Vladimir Cerrón: ¿Cuál sería el ánimo en el TC frente a pedido para anular su orden de captura y cómo llegó a programarse tan rápido el caso?

No es la primera vez que Cerrón recurre al TC para librarse de acusaciones graves. Ya en dos oportunidades, ha logrado que el actual TC le de la razón y anule dos condenas que se le impusieron por delitos de corrupción.

Ahora, bajo el argumento de que tenía el derecho de “resistencia legítima” ante la acción de la justicia y con ello la facultad de poder fugarse, Cerrón busca que este miércoles, el TC nuevamente ampare su pedido, anule la orden de captura y la prisión preventiva dictada en su contra desde el 2023 por el caso de presuntos ilícitos en el caso “Aportes a Perú Libre”; y le otorgue comparecencia.

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Fuentes de El Comercio informaron que el ponente del caso es el magistrado Pedro Hernández. Por ello, solicitamos su versión ante un presunto pedido suyo para agendar con prontitud el caso de Cerrón Rojas, pero no respondió hasta el cierre de este informe.

También solicitamos la versión del abogado de Cerrón, Humberto Abanto, respecto al trámite de la audiencia agendada a favor de su patrocinado, pero tampoco respondió.

De acuerdo a fuentes de El Comercio, el magistrado Pedro Hernández ya habría presentado su ponencia del caso, proponiendo la anulación de la orden de captura y prisión preventiva dictada contra Vladimir Cerrón.

Según comentaron desde el interior del TC, la propuesta se inclinaría por sostener que se vulneró el derecho a la libertad personal y declara fundado el recurso de habeas corpus del prófugo exfuncionario.

La propuesta de Hernández ya contaría con el apoyo de cuatro magistrados, haciendo una mayoría simple para ejecutar la decisión. Con ello, Cerrón Rojas, quien decidió no someterse a la justicia y permanecer prófugo desde hace más de dos años, quedaría sin ninguna medida de coerción personal.

Además de la versión de Hernández, solicitamos la posición de los magistrados Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez y Helder Domínguez, pero no respondieron. A través del área de prensa, Domínguez comunicó que no daría declaraciones al ser un proceso en trámite.

Tampoco respondieron los magistrados César Ochoa y Manuel Monteagudo.

El documento elaborado por el magistrado Hernández será debatido luego de la audiencia de este miércoles y posteriormente votado oficialmente.

El TC recibió el caso el 11 de febrero del 2026 y, en menos de un mes, el Pleno decidió programar la audiencia para este miércoles 11 de marzo, pese a que existen otros casos que esperan más de un año para ser revisados.

Incluso, otros recursos que el Pleno del TC analizará este miércoles, en sesiones de la mañana y tarde, llevan esperando desde el 2024.

El caso de Cerrón Rojas, por el contrario, tuvo una inusitada velocidad. Tras ingresar el expediente al TC el 11 de febrero del 2026, dos días después -el 13 de febrero- José Enrique Llumpo Agapito, Humberto Abanto, Arturo Silva y Rolando Gonzáles, los abogados que asisten legalmente al prófugo, solicitaron al TC que se programe fecha para la vista de la causa.

Dicho escrito no obtuvo respuesta y solo fue dado como recibido en un proveído del 16 de febrero, donde se le indicaba que “la convocatoria de vista de la causa en audiencia pública puede hacerse cuando corresponda expedir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto y en aquellos casos en los que el pleno lo considere indispensable”.

Ese mismo día, el abogado Humberto Abanto, confirmó que habían recurrido al TC, vía un recurso de habeas corpus, para buscar anular la orden de prisión preventiva.

“Le pedimos al Tribunal Constitucional que considere que este caso toma un ribete distinto. Ya no solamente se trata de la libertad personal del señor Cerrón; sino del derecho a la igualdad en la participación política en el Perú. El señor Cerrón es un candidato presidencial”, dijo Abanto en esa conferencia de prensa.

El 24 de febrero, Llumpo Agapito reiteró su pedido en otro escrito. El documento nuevamente no tuvo una respuesta de fondo y solo se dio cuenta del proveído ya expedido.

Sin embargo, ocho días después, el 4 de marzo, el TC programó la audiencia de vista de causa para este 11 de marzo.

Ese mismo día, el abogado Humberto Abanto, en representación de Cerrón, ingresó un documento solicitando el uso de la palabra para la audiencia programa para las 9:15 horas de la mañana.

Al día siguiente, el 5 de marzo, el TC emitió otro documento concediendo el uso de la palabra a Abanto. El secretario relator del TC, Víctor Alzamora Cárdenas, firmó el proveído.

Ese mismo 5 de marzo, la procuradora del Poder Judicial se acreditó, pero hasta la tarde del lunes 9 de marzo, no había ingresado la respuesta a su demanda.

Es decir, desde que fue notificada con la fecha de audiencia hasta este miércoles 11, día de la audiencia, solo ha contado con cuatro días hábiles para responder por escrito a la demanda.

¿Qué dicen desde el TC sobre la velocidad para programar la audiencia?

El Comercio solicitó la versión de la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, sobre la velocidad de la programación de este caso.

Ante ello, la magistrada señaló que “los expedientes se programan por orden de antigüedad, urgencia por determinada causa y por solicitud del ponente”.

“La inclusión de ese caso ha obedecido a una de esas reglas. Lo esencial no es la audiencia sino la sentencia. Cuando se decida ese caso, creo que será más fácil comprender el motivo. Comprendo la extrañeza, pero no es el único caso que se ha programado para audiencia con cierta prontitud.”

Luz Pacheco, presidenta del TC

Teniendo en cuenta ello, el caso de Cerrón lleva menos de un mes en el TC, por lo que no puede aplicar el factor “antigüedad”.

Por tanto, se le consultó a Pacheco si su Presidencia consideró el recurso de Cerrón Rojas un caso “urgente” o su programación obedeció a una “solicitud del ponente”.

“La urgencia también la puede plantear el ponente, que es el que estudia a fondo un caso. No veto las solicitudes de los magistrados. Apuesto siempre por la libertad y responsabilidad de cada uno”, fue la respuesta de la presidenta del TC.

Este martes, al ser consultada sobre la ponencia del magistrado Hernández, la presidenta del TC aseguró que no existe “sentencia” y que se trataría de un “psicosocial”.

No obstante, se le precisó que el documento en referencia es una “ponencia”, una propuesta, no una “sentencia” como indicó.

“Y es normal que haya más de una (ponencia) según los casos”, respondió. Agregó que hablar más sobre el caso sería un adelanto de opinión, por lo que indicó que se debe tener “paciencia” para conocer de manera pública el caso.

Vladimir Cerrón y los plazos en sus otros recurso en el TC

Pedro Hernández fue ponente de un fallo a favor de Vladimir Cerrón

No es la primera vez que el magistrado Pedro Hernández es ponente de los recursos presentados por Vladimir Cerrón en el Tribunal Constitucional (TC).

En marzo del 2025, fue autor de la sentencia en mayoría 90-2025 (EXP. N. ° 01513-2024-PHC/TC), que declaró fundado un recurso de habeas corpus y anuló la condena de 4 años y ocho meses de pena privativa de la libertad que se le impuso a Vladimir Cerrón por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en el caso “La Oroya”. 

Este expediente ingresó al TC el 8 de mayo del 2024, cuatro meses después se programó la audiencia de vista y la sentencia se emitió diez meses después.

También fue ponente en la sentencia 65-2025 donde Cerrón Rojas, vía un habeas corpus, pedía anular la ejecución de la condena que se le impuso en primera instancia por el caso “Aeródromo Wanka”. Sin embargo, para cuando el TC emitió el fallo, ya la sentencia había sido confirmada en segunda instancia, por lo que se declaró infundado el pedido de Cerrón. 

Este expediente llegó al TC en enero del 2024, también se programó la fecha de vista de causa cuatro meses después -mayo del 2024- y la sentencia se emitió un año después. 

Sin embargo, en diciembre del 2024, una vez más por mayoría, el TC falló a favor de Cerrón Rojas con la sentencia 326-2024 ( EXP. N.° 00174-2024-PHC/TC). Esta vez, la máxima instancia anuló la condena efectiva de 3 años y 6 meses por el Caso “Aeródromo Wanka” que se le impuso y ordenó un nuevo pronunciamiento judicial que concluyó en su absolución. 

Este expediente, cuyo ponenten fue el magistrado Helder Domínguez Haro (actual vicepresidente del TC) ingresó en enero del 2024 al TC. Nuevamente, tuvieron que pasar cuatro meses para que se programe la fecha de la vista de la causa y la sentencia se emitió en diciembre de ese mismo año, es decir once meses después. 

De acuerdo al documento del habeas corpus presentado por el prófugo Vladimir Cerrón y su defensa legal ante el TC, solicita que se anule la resolución emitida por el Juzgado de Investigación Preparatoria que revocó la comparecencia con reglas de conducta y le impuso prisión preventiva por 36 meses, en el caso “Aportes a Perú Libre”.

Cerrón Rojas es investigado por los presuntos delitos de crimen organizado y lavado de activos en este caso.

El prófugo exfuncionario ingresó a la clandestinidad luego de que se le impuso la condena efectiva de 3 años y 6 meses por el caso “Aeródromo Nanka” el 6 de octubre del 2023.

Por su decisión de mantenerse prófugo de la justicia, la fiscalía solicitó variar su comparecencia con restricciones por prisión preventiva en el caso de presuntos “aportes” ilícitos.

Así, el 18 de diciembre del 2023, el PJ acogió la solicitud al concluir que Cerrón había incumplido las reglas de conducta como no ausentarse de su local de residencia y pasar el control biométrico. La decisión fue confirmda en segunda instancia, aunque redujo el plazo de la prisión preventiva a 24 meses.

Posteriormente, en diciembre del 2025, también se rechazó un nuevo pedido para variar la prisión preventiva y sustituirla por comparecencia con restricciones. En enero del 2026, la Sala Superior confirmó la decisión.

Por tanto, el ahora candidato presidencial lleva dos años y cinco meses prófugo de la justicia.

Sin embargo, en sus argumentos, Cerrón Rojas y su defensa legal han alegado que el procesado exgobernador de Junín tenía legalmente la posibilidad de fugarse.

Según su escrito, los elementos que sirvieron para que se le imponga la prisión preventiva han menguado. Esto, debido a que su condena por el caso “La Oroya” fue anulada por el TC; mientras que el caso “Aeródromo Wanka” -la misma por la que ingresó a la clandestinidad- fue anulada también por el TC y el Poder Judicial lo absolvió.

También introdujo elementos del proceso que se le sigue y que el Poder Judicial ha determinado que no son atendibles. Esto es, asegurar que ya hubo pronunciamiento de archivo, por el presunto delito de lavado de activo, respecto al periodo de investigación en el caso de presuntos “aportes ilícitos” a Perú Libre.

Pero además, recurrió a la Casación N° 50-2020/Tacna para señalar que la Corte Suprema ya estableció una excepción y reconoció la posibilidad de que una persona se pueda sustraerse de la justicia sin que ello signifique un peligro de fuga.

Dicha casación, analiza la situación de una tercera persona a quien se le ordenó prisión preventiva, al valorar de manera negativa su arraigo por mantener un “régimen patrimonial conyugal de separación de bienes y que sus hijos son mayores de edad”.

Sin embargo, de acuerdo a la tesis del prófugo Cerrón y su defensa legal, la Corte Suprema habilitó la posibilidad de que un procesado “decida tomar sus precauciones ante un mandato de prisión en su contra, sin que ello pueda considerarse como peligro de fuga”.

“Se debe tener presente que dicho incumplimiento no obedeció al mero capricho d e mi patrocinado, Vladimir Roy Cerrón Rojas, o con la finalidad de sustraerse de la acción de la justicia en el presente proceso, en el cual venía participando activamente, sino que fue una resistencia legítima frente a la emisión de una sentencia condenatoria arbitraria.”

Vladimir Cerrón y su defensa legal

Por ello, sostienen que el incumplimiento de las reglas de conducta por parte de Cerrón Rojas, “no fue una consecuencia directa de la decisión de frustrar los fines concretos del proceso penal, sino de ponerse a buen recaudo”, mientras interponía los recursos que la Constitución y la ley le habilitan frente a la emisión de una condena revocada posteriormente.

A ello se suma los nuevos argumentos políticos introducidos por su abogado Humberto Abanto, quien ha mencionado que ahora, el prófugo exfuncionario, es candidato presidencial.

“Si lo someto a los plazos de la justicia ordinaria, cuando estamos a 55 días del 12 de abril, cuál es la realidad de la participación igualitaria del señor Cerrón. Hay una diferencia en los datos que nos obligan a pedirle al Tribunal Constitucional una consideración distinta y que vea la urgencia de su pronunciamiento”, dijo Abanto el pasado 16 de febrero en conferencia.