Gobierno de Dina Boluarte excluye a fiscalía de mesa técnica, pero sí dialoga con mineros informales: los entretelones de la reunión

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La reunión fue liderada por el primer ministro, Eduardo Arana. A su lado, estuvieron los ministros Jorge Montero y Carlos Malaver, de las carteras de Energía y Minas e Interior, respectivamente.

Fuentes de El Comercio detallaron que la presidenta abrió la reunión, luego se retiró y finalmente retornó para cerrar la primera jornada de conversaciones. “[Boluarte] resaltó que el proceso de formalización [minera] debería concluir y mencionó que en la mesa de trabajo se hará un análisis técnico, buscando parámetros y estándares ambientales. Asimismo que se busca proteger a los peruanos y al país”, indicaron.

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Fueron convocados a la sede del Poder Ejecutivo los representantes de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) y Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe), Máximo Franco Becquer y Celso Cajachahua, pero no la Fiscalía de la Nación.

Además, estuvieron presentes el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (APP) y los parlamentarios Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial) y Diana Gonzales (Avanza País), presidente y vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, respectivamente. Gutiérrez es conocido por su defensa abierta a los mineros ilegales e impulsar una norma que los favorece.

También se vio llegar a la Casa de Pizarro al congresista Alex Paredes (Somos Perú) junto con integrantes de la Confemin. Su presencia se registró una hora después de la convocatoria que había hecho la mandataria: la citación era 11 am, y el ingreso Franco Becquer ocurrió alrededor de las 12:10 pm.

Previamente, el legislador y presidente de la Comisión de Ética los había acompañado a una reunión en la Defensoría del Pueblo. No ha quedado claro aún si el congresista fue convocado a la mesa técnica o si asistió de forma voluntaria.

Asimismo, participaron de la mesa técnica Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo; Víctor Prado Saldarriaga, en representación del Poder Judicial; y Angela Grossheim, directora de la Sociedad Nacional Minería y Petróleo y Energía (SNMPE).

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Tras ser excluida de la mesa de diálogo, la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, expresó- a través de un oficio dirigido a Boluarte- su preocupación y extrañeza por lo ocurrido. En el documento, le recuerda a la mandataria que su institución integra, desde el 2023, la comisión multisectorial encargada de hacer seguimiento a la formalización minera y a las acciones destinadas a la erradicación de la minería ilegal.

“Nos preocupa y causa extrañeza que el Ministerio Público no haya sido convocado a esta mesa de trabajo. Esta decisión –al haberse convocado a otras entidades del sistema de justicia como el Poder Judicial-, representa un riesgo para la eficiencia y legitimidad de la política pública que se pretende formular, pues nuestra participación como órgano constitucional encargado de dirigir la investigación del delito y ejercer la acción penal, resulta coherente con la necesidad de asegurar que cualquier proceso de formalización minera se fundamente en la legalidad, la transparencia institucional y la sostenibilidad del Estado de derecho”, se lee en el escrito.

Espinoza mencionó también que, ante los retos y desafíos que presenta la minería ilegal en el Perú, que genera “graves impactos ambientales, sociales y económicos”, la Fiscalía de la Nación, a través de fiscales especializados, penales y de familia, viene “trabajando con autonomía, perseverancia y objetividad”.

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Al culminar la reunión, Arana, flanqueado por Montero y Malaver, señaló a los medios de comunicación que todos los participantes llegaron a un consenso de llegar a acuerdos de manera pacífica; sin embargo, no brindó mayores detalles. Anunció que la mesa se extenderá por 60 días calendarios y que el viernes se volverán a reunir a las 10:00 am en Palacio de Gobierno.

Además, descartó que se haya excluido al Ministerio Público o que haya algún conflicto entre el Ejecutivo y la institución que lidera Delia Espinoza.

“Descarto cualquier tipo de colisión. El hecho se debe a que el motivo de la agenda tiene un propósito que consideramos, en ese momento, que no era el más adecuado”, aseveró.

El primer ministro justificó la presencia de los mineros informales alegando que siempre recibirán con apertura las preocupaciones de diversos sectores.

“Bajo el marco de la Constitución y la ley, es el marco en el que el Ejecutivo se desempeña y desarrolla [..] Todo lo que se acuerde estará en el marco de la Constitución y la ley; sin embargo, eso no impide escuchar las propuestas, las preocupaciones y, evidentemente, vamos a recibir siempre con bastante apertura aquellas preocupaciones que desde diversos sectores se puedan presentar. Tanto sectores mineros, como los gremios empresariales, el Congreso de la República y varios actores más tienen propuestas que hacer, a todos se les va a escuchar”, indicó.

Explicó que el Gobierno propone una agenda con tres aspectos: darle continuidad y seguimiento a aquellos Reinfos que están en trámite; el trabajador minero y la defensa de sus derechos laborales, salud y educación; finalmente, la propuesta de nueva norma que asegure que tanto la ciudadanía, el Estado y los trabajadores puedan ser beneficiados.

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Pese a que la mandataria reiteró el último domingo su postura contra la minería informal —porque destruye el medio ambiente, promueve la trata de mujeres y fomenta el trabajo infantil—, su primer ministro, Eduardo Arana, y los titulares de los sectores de Energía y Minas e Interior recibieron en Palacio a Máximo Franco Bequer, representante de la Confemin, gremio que estuvo detrás de los bloqueos de carreteras al interior del país.

“Los mineros ilegales están al margen de la ley, con ellos no hay pactos, acuerdos ni diálogo porque como se ha demostrado en estos días, sus medios son violentos en defensa de su actividad destructiva del país (...) nosotros no pactamos con la ilegalidad”, subrayó, además, la mandataria.

No obstante, Franco Bequer y Celso Cajachahua, representante de la Fenamarpe participaron en la reunión.

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Previamente, los miembros de la Confemin, encabezados por Franco Bequer, acudieron a la Defensoría del Pueblo con la intención de que Josué Gutiérrez los acompañe a Palacio de Gobierno.

Este gremio buscó sin éxito ingresar a la sede de Gobierno con una delegación integrada por el abogado Raúl Noblecilla y la tiktoker Susan León. Solo se permitió el acceso de Franco Bequer.

De acuerdo con fuentes de El Comercio, durante la reunión, los dirigentes de los mineros informales ratificaron su postura a favor del Reinfo sin plazos y sin condiciones; la derogación del decreto supremo que elimina la inscripción de 50 mil mineros. Además, la elaboración de una ley que los favorezca.

Estas exigencias, según las fuentes, fueron respaldadas por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez. Ante ello, detallan que el premier lo interrumpió para decirle que “no es una mesa de imposición sino de diálogo” y que no aceptarían “condiciones inoportunas”.

“No vamos a permitir que nos digan que eso se tiene que solucionar para evitar movilizaciones”, dijo el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, de acuerdo con las fuentes.

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Una versión similar brindó la parlamentaria Diana Gonzales. “Ellos han solicitado nuevamente la inclusión de los 50 mil Reinfos que quedaron fuera del sistema [...] Intentaron imponer condiciones para realizar esta primera mesa de trabajo, saludo que el Ejecutivo haya tenido una postura firme”, señaló.

Comentó que le llamó la atención la postura del defensor del Pueblo. “Después de todos haber hecho uso de la palabra, solicitó la palabra nuevamente para insistir con el tema de los 50 mil registros excluidos”, aseveró.

De otro lado, Gonzales afirmó que fue invitada formalmente a participar de esta mesa, en su calidad de vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, pero que no “podría afirmar lo mismo” de los demás legisladores que se sumaron a la reunión.

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A su turno, Angela Grossheim, directora ejecutiva de la SNMPE, indicó que durante estos 60 días los participantes se reunirán semanalmente, tomando como punto de partida este viernes 18 de julio. “Señalaron que el producto de este trabajo será plasmado en la siguiente legislatura parlamentaria porque también estaba presente el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana”, añadió en declaraciones a este Diario.

“La SNMPE ha saludado la instalación de esta mesa, es un tema de país, que trasciende el sector minero. Y también reconocer el derecho de protesta, pero de protesta pacífica y que se mantenga el libre tránsito porque estos espacios de diálogo son los indicados para justamente llevar cualquier desacuerdo que se tenga o alguna propuesta”, resaltó.

También narró que fue una demanda del sector de los mineros informales que se derogue el decreto que deja fuera a los 50 mil registros del Reinfo, pero que Arana fue enfático en señalar que no había ningún tipo de condicionamiento para participar de la mesa.

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Por su parte, Franco Bequer detalló que “dejó clara” su posición y que rechazaron las palabras de la presidenta Boluarte sobre que son mineros ilegales. “Nuestro reclamo es que no se pueden retirar a 50 mil personas sin el debido proceso, ya les hemos dicho que ese será uno de los puntos a resolver el viernes”, respondió a la prensa.

“Lamentablemente los gobiernos de turno nos han solucionado a corto plazo [...] Nosotros tenemos que defender nuestro trabajo [...] Lo primero que deben hacer es modificar o suspender todas las acciones para excluirnos [...] No vamos a poder dialogar, si nos van a botar igual”, remarcó.

Por otro lado, cuestionó la postura en contra de la parlamentaria Diana Gonzales. “Está lejos de conocer la minería. Se opone por oponerse y no da una solución”, acotó.

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César Ipenza, abogado especializado en materia ambiental, e Iván Arenas, especialista en minería e hidrocarburos, criticaron la presencia de los mineros informales en la mesa convocada por la presidenta Boluarte.

Sin embargo, expresaron posturas discordantes sobre la ausencia de la fiscal de la nación.

“La presencia de ellos en la mesa técnica muestra que el Gobierno está dialogando con mineros informales e ilegales porque, claramente, no se ve ninguna diferencia entre ellos. Están dialogando con gente que impone y opera sobre el chantaje”, expresó Ipenza.

Para Ipenza, con esto, lo que se está haciendo en la práctica es darle “un reconocimiento fáctico” a las organizaciones que están vinculadas a grupos políticos.

El abogado dijo que “llama la atención” la postura del defensor del Pueblo. “La Defensoría del Pueblo está para garantizar la defensa de los derechos de todos, no generar una situación de impunidad [...] Esto evidencia en la práctica cuál es la posición de la defensoría en un tema constante de facilitar y flexibilizar procesos vinculados a actividades ilegales”, agregó.

Ipenza consideró que no era “pertinente” la presencia de la fiscalía en la mesa técnica porque no es parte del Poder Ejecutivo y está destinada a perseguir a criminales y delincuentes, en ese sentido opinó que no era necesario que esté escuchando a informales.

“La fiscalía no está para formalizar, su rol es persecutorio. Este tema es técnico y político”, puntualizó.

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Arenas discrepó y calificó de “bochornoso” que no se haya invitado a la titular del Ministerio Público a la reunión. “La fiscalía tiene a su cargo a las fiscalías especializadas en medio ambiente. Sin la fiscalía no hay lucha contra la minería ilegal”, subrayó.

Además, señaló que, al tratarse de una primera reunión, donde hay un primer acercamiento, era predecible que no se establecieran acuerdos de fondo.

Para el especialista, lo que los mineros informales buscan con este acercamiento es “ganar tiempo” para poder consolidar una agenda a nivel interno, es decir, el mundo informal, donde hay varias organizaciones. “A partir de ahí van a pretender hacer una marcha a nivel nacional”, resaltó.

“El Gobierno no ha tenido el tiempo para buscar a representantes de otras organizaciones. No ha sabido darle legitimidad [a la reunión]...Máximo Franco Bequer estaba débil y lo que ha hecho el Ejecutivo hizo es darle aires y legitimarlo. Él no había conseguido nada en dos días, pese a sus amenazas. Le han dado fortaleza a un dirigente vapuleado y criticado. El Gobierno se ha equivocado”, concluyó.