidarias. Los nuevos actores ven a la política como un espacio de extensión de su propio poder.

No cualquier tipo de empresa puede terminar siendo el sustento de una organización política. Para Meléndez, estas deben ser fácilmente convertibles en plataformas políticas, como es el caso de las empresas educativas. “No solo pasa con universidades, pasa también con medios de comunicación a escala local. Si tienes un medio de comunicación, tienes poder político, si tienes universidades tienes una estructura de empleados, jóvenes universitarios y graduados a tu servicio”. De esa manera, a diferencia de lo que sucede con otro tipo de empresas, las universidades privadas ofrecen a sus propietarios (y a quienes estos quieran promover) una organización compatible con la de un movimiento político.

2. Construcción de una red clientelar
Rodrigo Barrenechea, autor del libro “Becas, bases y votos”, sostiene que la utilización de centros educativos para fines políticos permite la construcción de una red clientelar que permite a un determinado partido movilizar recursos para generar bases de apoyo. Ello posibilita, por ejemplo, la entrega de becas o ayudas sociales que actúan como elementos de fidelización de aquellos que se van sumando al proyecto.

Asimismo, las universidades suelen ser la principal fuente de financiamiento hacia el partido político, creando –a través de la implementación de sucursales en el ámbito nacional– un núcleo de personal asalariado permanente que ofrece una base para la producción de propaganda y logística electoral.

Además, Barrenechea argumenta que la estructura universitaria permite que sus autoridades y candidatos formen parte de una red que estrecha lazos de dependencia. Es decir, se genera un gran mercado en donde se encuentran partidos sin políticos y políticos sin partidos. 

3. Principales riesgos
La utilización de universidades como plataforma política puede ocasionar la pérdida de su autonomía. Gerardo Távara, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, señala que existe la posibilidad de que se condicionen los estudios, calificaciones o becas al apoyo de determinada candidatura. 

Asimismo, al combinarse la estructura orgánica de una empresa, la burocracia universitaria y la dirigencia de un partido, se terminan por crear espacios que dan pie a que el estudiante termine estando al servicio de un proyecto político y no exclusivamente académico.

“Si antes el carnet partidario era una garantía de poder ser parte de un puesto público, ahora es el carnet universitario de determinadas universidades lo que determina cierta garantía para acceder a él”, anota Meléndez.

4. Proselitismo maquillado
Si bien el uso de los recursos de universidades privadas para fines publicitarios es legal, el caso se torna complejo cuando el centro de estudios utiliza la imagen de su dueño, fundador o rector cuando este se encuentra postulando a un cargo de elección popular. Esta situación toma relevancia adicional si los colores, tipo de letras y símbolos de la universidad son similares al del partido político.

La multiplicación de afiches y paneles publicitarios de las universidades de César Acuña y José Luna en las últimas semanas hace que Távara se pregunte si, así como una persona tiene que renunciar al cargo público que ostenta para poder ser candidato, esta obligación se debería extender a la condición de propietario o rector de una universidad. Ello debido a que una universidad otorga títulos a nombre de la Nación.

Finalmente, no puede dejar de mencionarse el estatus que un cargo universitario puede otorgar a un político. Ser fundador, rector, decano o director, brinda a un candidato un perfil académico explotable en la arena política sin que, en muchos casos, sea un título merecido.

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