Portavoz de la Contraloría: “La ONPE no está entregando la información de manera oportuna, hemos tenido que acudir a la fiscalía”

— La Contraloría ha emitido 278 informes sobre el rol de la ONPE en las elecciones generales. ¿Cuáles, a su consideración, han sido los principales hallazgos?

A ver, desde el año pasado, una vez que la ONPE empieza a estructurar su esquema para implementar sus oficinas descentralizadas a nivel nacional hemos encontrado, por ejemplo, que tanto la infraestructura contratada, como el mismo almacenamiento del material, que servía para la capacitación estaba en condiciones no adecuadas para esa operatividad.

La capacitación al personal que se iba incorporando a la ONPE tampoco estaba siendo conforme a lo que se requería y la capacitación a los miembros de mesa antes de las elecciones igual. El nivel de capacitación para los miembros de mesa que fueron [a las charlas] sí fue efectivo, pero eso no hemos cuestionado, sino el nivel de cobertura. Hemos visto una baja cobertura.

— De los 278 informes, ¿cuántos corresponden a la distribución del material electoral y a la crisis del domingo 12 de abril?

Ya, hablamos de un aproximado de 33 informes a nivel nacional. Pero sobre la crisis específica, por lo menos, tres informes que han consolidado las actividades a nivel de Lima Metropolitana. He escuchado ayer [domingo] a la empresa proveedora [Galaga] y refiere que la observación que hizo Contraloría sobre las características de sus conductores era esencial. ¿Y por qué era esencial? Porque el mismo contrato le exigía al proveedor que todos ellos tengan licencias habilitadas para conducir ese tipo de vehículo. Exigía, por ejemplo, que todos los conductores antes del despliegue del material electoral estén debidamente identificados y para eso el proveedor debía enviar una lista previa a la ONPE para saber quiénes iban a ser los responsables de manejar los vehículos…

— ¿Al momento, la Contraloría ha hallado irregularidades en la contratación de Galaga frente a postores con mayor fuerza logística y menor oferta?

¿Qué cosa venimos encontrando como un indicio de irregularidad? Que la formulación de los términos de referencia de parte del área usuaria y dimensionamiento de la necesidad no coincidía con lo que la realidad exigía. Segundo punto, estamos evaluando si tiene asidero o no la calificación que le da, al momento de evaluar las propuestas, sobre la capacidad de carga de cada vehículo. Lo que sí es claro es que los términos de referencia que formula [la ONPE] no exigía o no discriminaba la parte de la cabina de los vehículos. Y estamos pidiendo explicaciones sobre por qué motivo el comité de selección determinó que del tonelaje [del vehículo] se tenía que sacar la cabina donde estaba el conductor y el copiloto. Recuerda que la lógica hubiera sido si es que el material electoral que iba a entrar dentro de esos vehículos llene su totalidad. Pero la mayoría de vehículos no ha salido [de la ONPE] totalmente cargados, es decir, las 10 toneladas. La mayoría ha sacado material pues a la mitad de la capacidad del vehículo.

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— ¿Hay indicios de corrupción en la licitación a favor de Galaga?

Estamos en pleno proceso de evaluación sobre si había justificación para determinar que esta oferta [de la Galaga] era la más solvente, la que ofrecía las mejores condiciones especialmente técnicas para distribuir el material, si es que no hay una justificación que avale esa decisión, sí podríamos hablar de un presunto favorecimiento a esta empresa. Lo que sí te puedo decir es que dentro del expediente de contratación no se tiene a la mano un documento que justifique por qué se variaron las condiciones [sobre el tonelaje]. El comité de selección debió evaluar con el área solicitante.

— Ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, usted indicó que en los 278 informes se registraron 601 observaciones. Y advirtió que el 77% de estas no ha sido corregidas. ¿Puede detallar algunas de las más delicadas?

En cuanto a infraestructura y almacenamiento, se detectó que los locales, como el hangar de Lurín no estaba debidamente custodiado el material tecnológico, no estaba debidamente identificado y esa situación nunca se corrigió y eso ha impactado. Cuando se dio el embalaje del material de computo no se tenía un orden adecuado. Si se pregunta a los miembros de mesa sobre si todas las laptops llegaron con enchufes y todos sus componentes, muchos de ellos van a decir que no. Y eso se debió al gran desorden que se tenía en ese hangar donde se recibieron todas las computadoras e impresoras. Y eso lo hicimos saber hace mucho tiempo a la ONPE, directamente.

— ¿Cuándo lo hicieron saber?

Entre enero y febrero, ahí hicimos saber que existía un inadecuado tratamiento de este material de cómputo.

— ¿Y cuáles son las otras dos observaciones más delicadas?

Las más delicadas tienen que ver con el proceso de distribución del material electoral, al punto de decir que existieron irregularidades por negligencia del personal de la ONPE. No entregó de manera oportuna el material electoral y de cómputo.

— ¿Hubo negligencia del personal de ONPE?

Hubo negligencia de personal de ONPE, porque tampoco dimensionó la cantidad de personas que se requería para ese momento. Imagina, según el proveedor, dice que llevó sus 400 vehículos y había poco personal en el momento de sacar el material electoral, que tampoco lo tenían identificado de manera correlativa por el tipo de ruta.

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— ¿Esta negligencia alcanza al jefe de la ONPE, Piero Corvetto?

Hay una obligación funcional desde el titular de la entidad a los gerentes y a los subgerentes, un deber de supervisión. La misma ley electoral le encarga al jefe de la ONPE la tarea de fiscalizar que el material electoral sea entregado de manera oportuna. Y me sorprende cuando él dice que hizo su lanzamiento protocolar a las 8 p.m. y luego se fue a dormir muy tranquilo. A las 10 de la noche [del viernes] todos al interior del almacén en Lurín ya tenían conocimiento de que el proceso de entrega de material electoral era sumamente lento. Es decir, lenta la salida de los vehículos, demoraba demasiado y todo el mundo se quejaba por falta de personal de la ONPE, se quejaban porque el personal asignado para acompañar a los vehículos no llegaba.

Los vehículos que debían salir a las 10 p.m. terminaban saliendo a las 2 a.m., 3 a.m. y hasta 4 a.m. del día siguiente. En la ONPE se vieron totalmente avasallados con esta situación, a las 4 p.m. o 5 p.m. de la tarde [del sábado previo a la elección] modificaron las rutas que tenían previamente establecidas. ¿Y por qué lo hicieron? Porque hubo tanto desorden en la entrega del material que era poco el que se había entregado.

— ¿Entonces, la responsabilidad alcanza a Corvetto?

A mi juicio debe alcanzar a todos aquellos actores que han tenido capacidad y obligación de hacer una supervisión de manera directa. En este proceso, ya estamos haciendo el control posterior, vamos a pedir explicaciones y vamos a ver a quién delegó Corvetto esta función de fiscalización inmediata. Y no lo delegó, él debió haber mantenido una supervisión constante.

— Y sobre la pérdida de cédulas de votación, que ahora deben ser custodiadas, ¿la Contraloría tiene algún consolidado?

Estamos en pleno proceso de evaluación y hemos recabado información. Vamos a pedir data al Jurado Nacional de Elecciones y a la misma fiscalía. De hecho, el sábado hicimos una visita [al almacén de Lurín de ONPE] y encontramos que muchísimo material aún no llegaba a esa sede. Entonces, hasta la fecha no se sabe con claridad si es que todo el material electoral ya se replegó o no.

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— ¿Y en las regiones hubo problemas similares? ¿El material electoral llegó a tiempo?

No, en regiones el esquema ha sido totalmente distinto, porque a esta empresa Galaga se le contrató para que deje el material en las oficinas descentralizadas y fueron estas las que organizaron su propio proceso con otro proveedor para que ellos se encarguen de hacer llegar el material electoral a todos los locales de votación.

No hemos tenido de manera reportada un incidente tan crítico como el que pasó el domingo 12 de abril. ¿Por qué sucedió en Lima y no en provincia? Porque la ONPE decidió distribuir de manera directa el material electoral y de cómputo y sin la participación de sus oficinas descentralizadas. En resumen, ellos dijeron que “nosotros ya no queremos de intermediarios a las oficinas descentralizadas”. Ellos distribuyeron el material electoral y el software, que debía hacer mucho más ágil y dinámico el procesamiento de los resultados, pero nada de eso sucedió.

— Según informó “Cuarto Poder”, citando otro informe de Contraloría, la ONPE compró 30 mil laptops e impresoras y 4,538 módems, que debían ser distribuidos entre el 20 de marzo y 4 de abril, pero esta tarea concluyó el mismo 12 de abril. ¿Se usaron todos los equipos? ¿Qué generó esta situación?

No se han utilizado todos los equipos. El sábado que nos constituimos [en el almacén de ONPE] hemos encontrado muchísimos equipos, muchísimos. Y no te puedo decir el número, porque el personal de ONPE no nos quiso acompañar a hacer la labor de conteo, que sí la estamos haciendo hoy [lunes], de todos los equipos que se encuentran almacenados, que no fueron distribuidos para las elecciones. Hay muchísimos bienes, nos tomará algunos días más [poder llegar a una cifra].

— También se han revelado chats entre José Samané, exgerente de Gestión Electoral, y el subgerente de Producción Electoral, Juan Phang, que evidencian plazos inviables para la distribución del material electoral. ¿Es imposible que Corvetto no supiera de esta situación?

Mira, desde mi punto de vista, dentro de la organización [ONPE] hay una estructura de distribución de funciones, pero para el titular hay una obligación inmediata, un deber de supervisión. Este hecho de las demoras de la entrega del material electoral tenlo por seguro que sí lo conocía el mismo titular de la entidad. No estamos hablando de un incidente menor, sino una situación generalizada, al punto que ellos llegaron a tomar la decisión de mirar a qué otra empresa proveedora iban a contratar…

— ¿Intentaron hacer una contratación de emergencia de otra empresa para la distribución del material?

Estaban buscando la posibilidad de contratar el servicio de otros proveedores para distribuir ese material electoral. Y no solo eso, lo más importante: hubo un cambio de las rutas que estaban previamente establecidas. El sábado [11 de abril] a las 4 p.m. o 5 p.m., a ellos les faltaba llegar a 517 puntos de distribución del material electoral.

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— ¿La crisis del domingo 12 de abril pudo haber sido peor, entonces?

Pudo haber sido peor si es que no modificaban su esquema de distribución. Y para modificar ese esquema de distribución no es que tome la decisión el gerente u otro personal, mínimamente ha tenido que ser coordinado con otras esferas de la misma ONPE. Dentro de esas rutas comprometidas se encontraban la Universidad de Lima y gran cantidad de locales de votación de Surco, San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores, donde aún no había llegado el material electoral. Y se modifica porque ellos estaban viendo cómo llegaban más rápido a esos locales.

— ¿La ONPE pudo dar otras medidas de contingencia? Por ejemplo, llamar al presidente Balcázar y pedir que las FF.AA. los ayuden con la distribución del material electoral.

Por supuesto, era su obligación. No sé si llamar al presidente o a las Fuerzas Armadas, pero era obligación de la ONPE tener un plan de contingencia y lo que podemos advertir de manera preliminar es que ellos no tenían un plan de contingencia para mitigar un problema generalizado. No lo han tenido, sino hubieran dado una respuesta inmediata. ¿Y por qué no lo han tenido? El mismo domingo [de la elección] cuando fuimos al almacén de Lurín había vehículos cargados con material de cómputo que jamás salieron y que el mismo personal de ONPE estaba descargando ese material y subir a un taxi y llevarlos al lugar donde se requería.

— ¿La Contraloría, a través de su procuraduría, alista algún tipo de denuncia penal en contra de Corvetto y otros altos funcionarios de la ONPE?

La Contraloría está desarrollando, en este momento, un control posterior, es decir, una auditoría para determinar responsabilidades antes estas graves y presuntas irregularidades. ¿El resultado en qué puede concluir? En la identificación de una responsabilidad administrativa, de una responsabilidad civil para que el Estado pida un resarcimiento económico y también de presuntas responsabilidades penales. En el caso de hallar responsabilidades de orden penal, se va a poner en conocimiento del Ministerio Público, que ya ha iniciado investigación por delitos de corrupción de funcionarios y de omisión de funciones.

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— ¿Qué tipo de medidas puede adoptar la ONPE para evitar que el escenario de la primera vuelta se repita en el balotaje?

Las medidas más inmediatas es que tienen que hacer un proceso de repliegue inmediato de todos los materiales, ya sea electoral o de cómputo que se haya distribuido [para la primera vuelta]. Segundo, la ONPE tiene que hacer un inventario inmediato de todo el material de cómputo que va a ser utilizado no solo para la segunda vuelta, sino para las elecciones regionales y municipales [de octubre próximo]. Y, además, como ya se tienen a todos los locales de votación identificados para la segunda vuelta no van a esperar ponerse a trabajar faltando una semana para embalar el material electoral.

Ellos ya saben que habrá segunda vuelta, tienen ya el componente tecnológico y hay un inventario, y saben cuántas laptops, impresoras y escáneres funcionan y cuántos no, los que funcionan ya los tienen que embalar por puntos de distribución. Cuando se seleccione al nuevo proveedor o se haga a través de las FF.AA., ellos determinen el mecanismo más oportuno para entregar ese material. No pueden ponerse a trabajar pues faltando 10 días, o 15 días, eso es un absurdo. No puede incurrir nuevamente en un error tan grave.

— ¿Por qué la Contraloría no alzó la voz antes de las elecciones del 12 de abril? ¿Por qué no advirtieron públicamente lo que se venía?

Nosotros [en la Contraloría] tenemos un mandato constitucional y normas que cumplir. ¿Qué dicen estas normas? Que cuando haces control simultáneo tienes que comunicarlo directamente al titular de la entidad. Y, en efecto, hemos estado comunicando al titular de la entidad de manera constante. Pero sí debo dejar constancia que sucedió un hecho muy particular en esos días, cuando el contralor dispuso que se desarrollen acciones de control a la ONPE, JNE y Reniec, casualmente, el JNE le inició un proceso sancionador al contralor por difundir las acciones de control. El JNE aplicó una especie de mordaza diciendo que estaba totalmente prohibido de difundir cualquier tipo de información para respetar la neutralidad electoral […] Y, además, quiero decir que la ONPE no está entregando la información de manera oportuna [para el control posterior] y hemos tenido que acudir a la fiscalía para que la exhorte a hacerlo.