Datum: El 62% considera que las leyes sobre seguridad favorecieron a la delincuencia

Seis de cada diez peruanos aproximadamente perciben que las leyes que han aprobadas en materia de seguridad han terminado favoreciendo a la delincuencia (62%), según un estudio –a escala nacional– de Datum Internacional para El Comercio. Casi un tercio de la ciudadanía (32%) considera estas no han tenido ningún impacto, en tanto apenas un 2% opina que las leyes dadas sobre esta materia sí han significado un real beneficio para la ciudadanía.

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Aunado a ello, si se analiza el resto de las cifras en perspectiva, además del Congreso que es el encargado de legislar, los otros actores tampoco vienen cumpliendo su rol frente a la lucha contra la criminalidad. Con un 52%, la jefa del Estado, Dina Boluarte, es ubicada como la principal culpable de los problemas de inseguridad que atraviesa en el Perú, ocho puntos porcentuales más que la medición del año pasado.

Y hay una fuerte desconfianza respecto a la labor de los jueces y los fiscales, a quienes se atribuye ser responsables de que los delincuentes detenidos en flagrancia sean liberados y son ubicados con el peor trabajo en la lucha contra el crimen, en comparación con la policía.

“Dejar de salir en las noches y no responder llamadas de desconocidos. Es decir, los ciudadanos se están replegando como mecanismo de autoprotección, en un contexto donde perciben que las instituciones no están cumpliendo su rol”.

Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional

Todo esto en un contexto en donde un 42% de peruanos asegura que ellos o sus familias han sido víctimas de la inseguridad en los últimos tres meses —en Lima y Callao la cifra escala al 50%—; incluso con un 9% que asegura alguien de su hogar ha sufrido o es actualmente víctima de la extorsión. Son cifras altamente preocupantes.

Los peruanos piden penas más severas (35%), casi a la par de un presidente comprometido con la seguridad (30%). La gran mayoría asegura que ha optado por evitar salir por las noches o contestar llamadas de desconocidos. Mientras que el porcentaje de ciudadanos que está pensando en abandonar el país hacia el extranjero se incrementó a un 36%.

Análisis…

Mecanismo de autoprotección, por Urpi Torrado

La inseguridad ciudadana continúa siendo el principal problema que enfrentan los peruanos y, cada vez más, también es una fuente de tensión política. A pesar de que la mandataria Dina Boluarte afirmó recientemente que el desborde de violencia “no es responsabilidad de la presidenta”, el 52% de peruanos considera lo contrario. Esta percepción mayoritaria no solo refleja el alto nivel de exigencia hacia el Ejecutivo, sino que desplaza al Congreso como principal responsable del problema, según los datos comparados con la encuesta de octubre pasado.

No obstante, hay matices. La misma encuesta indica que ha crecido en cinco puntos el porcentaje de ciudadanos que perciben que existe una estrategia gubernamental para enfrentar la inseguridad, probablemente en reconocimiento a medidas como la declaración del estado de emergencia. Aun así, la confianza no se ha recuperado del todo, en noviembre del 2023 la percepción era más favorable, y actualmente casi un tercio de los encuestados cree que a la presidenta le falta compromiso real para combatir el crimen y la delincuencia.

Asimismo, poco más de un tercio de los peruanos exige penas más severas para los delincuentes y señala como principales responsables de la impunidad a jueces y fiscales. La crítica a la justicia refleja un sentimiento de frustración generalizado: muchos creen que las leyes terminan favoreciendo a los delincuentes, mientras que la población se ve cada vez más vulnerable y sin respaldo.

La encuesta también registra una disminución en el porcentaje de personas que reportan que han sido víctimas de asaltos o robos. Sin embargo, esta mejora no se atribuye a una mejor gestión estatal, sino a las propias medidas de precaución que ha tomado la ciudadanía. Las más frecuentes son dejar de salir en las noches y no responder llamadas de números desconocidos. Es decir, los ciudadanos se están replegando como mecanismo de autoprotección, en un contexto donde perciben que las instituciones no están cumpliendo su rol. La falta de resultados se traduce en deterioro en la confianza hacia todas las entidades involucradas en la seguridad ciudadana, desde la policía hasta el sistema judicial, pues mientras los peruanos siguen adaptando su vida al miedo, la percepción de que están solos frente al crimen se vuelve cada vez más difícil de revertir.

A opinión del exviceministro de Justicia Gilmar Andía, la percepción sobre las leyes coincide con la realidad y son producto de las modificaciones a la figura de crimen organizado y la detención preliminar, en el último medio año por el Congreso y que, incluso, motivó la movilización de la ciudadanía. Pero a estas —dijo— se suman otras de carácter procesal, como la que desnaturaliza el recurso de casación y el mecanismo de colaboración eficaz, “que han afectado al sistema de justicia”.

“Estas normas han sido aprobadas en beneficio propio de los congresistas y de sus allegados. Y al aprobarlas con un evidente conflicto de interés, no ven el real impacto que tiene esto en la sociedad y en la lucha contra la criminalidad”, remarcó.

Andía consideró que muchas veces los casos en flagrancia se caen pues los actos de investigación preliminar de este tipo se efectúan en sede policial, muchas veces de manera deficiente. Independientemente de esto, apuntó que las cifras recogen un sentimiento de abandonado por parte de las instituciones que deberían estar involucradas en la seguridad.

“Las cifras no son alentadoras cuando ves que el serenazgo de tu distrito tiene mayor confianza que un juez, eso es sumamente preocupante. Pero creo que tiene que ver con una campaña de desprestigio que viene desde el gobierno. No digo que no sea cierto que la población tenga una desconfianza en el Poder Judicial y el Ministerio Público, pero creo que esto ha ido aumentando de acuerdo a cómo el gobierno ha ido atacando a estas dos instituciones que le son incómodas”, consideró Andía.

En tanto, el exviceministro del Interior Ricardo Valdés dijo que el resultado de desconfianza de las instituciones es lamentable, pues tanto el Poder Judicial, el Ministerio Público y la policía son los tres operadores de justicia encargados de hacerle frente a la criminalidad y administrar justicia.

Explicó que el serenazgo solo tiene un rol preventivo y las FF.AA. acuden en un contexto de estado de emergencia, ambas instituciones tienen mejor valoración para la ciudadanía. “Es una crítica muy dura al rol que están jugando las instituciones de la administración de justicia y la lucha contra la criminalidad”, acotó Valdés.

También consideró “un duro golpe al Congreso” la percepción ciudadana sobre las leyes aprobadas, lo cual “habla muy mal del rol que ha cumplido el Congreso para proteger a los ciudadanos”.

“Y, lamentablemente, hay que decir que hay muchas normas que han estado justamente orientadas a favorecer a los delincuentes; ahí están las modificaciones a la figura de crimen organizado o las dificultades para intervenir los domicilios, en fin, una serie de normas que han facilitado más bien el accionar de la delincuencia. Hay muchos ejemplos y creo que eso la ciudadanía lo entiende perfectamente”, resaltó.

También comentó que “hay una sensación de no salida” entre la ciudadanía, lo cual es particularmente preocupante en un escenario electoral.

“Se está demandando un cambio, que por el nivel de respuestas tan acentuados y de desconfianza, es uno prácticamente total. (…) Lo que yo veo es que se abre un abanico, con 43 partidos que van a disputar la presidencia. Este va a ser el tema y vamos a escuchar a muchísimos que van a querer imitar a Bukele, que van a querer salir con un discurso de mano dura, aunque esta se lleve de encuentro derechos humanos, incluso ciertos aspectos de nuestra democracia", resaltó.