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Envidia, le tienen envidia, la columna de José Carlos Requena

“Luego de que el informe [de la comisión de reforma política] se haga público, vendrán las críticas, bienvenidas y valoradas en un debate democrático. Pero no todos piensan así”

Reforma política, Fernando Tuesta

La Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política en una reunión con el presidente Martín Vizcarra y el primer ministro César Villanueva. (Foto: Difusión)

El informe final de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política fue entregado ayer, aunque recién será público en las próximas semanas, según informó Fernando Tuesta, presidente de dicho grupo de trabajo.

La responsabilidad que se asignó a la comisión venía precedida de esfuerzos de la PCM en la segunda mitad del 2018, que terminaron en los proyectos de ley materia de la consulta de diciembre. Esta circunstancia le otorgaba una limitación adicional: respetar (o al menos considerar) los resultados del referéndum de diciembre, incluyendo las populares aunque poco convenientes prohibición de la reelección y la unicameralidad.

Aunque se desconoce el contenido del informe, no debería haber mayores sorpresas. Seguramente serán cercanas a las propuestas que ha venido planteando el propio Tuesta, principalmente en sus columnas de opinión. Queda pendiente ver si el aporte de los demás miembros, provenientes de la actividad académica, reforzará o matizará las ideas de Tuesta, forjadas en su larga experiencia como consultor de temas electorales y su gestión al frente de la ONPE (2000-2004).

Además, será necesario observar si se opta por un modelo que vea al Perú como un laboratorio en el que se ensayen ideas políticamente correctas, pero sin una experiencia positiva previa de la que se tenga conocimiento, o si más bien se plantean medidas que hagan más gobernable el país.

Por ejemplo, algunas ideas en torno a extender o recortar los mandatos de autoridades, que pueden resultar muy razonables en el papel, podrían terminar teniendo resultados tan impredecibles o difíciles de enmendar, como la fallida regionalización que legó Alejandro Toledo.

Otro tanto pasa con el financiamiento de la actividad política, esa caja negra hoy tan de moda. Hace unos días, Tuesta opinaba, a título personal, que el financiamiento privado había tenido un “efecto pernicioso en el sistema”. Al admitir que no se le podía suprimir completamente, concluía que “no queda otra alternativa más que el financiamiento público que, si bien no merece la aprobación pública, no es menos cierto que permite un mayor control de las finanzas de las campañas y disminuye la intervención o injerencia de intereses particulares en las funciones partidarias” (El Comercio, 21/2/2019).

Es poco claro cómo se arriba a esta conclusión. Pero es una opinión sin duda legítima. Si la idea se plasma en el informe de la comisión y el Ejecutivo la hace suya y formula un proyecto de ley en tal sentido (el objeto de la comisión es “proponer”, según el artículo 2 de la resolución que la crea), se estaría forjando un sistema en que el mayor aporte provendría del Estado.

Luego de que el informe se haga público, vendrán las críticas, bienvenidas y valoradas en un debate democrático. Pero no todos piensan así. Augusto Álvarez Rodrich, por ejemplo, opina que estas vendrán de “los ‘expertos’ envidiosos por no haber sido convocados” o de “los parlamentarios que no quieren perder poder por la reforma” (“La República”, 3/3/2019).

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