Vladimir Cerrón: Los entretelones de la decisión del TC de investigar la presunta irregularidad en la tramitación del caso

Como se recuerda, días atrás, este Diario dio a conocer que el caso se puso a consideración del Pleno y se fijó fecha de vista para analizarlo, en menos de un mes. Esto, pese a que existen decenas de casos que esperan meses o incluso años en el TC.

En declaraciones a El Comercio, la presidenta del TC, Luz Pacheco, reconoció que se habría producido una irregularidad desde el momento en que el “proyecto de resolución” del caso fue puesto a consideración del Pleno, sin haber sido aprobado por la comisión asignada.

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Fuentes consultadas por este Diario han explicado que existen diversas comisiones que se encargan de estudiar los procesos que llegan al TC y cada grupo de trabajo tiene un coordinador o supervisor. Una de estas es la Comisión de Hábeas Corpus, integrada por asesores o especialistas designados.

Una vez que el caso es admitido a trámite, la comisión elabora un “proyecto de resolución”, recogiendo la diferente jurisprudencia que el TC ha emitido en caso similares y haciendo una propuesta sobre el fallo.

Ese documento es visado (firmado) por el coordinador o supervisor de la comisión, entregado al ponente del caso -que la hace suya o la modifica- para luego ser enviado a la agenda de la presidencia. Esto, por lo general, toma varios meses.

En el caso de Cerrón Rojas , este trámite se hizo en solo 15 días hábiles y, por pedido del ponente Pedro Hernández Chávez, el expediente fue priorizado y agendado para vista del Pleno que se realizó el 11 de marzo pasado.

Es precisamente en dicho trámite, de acuerdo a Pacheco Zerga que se habría producido la irregularidad: El proyecto de resolución que se les alcanzó, y cuya conclusión propone beneficiar a Cerrón Rojas, no tenía la firma del coordinador de la comisión.

Desde el interior del TC han calificado de “grave” dicha situación, puesto que se habría tratado de “sorprender” a los magistrados.

El prófugo fundador de Perú Libre (PL) y ahora candidato presidencial busca que el TC declare fundado el recurso de habeas corpus y que se ordene al Poder Judicial (PJ) anular la orden de captura y prisión preventiva por 24 meses que pesa en su contra por la investigación de presunto crimen organizado y lavado de activos.

Según lo narrado por fuentes del interior del TC, el “proyecto de resolución” propone declarar fundado el recurso de agravio constitucional, en consecuencia fundado el habeas corpus y por tanto, propone anular la prisión preventiva.

Sin embargo, este documento no fue firmado por el o la coordinadora de la comisión de habeas corpus del TC, puesto que estaba en desacuerdo con la propuesta de resolución a favor de Cerrón Rojas.

El documento que el supervisor no quiso firmar fue elaborado por uno de los asesores de ese mismo grupo de trabajo, pero en coordinación con un “despacho” del TC.

De acuerdo a las fuentes, dicho despacho no sería otro que el del magistrado y ponente Hernández Chávez.

El Comercio solicitó la versión del referido magistrado, pero hasta el cierre de este informe no respondió.

También se le consultó a la presidenta del TC, Luz Pacheco, sobre esta información; sin embargo prefirió no pronunciarse sobre este aspecto y precisó que ello estaba en investigación.

“La investigación es para determinar quién hizo la coordinación con el asesor de la comisión para que se proyectara en el sentido que nos llegó.”

Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional

Tal como ya lo ha informado este Diario, el caso se puso en agenda del Pleno a pedido del magistrado Hernández, ponente del caso.

Por tanto, según las fuentes, uno de los escenarios posibles para que el proyecto de resolución a favor de Cerrón Rojas haya llegado a la presidencia del TC -a cargo de Luz Pacheco- y puesto en agenda para la audiencia de vista de causa, es que se le haya hecho creer a los magistrados que el expediente cumplió todos los trámites al interior del TC.

“Lo que he afirmado es que el proyecto enviado no fue visado por el supervisor de la comisión porque no estaba de acuerdo con su contenido y en el sistema se encuentra la constancia de la falta de visación.”

Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional

De otro lado, en el programa “Siempre a las 8”, con Milagros Leiva, Pacheco calificó el hecho como “irregular”, por lo que se investigará en aras de la transparencia y legitimidad.

“Yo pedí un informe preliminar de cómo había sido el camino de este expediente y me encontré con un hecho que de verdad yo, por transparencia y legitimidad constitucional, quiero que la ciudadanía sepa que lamentablemente ha habido algo irregular”, dijo.

Pacheco Zerga también reconoció que puso el caso en análisis del Pleno a pedido del magistrado Hernández Chávez, y amparado en un aspecto de “confianza” hacia lo solicitado por el ponente.

Al ser consultada por El Comercio sobre por qué, si el documento no estaba visado, fue agendado en el Pleno; Pacheco Zerga expresó que “vamos a investigar y obrar en consecuencia”.

Adelantó que lo más probable es que el caso de Cerrón Rojas se agende, para que sea debatido y votado en el Pleno, el 31 de marzo.

No obstante, Pacheco Zerga prefirió no pronunciarse si es que se usará o no el proyecto de resolución que fue alcanzado a los magistrados y que no fue visado de acuerdo al trámite regular.

“Todo eso hay que analizarlo, pero comprenderá que si algo es irregular, no se debe avalar. Y recuerde que el Tribunal Constitucional, al ser un órgano colegiado, las decisiones se toman por mayoría”, indicó.

Este Diario también buscó la versión del vicepresidente del TC, Helder Domínguez, pero no respondió.

El magistrado Gustavo Gutiérrez, por su parte, señaló que no se les había informado de manera formal lo sucedido, no obstante explicó que la agenda de las audiencias es “atribución de la Presidencia, no de los demás”.

“La presidencia es la que decide. A mí me citan a las audiencias con agendas autorizadas por la presidenta y allí me entero, más no tengo que decir al respecto”, señaló.

Al ser consultado si como magistrado del TC -y a los demás integrantes del Pleno- se les hizo llegar el proyecto de resolución del caso Cerrón, previa a la audiencia del 11 de marzo, el magistrado indicó que ello son “asuntos internos que no voy a develar”.

Gutiérrez Ticse reiteró que, de acuerdo al reglamento del TC, quien tiene la atribución exclusiva de programar las causas para audiencia y votación es la presidencia del TC.

“Los magistrados nos notifican la audiencia con los documentos obrantes en cada caso días antes, para empezar a trabajar. Es una atribución y responsabilidad de quien conduce el TC por mandato del reglamento normativo del TC.”

Gustavo Gutiérrez Ticse, magistrado del Tribunal Constitucional

De otro lado, en declaraciones a El Comercio, Humberto Abanto, abogado de Cerrón Rojas, cuestionó que se pretenda prevalecer las decisiones de los asesores jurisdiccionales del TC sobre la de los magistrados.

“La tesis de que el desacuerdo del jefe de un cuerpo asesor(es) con el magistrado constitucional ponente se resuelve, haciendo prevalecer la opinión del primero sobre el segundo, es insostenible.”

Humberto Abanto, abogado de Vladimir Cerrón

Abanto Verástegui defendió la velocidad en la que se tramitó el expediente del caso en el TC, indicando que “la priorización del caso no se debió a la existencia de una ponencia favorable a la demanda, sino a su relevancia electoral, conforme a lo expuesto por la señora presidenta del TC”.

En ese sentido, se mostró en desacuerdo con que se haya suspendido la votación de la resolución por una investigación administrativa, argumentando que los proyectos de resolución de las comisiones o asesores, no son trascendentes para la decisión de los magistrados.

“¿Por qué la investigación administrativa tiene el poder de inhibir el pronunciamiento jurisdiccional? No se da una razón válida sobre ello”, adujo.