Enrique Ghersi: “Hay elementos de juicio para pedir una prisión preventiva a Piero Corvetto”

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—¿Cómo podríamos calificar este proceso electoral?

Hay que dividir las etapas, la votación ha sido muy escandalosa. El proceso ha sido largo y tortuoso, fundamentalmente por una inadecuación del sistema electoral y del sistema legal que ha ido más allá de las facultades. Hay muchas preguntas que se hacen ahora: ¿fue oportuna la reforma del bicameralismo? ¿No debió haberse establecido un sistema electoral que no fuera plurinominal, sino un uninominal, que fuera mayoritario y no por representación proporcional? Además, se bajó el número de firmas para la inscripción, lo que favoreció el fraccionamiento para buscar después acuerdos puntuales, posteriores a las elecciones.

—Estando sobre el caballo, cada día tenemos más hallazgos de irregularidades. Primero, la demora en la entrega del material electoral. El JNE pone una denuncia e incluso se refiere al delito contra el sufragio. ¿Cómo podría demostrarse que hay una obstaculización de la ONPE?

La denuncia del procurador del JNE es extremadamente grave. Se denuncia a Piero Corvetto y compañía por haber instrumentalizado el sistema electoral para impedir el ejercicio del derecho de sufragio en determinadas jurisdicciones. Entonces, lo que el procurador está diciendo es algo muy grave, lo que Haya de la Torre llamaba “voluntad de fraude”. Es insólito que el JNE denuncie al jefe de la ONPE, porque lo denuncia de instrumentalizar el sistema para impedir el derecho de sufragio. Eso es fraude, claramente; “voluntad de fraude”. Además, los hechos le están dando la razón. No le corresponde a los jurados las facultades disciplinarias. La JNJ tiene que hacerlas valer y podría suspender a Corvetto mañana. Lo penal ya lo activó el procurador. También hay denuncias de algunos individuos y le corresponde al Ministerio Público investigar y denunciar. Hay elementos de juicio para pedir una prisión preventiva a Piero Corvetto.

—¿Por ese delito concreto de la instrumentalización?

Son tres delitos, porque habría concurso real, con lo cual se suma.

—Los delitos son atentado contra el derecho de sufragio; omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales; y la obstaculización del normal desarrollo del acto electoral. Todos ellos en agravio del Estado y de la sociedad.

Por esos delitos ya hay elementos de juicio, por lo cual el fiscal, que es el único que puede, podría pedir la detención preliminar de inmediato.

—Ha pedido reprogramación a su citación en la Policía Anticorrupción y que sea virtual por su seguridad.

No está colaborando con la justicia. Están apareciendo pruebas desaparecidas de las graves irregularidades que conducen a una violación del derecho de sufragio, que son las cuatro ánforas que aparecieron el jueves y la ONPE ha denunciado que se han perdido actas en San Juan de Lurigancho.

—Entonces, ¿todos estos hechos le están dando la razón al procurador del JNE?

Pensaría que sí, y están dejando en evidencia algo muy delicado: que el domingo no ha habido una votación completa en el sentido más cabal de los términos, porque se ha impedido el derecho de sufragio de un grupo muy importante de ciudadanos. Es verdad que algunas de las mesas no abrieron o abrieron después, pero hay un montón de mesas que no abrieron o lo hicieron recién a las 12 y hubo gente que se fue y que no votó.

—Ahí viene el tema del ausentismo histórico en Lima. ¿Cómo se puede cuantificar el número de personas que fueron a hacer la cola y que al no poder esperar no votaron? ¿Cómo cuantificar que fueron afectadas en su derecho porque abrieron tarde las mesas respecto de las personas que simplemente no fueron?

Probablemente no hay una manera objetiva de determinarlo. Lo que sí podemos es llegar a una conclusión abstracta de derecho, que un grupo significativo de gente no votó y probablemente no vamos a poder saber exactamente el número, pero podemos saberlo aproximadamente, y enfrentar un tema sustancial. Una elección con las características que ha tenido, donde curiosamente los problemas han sido en Lima, produce que cualquiera que sea el resultado va a llevar a una situación de ilegitimidad, porque una parte, el que pierda, va a decir: “Me han hecho un fraude”, y el otro va a decir: “No han hecho fraude”.

—¿Qué se puede hacer frente a eso?

Las opciones que te da la ley son limitadas. La ley es un poco anticuada respecto de las opciones de nulidad absoluta.

—¿Cree que se podrían anular las elecciones?

La ley electoral te da dos escenarios limitados, porque solo te hablan de votos en blanco y de votos viciados. No se ponen en otros supuestos, como el que no se abran las mesas de votación, que se abran tardíamente o que simplemente no haya el material electoral. Entonces, lo que es importante de resaltar es que el jurado tiene una facultad constitucional, por eso es jurado y no tribunal. El JNE puede resolver con criterio de conciencia, es decir, no solo con la ley.

—Eso es lo que ha dicho Roberto Burneo en el Congreso. Además, ha desmentido a la ONPE respecto de la supuesta cadena de custodia de las cuatro ánforas encontradas en la basura…

Pensaría que el JNE, actuando con criterio de conciencia, podría tomar una determinación muy drástica respecto de las elecciones en Lima. Y no puedo decirlo ni saber por dónde van a ir. Dudo que el Jurado se pronuncie antes de que el proceso de apelaciones termine. Cuando llegue el momento, va a haber un conocimiento de fondo sobre la validez de las elecciones que puede ser un descubrimiento sorprendente.

—¿Cabe la posibilidad que en ese criterio de conciencia el pleno del JNE decida declarar la nulidad de las elecciones en Lima?

El artículo 364 de la Ley Orgánica de Elecciones [“permite declarar la nulidad de las elecciones realizadas en cualquier distrito o provincia cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superen los 2/3 del número de votos válidos”]. Si se aplica el criterio de conciencia, el JNE puede interpretar que por encima del artículo 364 de la ley, está el derecho de participación ciudadana, que es un derecho fundamental, un derecho humano, sagrado, no solo de la Constitución, sino el pacto de San José. Además, se estaría violando el derecho de representación pública. Entonces, sí existe esa posibilidad. También existe la posibilidad más compleja de ordenar elecciones complementarias en determinadas mesas, pero ahí puede haber el problema de cómo escoger en cuáles sí.

—Se dice que todos los problemas en Lima han afectado la votación de Rafael López Aliaga, pero no sería el único, también estaría Jorge Nieto. ¿Cómo probar que han querido afectar determinada candidatura?

Si fuera magistrado, pensaría que el derecho afectado es el del elector.

—¿No el de los candidatos?

Lo de los candidatos es una cosa totalmente relativa y secundaria. En este caso, el derecho fundamental es el del elector. ¿En Lima hubo elecciones? No hubo elecciones, porque para que haya elecciones tienen que ser válidas. Las elecciones de Lima no fueron válidas. El jurado podría declarar que no hubo elecciones en Lima. El jurado podría dar una sentencia declarativa en base a criterio de conciencia diciendo: “Lo que hubo en Lima, el domingo, no fueron elecciones”. Entonces, se hacen de nuevo.

—Una decisión de esta naturaleza tendría un impacto social. El candidato Sánchez podría protestar y podrían generarse movilizaciones sobre todo en el sur. ¿Cómo medir esa temperatura?

La calle está caliente, en todo sentido. Yo creo que el fallo del jurado tiene que ser pacificador. Lo que busca una sentencia es la paz individual y social. El jurado debe tener la sabiduría necesaria y por eso el criterio de conciencia de hacer ver a todo el país las razones por las cuales ha habido irregularidades. De ser el camino por el que opten –que da la impresión de que es el camino por el que van–, si no, no hubieran denunciado a Corvetto. Tengo la impresión de que ellos están construyendo un razonamiento. En el camino el Jurado Nacional de Elecciones tiene un aliado enorme, que es la realidad. Están apareciendo pruebas por todas partes.

—Hay 25 solicitudes de nulidad. ¿El jurado tendría que resolver alguna y tomar una decisión?

El JNE tiene dos funciones, una administrativa que fue, por ejemplo, la del domingo que amplió el horario y autorizó que el lunes hubiera elecciones complementarias y otra función jurisdiccional. Yo pensaría que el jurado no se va a precipitar, que va a actuar con severa discreción.

—Son más de 5.000 actas observadas…

Son 5.000 actas observadas dolosamente; están impugnando cosas sin ningún sentido, solamente para crear zozobra e inquietud y esa es una típica técnica de la izquierda, crear problemas para decir después no me ganaste, fraude, me has hecho trampa. Ahora están jugando a eso.

—Hecho el diagnóstico, ¿cuál sería la salida real a esta crisis electoral?

La salida real es el ejercicio de la facultad constitucional por parte del JNE. Ya sucedió en 1985 cuando el Jurado proclamó a Alan García presidente, sin segunda vuelta, porque renunció Alfonso Barrantes. El jurado pudo haber convocado al doctor Luis Bedoya que iba tercero. Era un momento muy difícil, había Sendero Luminoso y MRTA, y el doctor Domingo García Rada decidió proclamar a García presidente sin segunda vuelta, yendo contra el texto literal de la Constitución, pero aplicando otro principio de la Constitución, que era el derecho que tiene el jurado a fallar con criterio de conciencia. Yo pensaría que, por ahí es la solución, seguir el temperamento del Jurado en otras crisis políticas y sobre todo una regla básica: respetar de manera absoluta el principio de participación ciudadana, el derecho de sufragio. Si el jurado se guía por ese principio, al final quedarán en evidencia todos los complots, todas las artimañas, las sinvergüencerías que hemos visto en los últimos días que nos resultan increíbles porque hemos actuado con ingenuidad.

— Hay una discusión entre penalistas. César Nakazaki dice que se equivoca el JNE al apuntar al delito de sufragio, que más bien debería inclinarse al delito de colusión.

Tengo una cordial discrepancia. Creo que está dándole más importancia a la contratación del servicio, donde también puede haber un delito, pero les está sacando el foco a los acontecimientos del domingo que nos van llevando por todos lados a lo que dice el procurador: una instrumentalización del sistema electoral para impedir el derecho de sufragio en determinadas localidades donde ganaba un candidato particular o un grupo de candidatos de centroderecha.

— Al parecer, la Fiscalía de la Nación se inclinaría al delito de sufragio.

Yo coincido con el procurador. Creo que sí se ha afectado claramente el derecho de sufragio y eso es un delito extremadamente grave, además viniendo de la autoridad encargada de organizar el sufragio. Ahí se tienen todos los agravantes, eso te decían que aquí va a haber concurso real, se va a sumar la condena. Si se comprueba la instrumentalización y creo que ahí está yendo el trabajo de la fiscalía, hasta podría haber una organización criminal, con lo cual estamos hablando de penas que superan los 30 años.

— ¿A Piero Corvetto y a los funcionarios les podría esperar una pena de 30 años, si se comprueba la instrumentalización?

Me da la impresión de que la imputación está yendo por el lado de la organización criminal que habría en el interior de la ONPE, dirigida a instrumentalizar el sistema electoral. Eso va a terminar siendo tipificado. Por ahora no lo han planteado así, pero el término de la investigación nos va a llevar posiblemente a una tipificación de organización criminal, donde Corvetto es claramente el jefe y el líder. De ser así, estamos frente a delitos gravísimos. El fiscal encargado probablemente está pidiendo la detención…

— El señor Corvetto no es un funcionario aforado.

Eso lo va a hacer el fiscal provincial, pero el fiscal provincial quien tiene además que cuidarse él mismo porque le van a tomar cuentas después si se escapa el señor Corvetto. ¿Qué pasa si Corvetto se mete a la Embajada de Colombia? ¿Tú crees que Petro no le va a dar asilo riéndose?

[Nota de redacción: Enrique Ghersi representa al JNE en una demanda competencial contra el Poder Judicial].