“Tras este proyecto [del Ejecutivo] hay un propósito subalterno”

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— El Consejo de Ministros aprobó un proyecto que ley que establece una sanción de hasta cuatro años de prisión para jueces y fiscales que filtren información sobre una investigación penal en curso. ¿Cuál es la postura del Poder Judicial frente a esta propuesta?

El Código Procesal Penal establece que las investigaciones tienen el carácter de reservadas, en caso de que el juez o el fiscal incumpla con ello es sometido a un proceso disciplinario, este proceso disciplinario, por cierto, acarrea medidas graves como son la destitución del cargo. La pregunta que siempre hay que formularse es las razones por las que a estas alturas se pretende criminalizar este comportamiento. Y la postura nuestra es que consideramos que, en primer lugar, es inadecuado, porque ya hay una sanción para los jueces que incumplen con el Código Procesal Penal y, en general, con la línea de comportamiento que tiene que haber en un proceso.

Y lo segundo es que consideramos que tras este proyecto hay un propósito subalterno, porque hay que reconocer el trabajo importante que históricamente ha realizado la prensa para develar serios actos de corrupción.

— ¿Y cuál es el propósito subalterno? ¿A dónde está apuntando el gobierno?

Quizás limitar, precisamente, la labor investigativa de la prensa.

— ¿El presidente Castillo está utilizando el aparato estatal para su defensa personal? Por ejemplo, le pidió al Minjus emitir un informe que señala que no puede ser investigado por una comisión ordinaria del Congreso, y también proponen este proyecto en un contexto donde es investigado preliminarmente.

Mire, respecto a este hecho, como usted sabe, el presidente [Pedro Castillo] ha pedido una tutela de derechos ante el Poder Judicial precisamente cuestionando la labor investigativa del fiscal, señalando en esa línea que no puede ser investigado durante el ejercicio presidencial. Esta resolución que no ha sido estimada por el juez [Juan Carlos Checkley], ha sido recurrida a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. En consecuencia, va ser materia de pronunciamiento por un tribunal supremo y yo, en ese sentido, no puedo pronunciarse, porque cualquier opinión que yo vierta pueda ser interpretada como una clara injerencia.}

— ¿Qué tipo de peligros puede llevar este proyecto de ley mordaza, que promueve el Ministerio de Justicia? ¿El objetivo es ocultar información que más adelante pueda perjudicar al presidente Castillo?

Son dos cosas que hay que delimitar bien, la primera está en el ámbito judicial, los jueces y fiscales pueden ser destituidos de la carrera de la magistratura si es que incumplen un deber funcional, en ese caso el no cumplir con la reserva del proceso en la etapa correspondiente. Lo que se pretende con este proyecto de ley es criminalizar esa infracción, vale decir, convertirla en delito. El derecho penal siempre tiene que actuar como la última ratio, como la última razón cuando no hay otras alternativas en el derecho para sancionar un comportamiento […] En este caso, desde mi particular punto de vista, considero que la sanción de la destitución para un juez que infringe su función es suficiente.

— ¿La iniciativa busca penalizar también a la prensa? ¿No podría acusarse a los periodistas de ser instigadores o cómplices?

Si un comportamiento se criminaliza, usted sabe que la línea de participación en un delito también puede incluirse a instigadores, que es el que predetermina a una persona a cometer el hecho. Y además, puede vincularse a un tema de complicidad, el que colabora con el evento delictivo y también puede ser materia de una sanción [penal].

— Usted ha señalado que no cree que este proyecto de ley mordaza vaya a ser aprobado por el Congreso. Pero, anteriormente, bancadas, como Fuerza Popular, proponían iniciativas similares. ¿Realmente cree que el Parlamento vaya a ser una cortapisa?

Yo espero que el Congreso de manera serena y ecuánime evalúe esto y no se apruebe.

— Por ejemplo, la actual Comisión de Justicia del Parlamento, dirigida por Gladys Echaíz, aprobó un dictamen que limita la colaboración eficaz y, a la par, sanciona con penas entre cuatro y seis años de prisión a quienes difundan la declaración de un colaborador. Este proyecto está en la agenda del pleno hace semanas. ¿No es igual de peligroso a la propuesta del gobierno?

Son dos aristas diferentes, pero en todo caso eso es materia de evaluación del Poder Legislativo, porque está en el ámbito de su competencia.

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— El primer ministro, Aníbal Torres, ha señalado que el Ministerio Público y el Poder Judicial se “han sumado” a un “pequeño grupo” que busca vacar al presidente Castillo. ¿Cómo interpreta usted esta crítica?

En el Poder Judicial impartimos justicia y no hacemos persecución política, en la última oportunidad que tuve de conversar con el premier el 1 de junio en Trujillo, le hice hincapié de que ingresar en un plano confrontacional era dañino para las instituciones, porque no nos permitía avanzar, precisamente, en líneas de fortalecer nuestras instituciones.

— Desde inicios de año, usted le ha solicitado en tres oportunidades al presidente Castillo convocar al Consejo de Estado, pero no este acto no se ha concretado. ¿Por qué? ¿Existe indiferencia de parte del gobierno?

Creo que el presidente no ha dimensionado la importancia que tiene el Consejo de Estado y, en la última oportunidad en que pudimos haber realizado una sesión, lamentablemente, no acudieron los representantes de varias instituciones por diferentes motivos, pero estoy segura que en la posibilidad de que se convoque va a ser una reunión bastante importante. Espero que el presidente reflexione y mensure la importancia de que nos reunamos en el Consejo de Estado en la actual crisis política, económica y social que padece el país.

— ¿Qué tipo de salida puede brindar el Consejo de Estado a la crisis política?

En primer lugar, creo que lo tenemos que plantear es que tiene que haber políticas públicas sostenidas. En segundo lugar, ninguna institución puede ser dirigida de manera coherente si es que a cada instancia se están cambiando a quienes la dirigen o quienes las integran. Y en tercer lugar, también creo que tenemos que tomar medidas urgentes y adoptar fundamentalmente algunos acuerdos con relación a la crisis alimentaria que se avecina. En la última sesión del 17 [de junio] que tuve con el presidente de la República, le hice hincapié en las medidas que debían tomarse con relación a la crisis alimentaria, [le dije] que desde mi percepción se avecina una hambruna. ¿Qué técnica tenemos que se estén estudiando para mitigar el impacto? ¿Qué modelos estamos mirando en el extranjero para poder si se quiere extrapolar eso acá? ¿Qué medidas de otra índole se están tomando para evitar que esta crisis alimentaria no genera un caldo de cultivo y la situación se vuelva más crítica? Me refiero a un caldo de cultivo para generar una reacción nociva para el país.

— El juez Juan Carlos Checkley rechazó la tutela de derechos de Castillo. En su fallo establece que sí se pueden realizar una investigación preliminar a un presidente en funciones, porque este no tiene “inmunidad”. ¿Es una decisión que marca un hito? ¿Por qué?

El juez [Checkley] ha tomado una decisión con absoluta independencia y él responde por sus decisiones. Yo no le puedo decir si esta decisión es un hito o no, porque significaría que estoy marcando posición y no puedo hacer eso.

— El círculo más cercano al presidente Castillo está en calidad de prófugo: el exministro Silva, el ex secretario Pacheco y Vásquez Castillo, uno de sus sobrinos. ¿De quién es la responsabilidad de estas fugas?

La norma establece las competencias de las instituciones, sobre todo de las del sistema de justicia, en el tema que usted me pregunta, la responsabilidad de la detención, del arresto, de las medidas de seguimiento previo que tienen que hacer siempre corresponde al Ministerio del Interior.

— Silva y Pacheco son profesores, pero llevan semanas huyendo del aparato de Inteligencia de la Policía. ¿Ve un manto de protección del gobierno?

Bueno, la interrogante que todos los peruanos y peruanas en general nos hacemos es cómo es que los servicios de inteligencia no están funcionando de manera adecuada para que se cumpla el mandato judicial [de detención contra estas personas] y en todo caso siempre será eso responsabilidad competente, eso está residenciado en el Ministerio del Interior.

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— El Ministerio Público le ha abierto investigación a la cuñada del presidente, Yenifer Paredes, quien ofreció obras en Chota. La joven fue grabada utilizando el chaleco de una empresa que es proveedora del Estado…

Mire, todo acto que esté vinculado a un llamémosle hecho de corrupción es cuestionable, pero yo no podría pronunciarme, porque si el Ministerio Público ha intervenido, la lógica es que esto va a ser materia de un pronunciamiento de parte de un juez. En atención a ello, no puedo calificar, si yo emito pronunciamiento al respecto, afectaría a aquella independencia judicial que nosotros estamos defendiendo siempre.

— El ex procurador César Azabache dijo que es posible que el Ministerio Público solicite la suspensión del mandatario a la Corte Suprema si es que interfiere en la investigación preliminar. ¿Usted comparte este criterio? ¿Es viable, técnicamente hablando?

Es una opinión del doctor Azabache, yo le puedo decir, como marco, que no puedo adelantar absolutamente nada que esté vinculado a los problemas procesales que tenga el presidente de la República en el Poder Judicial, porque cualquier opinión que yo emita va a ser interpretada como una clara injerencia o una posición institucional del Poder Judicial y eso es lo que yo no debo hacer. La posición lo va a tomar el juez que conozca la causa, el juez que tenga que resolver el problema, no yo.

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— ¿La salida a la crisis política es “que se vayan todos” y se llame a nuevas elecciones generales?

La salida a la crisis política depende de todas y todos los peruanos, depende de los poderes del Estado y depende de las instituciones, pero creo que en esa línea, nosotros tenemos que remarcar lo siguiente, si es que no hay un compromiso de las instituciones de trabajar con integridad, de articular esfuerzos para salir de la esta crisis, no vamos salir de la misma. No hay una receta para salir de la crisis, pero sí hay acciones concretas que por lo menos podemos realizar de inicio para ir viendo en el camino cómo es que salimos, en general, de toda esta crisis macro, pues es una crisis política, económica, social y sanitaria.

— ¿A su juicio ha faltado autocrítica de parte del gobierno y del Congreso, que están en un abierto enfrentamiento?

Yo creo que de manera general siempre tenemos que hacernos una autocrítica, porque no estamos exentos de errar.

— En pocos días se van a cumplir cuatro años desde que se difundieron los primeros audios de “Los Cuellos Blancos del Puerto”. ¿El sistema de justicia ha logrado recuperar su credibilidad?

En líneas generales puedo decir que hemos avanzado bastante en transparencia judicial, mientras no solucionemos el problema de la gran carga procesal, creo que no vamos a recuperar totalmente la credibilidad, pero sí hemos hecho esfuerzos significativos para ello. Por ejemplo, tenemos un casillero digital que día a día transmite todas las decisiones judiciales que toman todos los jueces del Perú, esto permite al ciudadano medir cuánto produce y qué cosa realiza un juez en su despacho. Y esto es de acceso aquí en el Perú y en el extranjero. Este casillero marca un hito con relación a la transparencia de los actos judiciales.

— La Audiencia Nacional de España ha ordenado la detención del exjuez supremo César Hinostroza, sindicado como el cabecilla de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, a fin de que sea extraditado al Perú. ¿Existe preocupación en la Corte Suprema por lo que pueda declarar?

Es una decisión bastante significativa e importante para nosotros y lo único que nosotros podemos garantizar acá es que va a ser juzgado con un debido proceso. Y con relación a la preocupación, nuestra única preocupación es que se esclarezcan todos los hechos relativos a las incriminaciones que se le efectuó [a Hinostroza].

— En mayo de 2019, la fiscalía presentó la acusación contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia. Pero el juicio oral, recién comenzó en febrero último. La etapa de control duró más de un año y media, y el juez Carhuancho, tras concluir esta etapa, demoró nueve meses en notificar a las partes el auto de enjuiciamiento. ¿No es urgente instalar juzgados ad hoc para los casos de Lava Jato?

A ver, en primer lugar hay que considerar que es una investigación bastante compleja, porque conlleva a información del extranjero y se tiene que articular cooperación judicial. En segundo lugar, como usted mismo lo ha dicho, el término de la investigación fiscal ha sido demasiado largo. Ahora, el doctor Concepción Carhuancho ha estado prácticamente dedicado a este caso, lo que sucede es que es un caso bastante complejo. Y en su oportunidad, de ser necesario, vamos, digamos, a disponer que haya jueces ad hoc para determinado tipo de procesos, por la complejidad de los mismos, por el número de procesados, por el número de actividad procesal que se requiera.

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— El último jueves, usted inauguró una Unidad de Flagrancia en Trujillo. ¿Cuántas de estas unidades se requieren en el país? ¿Y cuál es su impacto?

Mire, esas unidades de flagrancia son un modelo para combatir la criminalidad, requerimos esas unidades en los 34 distritos judiciales que tenemos. ¿Para qué? Para combatir fundamentalmente la inseguridad ciudadana, la norma judicial que habilita el juzgamiento en flagrancia existe desde el 2015, lo que hemos hecho es implementar una infraestructura adecuada donde los niveles de comunicación entre la Policía, fiscalía, Poder Judicial y la defensa pública sea efectiva e inmediata.

Hoy día [lunes] en menos de 72 horas [desde su inauguración] acabamos de efectuar un juzgamiento a una persona que cometió un delito contra el patrimonio, eso demuestra que este sistema es efectivo y marca un hito con relación a cómo se debe administrar justicia en estos procesos que algunos consideran de bagatela, pero que son importantes, porque generan confianza ciudadana, porque reduce los costos económicos de un proceso penal y porque la víctima se ve resarcida. Y también porque es un mensaje clara al delincuente de que no tendrá impunidad.

— ¿El Poder Judicial cuenta con el presupuesto necesario para abrir este tipo de unidades en los 34 distritos judiciales del país?

Este proyecto piloto en Trujillo es un proyecto que ha sido costeado con presupuesto íntegro del Poder Judicial, ninguna de las [otras] instituciones ha aportado absolutamente nada para este proyecto. Y lo hemos hecho con el propósito de mostrar a las otras instituciones qué es lo que se puede hacer en el futuro para combatir el gran problema del país que es la inseguridad ciudadana. Requerimos presupuesto para los otros proyectos, y se lo hemos pedido al presidente de la República, él ha señalado que lo va a otorgar y esperamos que esto se materialice.