Elvis Vergara y ‘Los Niños’: ¿Puede un congresista investigado presidir las comisiones de Ética y Fiscalización? ¿Qué dice el reglamento?

Aunque es investigado por el caso ‘Los Niños’, Elvis Vergara (Acción Popular) ha sido elegido como presidente de dos comisiones claves del Congreso para el periodo anual de sesiones 2025-2026: Fiscalización y Ética. Ello pese a que el reglamento parlamentario establece que legisladores que se encuentran comprendidos en procesos penales no pueden integrar estos grupos de trabajo.

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Es precisamente en este punto de la norma donde los especialistas discrepan: para algunos, el proceso penal se inicia con la investigación preliminar, mientras que otros sostienen que comienza cuando se formaliza la investigación o incluso cuando el caso llega a la etapa de juicio oral.

Vergara y otros 23 parlamentarios, en su mayoría de AP, son investigados por el Ministerio Público por haber integrado “el brazo congresal” de la presunta red criminal del expresidente Pedro Castillo.

Ellos habrían favorecido con sus votos al exmandatario a cambio de obras, el control de un ministerio y contratos de trabajo para sus allegados, según una denuncia constitucional presentada en julio último por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ante el Parlamento.

Cabe resaltar que Vergara y otros legisladores de AP sindicados como los primeros ‘Niños’ han sido blindados por el pleno del Congreso en más de una ocasión.

Primero se libraron de ser suspendidos por 120 días por recomendación de la Comisión de Ética, que precisamente hoy preside Vergara, y luego de ser acusados constitucionalmente por sugerencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).

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Tras el escándalo, Vergara adoptó un perfil bajo hasta julio último que su bancada postuló a Ilich López, también señalado como uno de ‘Los Niños’, para integrar la Mesa Directiva del Congreso. Finalmente, esta lista ganó y López es ahora el tercer vicepresidente del Parlamento.

A lo largo del proceso, Vergara y el resto de parlamentarios han rechazado una y otra vez la investigación fiscal y defendido su inocencia.

“Si revisamos esta acusación, veremos que los hechos y pruebas son los mismos que en una denuncia anterior. Eso nos hace entender que tendrá el mismo resultado: el archivo”, afirmó el lunes a la prensa.

“Estoy asumiendo la Comisión de Ética Parlamentaria no como una aspiración personal, sino en cumplimiento del mandato de la mayoría de los congresistas de la comisión, que me han propuesto”, declaró también.

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Sin embargo, este martes 19 de agosto cambió de versión. Explicó que ningún integrante de su bloque quiso asumir la titularidad de la comisión y que, “para no perder” el cupo, se ofreció.

Además, restó importancia a los pronunciamientos del propio partido de la lampa y sus compañeros de bancada que se mostraron en contra de su elección. “Acción Popular está entrando en la contienda para elegir a candidatos a senadores y diputados y presidenciales [...] Aquí la pugna es por quién queda mejor”, expresó.

En tanto, el congresista Luis Aragón insistió en señalar que “no se siente representado” por Vergara en la Comisión de Ética. Indicó que desde el 5 de agosto la bancada no ha sostenido ninguna reunión oficial. Ello pese a que diversos parlamentarios han pedido dialogar sobre las presidencias y que se resuelva la expulsión del congresista Raúl Doroteo.

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De acuerdo con el artículo 20, inciso d, del reglamento del Congreso, los parlamentarios comprendidos en procesos penales están prohibidos de integrar las comisiones de Fiscalización; Ética; SAC; y otros grupos con facultades investigadoras.

En este punto de la norma discrepan los especialistas. Para el excongresista de AP Víctor Andrés García Belaunde, el especialista en temas parlamentarios Alejandro Rospigliosi, el penalista Ricardo Elías está impedido de integrar ambas comisiones.

En tanto, el exoficial mayor del Parlamento José Cevasco y el exviceministro de Justicia Gilmar Andía expresaron una postura contraria.

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Bajo el criterio de García Belaunde, el proceso penal se inicia desde la investigación preliminar. No obstante, más allá de eso, consideró que la Comisión de Ética debe estar presidida e integrada por gente “idónea, libre de denuncias y con conducta intachable”.

“¿Cómo pueden ellos ejercer una función de vigilar la ética del parlamentario si ellos están cuestionados? Es una cosa elemental. No podemos nombrar a un carterista como jefe de una comisaría”, expresó.

El exparlamentario señaló que hay doble responsabilidad: la primera de Vergara por asumir el puesto sabiendo que está cuestionado y la otra de los nueve parlamentarios que votaron por él para que presida Ética.

“Esos nueve conocen el reglamento y deben conocer la conducta del señor Vergara y aún así lo han elegido. Son cómplices tanto los que eligieron presidente de Ética como de Fiscalización. El reglamento lo prohíbe y la ética pública también”, agregó.

García Belaunde hizo hincapié en la investigación que tiene abierta Vergara por el caso ‘Los Niños’ en el Ministerio Público.

Resaltó que Vergara ha sido expulsado por AP, solo que su expulsión no ha podido ser registrada en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). “Él no representa a Acción Popular. Es un usurpador del nombre. Hay que rechazarlo”, dijo.

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Por su parte, Rospigliosi alertó que la presencia de Vergara contaminaría “todos los procesos” que se verán en su gestión. Ello debido a que estaría impedido de integrar y, por lo tanto, presidir el grupo de trabajo. “El Poder Judicial en un amparo puede dejar sin efecto las decisiones de la Comisión de Ética bajo el argumento de que es un proceso viciado”, sentenció.

“Aquellas personas que tienen una denuncia penal, no pueden integrar una comisión investigadora o la Comisión de Ética [...] Es investigado y tiene una denuncia en trámite en la SAC”, opinó el especialista.

Subrayó que el “espíritu de la norma” es que una persona que está “contaminada por una denuncia”, como Elvis Vergara, no puede presidir la Comisión de Ética ni ningún grupo fiscalizador o investigador.

Rospigliosi advirtió, además, que quienes votaron a favor de la elección de Vergara podrían ser denunciados por el presunto delito de nombramiento ilegal en el cargo. No descartó que el próximo Congreso pueda denunciar a los legisladores por infracción a la Constitución.

Finalmente, opinó que este hecho revelaría la falta de liderazgo del presidente de AP. Bajo su lectura, en otras agrupaciones como APP y Fuerza Popular, con bancadas más disciplinadas, no ocurriría algo así.

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A su turno, Elías afirmó que un ciudadano está comprendido en un proceso penal desde que se inicia la investigación, incluso en investigaciones preliminares. Aseveró que así lo establece el Código de Procesal Penal del año 2024.

“Desde que inicia una investigación preliminar cualquier ciudadano puede acudir al juez de tutela y garantías, por lo tanto no hay ninguna fase que esté exenta de control. Por lo tanto, es válido señalar que, desde el momento en que un ciudadano es comprendido en una investigación ya tiene un proceso en curso”, remarcó.

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Cevasco discrepó. El exoficial mayor del Congreso indicó que mientras el caso de Vergara no llegue a juicio oral, él puede integrar tanto el grupo de Ética como de Fiscalización.

Señaló que, en ese sentido, existe un vacío que debe resolver el Congreso, pero sin caer en reglas o normas con nombre propio. Además, responsabilizó a las agrupaciones políticas de traer al Parlamento a personas cuestionadas, al nivel que quedan muy pocos legisladores disponibles para asumir cargos claves.

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De otro lado, Gilmar Andía señaló que “en términos generales el proceso penal abarca desde que se inicia la investigación fiscal”; sin embargo, en el sentido estricto, “el proceso penal se inicia con la formalización de la investigación preparatoria”.

En esa línea, consideró que los legisladores que votaron por Vergara optaron por lo segundo.

“En una investigación preliminar no hay una imputación, estás investigando una noticia criminal, pero no hay certeza ni siquiera indicios suficientes para decir que la persona investigada puede ser responsable porque se parte de una sospecha simple. En cambio, cuando se formaliza, hay una imputación concreta”, explicó.