“[En el gobierno de Castillo] hubo la intención de erosionar la Procuraduría General”

— Usted retornó en octubre a la Procuraduría General del Estado (PGE), tras haber estado fuera por casi nueve meses. ¿Cómo encontró la institución?

A ver, lo primero que podríamos comentar es que encontré un clima laboral complicado por todos los problemas que hubo con las designaciones y el desempeño de la procuraduría general, luego de mi salida, ese fue un primer problema que queríamos tratar de resolver, porque el valor de las instituciones públicas está en su personal. Entonces, teníamos un poco que devolver la confianza en que esta es una institución que tenía que trabajar para los intereses del Estado.

Y en segundo lugar, lo que hicimos, ya desde el punto de vista de la gestión fue retomar la intervención de la procuraduría general en los casos de altos funcionarios. Precisamente, nosotros regresamos el 21 de octubre del año pasado y el miércoles de la semana siguiente había una audiencia judicial de tutela de derechos de uno de los casos del expresidente Castillo y tuvimos de inmediato que recomponer un equipo de trabajo para poder participar de una manera integral y completa. Este equipo luego ha participado en otras audiencias, hemos retomado la participación plena en todos los casos. Y esto tiene que ver con la creación de esta unidad funcional de altos funcionarios que ha sido formalizada la semana pasada.

— ¿Antes de su regreso la PGE no estaba participando en los procesos contra los altos funcionarios?

Había aparentemente una participación escasa, poco visible, pero precisamente cuando retomamos la gestión, lo primero que había que hacer era fortalecer esta participación. Y así se hizo, solicitamos participar, por ejemplo, en tutelas de derechos, lo cual ha generado un precedente, porque los procuradores ahora van a poder participar en tutelas de derechos en otros casos. Luego de ello también lo que hemos visto es que se ralentizó algunos procedimientos, como la designación de procuradores públicos. Yo antes de salir del cargo, a inicios de febrero de 2022, ya había un proceso de selección en curso, y cuando regresé en octubre, ese mismo procedimiento continuaba, lo cual digamos que no era algo eficaz, porque estábamos hablando de muchos meses. Y ese proceso lo hemos concluido en diciembre, y el último domingo se han publicado las resoluciones de designación. Este es un segundo gran tema que tenemos como reto este año, perfeccionar el proceso de selección para que no sea tan largo, para que no sea tan burocrático.

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— ¿Durante el gobierno de Castillo se intentó someter a la PGE?

Bueno, lo que se puede ver es que hubo una performance bastante baja, yo diría casi invisible de toda la gestión que se desarrolló con posterioridad a mi salida. Y por eso, es que retomando la gestión hemos tratado de volver a impulsar la labor de la procuraduría general para lo que realmente ha sido creada, que es defender los intereses del Estado aún en el caso de los altos funcionarios, que es donde también debe entrar a trabajar.

— En el gobierno de Castillo, usted fue retirado del cargo y se nombró a dos procuradores, una que guardó silencio en los interrogatorios al expresidente y otro que fue cercano al narcotraficante Zeballos. ¿Cómo califica estas acciones contra la PGE?

Definitivamente, el cese producido en febrero de 2022 era ilegal. [En el gobierno de Castillo] hubo la intención clara de erosionar la institución [la PGE]. Felizmente, desde octubre estamos trabajando arduamente para estabilizar y fortalecer la institución y que se convierta en una entidad que respalde a todos los procuradores y procuradoras en su función de defender al Estado y combatir la corrupción. Definitivamente, este periodo de erosión es el que tratamos de superar lo más pronto posible.

— La PGE ha creado la Unidad Funcional para la defensa del Estado en casos contra altos funcionarios. ¿Esta medida se da a raíz de las investigaciones en contra del expresidente Castillo y su entorno?

Digamos que es uno de los elementos que han sido evaluados para poder crear esta unidad, porque estamos ante varios casos que están siendo llevados, tanto en el Ministerio Público, algunos todavía tienen que pasar por el Congreso. Pero la idea es que exista un grupo de abogados y abogadas de la institución que apoyen al procurador general no solo en estos casos, sino en otros que se presenten en el futuro.

— ¿Cuál es el objetivo de esta unidad en el corto plazo?

La unidad funcional lo que hace es formalizar un equipo de trabajo que se ha constituido, luego que retorné a la función el 21 de octubre para participar más activamente en todos los casos de altos funcionarios. Esta unidad está compuesta por abogados y abogadas que dependen de la Dirección de Aplicación Jurídica Procesal de la PGE, se dedica exclusivamente a ver los casos de altos funcionarios, y apoyan al procurador general participando en audiencias, presentando, elaborando los escritos que el procurador tiene que presentar y la idea es tener una participación más activa procesos, ese es el objetivo.

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— En octubre, en una entrevista a El Comercio, usted refirió que la PGE sí podía tomar medidas que congelen el patrimonio de Castillo y su círculo. ¿A estas alturas, han tomando alguna decisión concreta al respecto?

Cuando los casos pasen a una fase de investigación preparatoria en el Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado puede constituirse en actor civil a efectos de solicitar una reparación, una indemnización y para ello puede pedir ciertas medidas para poder de alguna manera congelar determinados bienes. En todos los casos que hay en contra del expresidente Castillo el más avanzando, que está en etapa de investigación preparatoria es únicamente, por ahora, el de presunta rebelión por el golpe de Estado de diciembre.

En ese sentido, la procuraduría está ahora acopiando información sobre este caso para constituirnos como actos civil y hacer nuestra pretensión indemnizatoria con un monto determinado.

— ¿Y ese monto lo tienen calculado?

Ese monto lo estamos calculando, estamos solicitando la información del caso, debemos recordar que ese monto es producto de una evaluación técnica, no es un monto que se plantea al aire, tiene que tener toda una información de respaldo y esperamos cerrar ese acopio de información y ese análisis lo más pronto posible para poder hacer esa pretensión, eso se puede hacer ahora en el caso del delito de rebelión, porque es el más avanzando. Los otros casos, cuando la investigación preliminar acabe en la Fiscalía de la Nación tienen que pasar por el Congreso para un proceso de acusación constitucional, y luego regresar al Ministerio Público.

— ¿Cuenta con una lista de los inmuebles y cuentas del expresidente Castillo? ¿A su entender, estas deben ser congeladas?

Como le digo estamos en búsqueda de esa información y sí, tienen que tomarse medidas a nivel judicial para poder asegurar que esos bienes sirvan al final para el cobro de la reparación civil. No [hay una lista], esa es una información que recién estamos confeccionando.

— El Ministerio Público maneja la hipótesis de que Castillo Terrones dirigió una presunta red criminal que contaba con diversos brazos operativos, donde estarían implicados exministros y congresistas. ¿Cuál será el proceder de su despacho frente a estos altos funcionarios?

A la Procuraduría General del Estado le compete evaluar la situación de los altos funcionarios, cuando se trata de funcionarios públicos que no son altos funcionarios, las competencias las tienen otras procuradurías, como la anticorrupción. En lo que respecta a este despacho, la unidad funcional va a evaluar toda la información y todos los elementos que se refieran a cualquier alto funcionarios, independientemente de la función que cumplan en el gobierno, en el Congreso, entre otros. Y luego de hacer este análisis, de ser el caso, se procede a las denuncias. O si el Ministerio Pública ya ha presentado, ya ha abierto una investigación preliminar, lo que la procuraduría hace es apersonarse, ingresar a esa investigación para aportar los elementos que pueda tener a efectos de colaborar en las pesquisas.

— El juez Jonathan Valencia determinó que su destitución por “pérdida de confianza”, que se dio en febrero del año pasado, no respetaba lo dispuesto por la ley de la PGE. Si esta resolución es confirmada en segunda instancia, ¿usted presentará una denuncia constitucional contra Castillo y el ex primer ministro Torres por infracción del artículo 118 de la Carta Magna?

Efectivamente, este es un tema personal, cuando llegue la sentencia de última instancia, porque incluso esto puede llegar al Tribunal Constitucional, pero cuando llegue la sentencia de última instancia es un tema que evaluaremos, ciertamente […] Personalmente, considero que hay una infracción por ese acto, el inciso 1 del artículo 118 de la Constitución señala que el presidente de la República está obligado a respetar la Constitución y las leyes, respetar la ley implica respetar los procedimientos establecidos en las normas para la destitución de un funcionario. Entonces, nosotros [mi defensa legal y yo] creemos que la infracción del 118 se ha producido en ese caso, pero vamos a esperar que acabe el proceso de amparo.

— En el Congreso hay un proyecto de ley que busca que ese poder y otros nombren a sus procuradores. ¿Están buscando impunidad?

Yo lo que creo es que ese proyecto ha sido en parte una reacción a una situación concreta que hubo, usted recordara que un abogado de la procuraduría del Congreso tuvo una mala performance en una audiencia en el Tribunal Constitucional, lo que debemos decir ahí es que ese fue un abogado de la procuraduría, no el procurador del Congreso, por lo tanto, en esos casos la propia procuraduría tiene que eventualmente evaluar y sancionar a su propio personal. Pero ese proyecto de ley quebraría de manera absoluta el sistema de defensa jurídica del Estado. ¿Por qué? Porque el sistema ha sido establecido sobre una base meritocrática. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo al DL 1316, los procuradores son designados por un proceso de selección a cargo de la procuraduría general, que está a cargo de todas las procuradurías sin excepción.

Entonces, la idea es que si el titular de la entidad va a elegir directamente en el caso del Congreso, Poder Judicial y organismos constitucionalistas autónomos estaríamos retrocediendo a la primera ley que reguló a los procuradores, que es una norma del gobierno militar de Velasco. Consideramos que este proyecto debe ser evaluado en la Comisión de Justicia del Congreso y debe ser modificado o archivado.

Y a esto quiero agregar que la procuraduría general tiene una posición institucional desde el 2021 para que el procurador general también sea designado por concurso público de méritos por la Junta Nacional de Justicia, nosotros hicimos un proyecto en diciembre de 2021, se le envió al entonces ministro de Justicia, Aníbal Torres, pero no hubo eco. Pero hay un proyecto similar, que es el de la congresista Susel Paredes. Nosotros creemos que si el Congreso quiere hacer una contribución a fortalecer el sistema creo que sería mejor que pudieran evaluar, aprobar ese proyecto para que el procurador general sea elegido por la JNJ.

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— ¿Y le pidieron una opinión técnica a su institución?

La opinión fue pedida por una de las dos comisiones que estuvo viendo el proyecto, una es Constitución y la otra es Justicia. Nosotros hemos enviado un informe jurídico a ambas comisiones, donde nos pronunciamos en contra por las razones que le he manifestado.

— El pleno del Parlamento decidió que la iniciativa regrese a la Comisión de Constitución. ¿Esta debe enviar al archivo esta propuesta?

Esta propuesta nos hace retroceder a los años 60′ del siglo XX donde los procuradores eran designados directamente por el Ejecutivo o por los titulares de sus instituciones. Nosotros creemos que toda propuesta legislativa sobre el sistema de defensa jurídica del Estado tiene que fortalecer la meritocracia y no debilitarlo. Por eso le decía que cualquier propuesta pasa por o perfeccionar la forma de hacer el concurso público de méritos para los procuradores o, incluso, establecer que el propio procurador general sea elegido por concurso público, que es lo que nosotros propugnamos desde la institución.

— ¿A su juicio, este proyecto es inviable?

Tal como está debería ser archivado, porque, además hay otro elemento en ese proyecto de ley, este dice que los procuradores que hayan sido elegidos por proceso de selección, que esté en trámite o incluso que haya concluido, deben contar con el aval del titular de la institución a la que van. Es decir, los titulares de las instituciones pueden revisar los nombramientos. Por ejemplo, el domingo se han publicado las resoluciones de designaciones de nuevos procuradores producto de un proceso de selección, si mañana se aprobará esa ley, los titulares de los organismos públicos podrían desconocer esa decisión, eventualmente. Y repito, esto sería una grave afectación al principio de la meritocracia.

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— La PGE ha nombrado a 13 procuradores, pero entre ellos no estaba el que va al Congreso. ¿Cuándo se dará?

Hay dos casos en los cuales el Consejo Directivo [de la PGE] ha decidido hacer una evaluación más profunda, se trata de las convocatorias para la procuraduría del Congreso y del Reniec. Hay elementos complementarios que han aparecido y que el Consejo Directivo va a evaluar, otorgándole el debido proceso a la persona que obtuvo, en cada caso, el máximo puntaje para que puedan dar sus descargos. Y luego se eso, se tomará una decisión definitiva. Soy dos casos pendientes de resolución. El resto de casos el proceso ha transcurrido con normalidad.

— Las nuevas autoridades municipales y regionales han asumido sus cargos a inicios de enero. ¿Qué tipo de problemas han tenido con ellos respecto a los procuradores de esas instituciones?

Hay dos problemas, el primero el cese de los procuradores municipales y regionales, en algunos municipios y regiones, ese cese por parte de los nuevos alcaldes y gobernadores es claramente ilegal. ¿Por qué? Porque estas autoridades han perdido la facultad de designación y cese por una ley que salió en marzo del año pasado, que es la Ley N°31433. Todos aquellos que hayan cesados procuradores han cometido un delito de usurpación de funciones, y la procuraduría general lo que está haciendo es presentar las denuncias respectivas. Respecto a los casos de este año, estamos en el proceso de hacer denuncias. Y sobre el año pasado, ya hemos hecho denuncias, un total de 10 denuncias penales a dos gobernadores regionales y ocho municipalidades de varias partes del país.

El segundo problema es que con el cambio de gestión de alcaldes y gobernadores regionales han reducido personal en algunas procuradurías, y eso también es un riesgo porque se puede afectar la defensa jurídica del Estado, al tener menos personal, los abogados de la procuraduría van a tener problemas en acudir a procesos judiciales y a arbitrajes.