Escuchar antes de condenar, la columna de Jaime de Althaus

Es indignante que el presidente de la República nos haya llevado a una crisis política como la presente, que, además, tendrá repercusiones en la economía de todos los peruanos. Que haya negado lo que después resulta cierto. Y, más aun, que hasta la hora de escribir esta columna no haya salido a explicar los hechos.

Pero tampoco se lo puede condenar por adelantado, sin escucharlo. Voceros de Fuerza Popular le niegan el derecho a dar explicaciones con el argumento antidemocrático de que, diga lo que diga, su palabra ya no vale; lo acusaron en el pleno de haber recibido coimas disfrazadas, y piden su renuncia. Y la izquierda del Frente Amplio y de Nuevo Perú se aprovecha –cuándo no– para pescar en río revuelto superando en virulencia a Fuerza Popular al presentar un pedido de vacancia, también sin haberlo escuchado, y luego de haberle dado todo el apoyo en la segunda vuelta.

Por supuesto, quien alimenta el fuego es el propio presidente demorándose en dar explicaciones. Quien calla, otorga. Ello pese a que del análisis de la información enviada por Odebrecht se desprende que los únicos pagos recibidos por su empresa Westfield Capital mientras fue ministro fueron “reembolsos de gastos” por montos menores. Si fueron reembolsos, se infiere que lo son respecto de una asesoría realizada antes de que fuera ministro, pero sobre la que no se informa. Fuera de eso, los montos mayores fueron recibidos por esa empresa más de un año después de que hubiese dejado de ser ministro. Si es así, ¿por qué no lo dice?

Y en cuanto a la asesoría brindada a la concesionaria H2Olmos por medio de First Capital, revelada por el propio PPK, la información remitida por Odebrecht señala que el primer pago a esa concesionaria se dio en setiembre del 2010, cuatro años después de haber sido primer ministro. No habría problema. Hay, sin embargo, dos pagos a First Capital ocurridos mientras era primer ministro, pero no a la concesionaria H2Olmos sino a la concesionaria Trasvase Olmos. ¿Esos pagos fueron recibidos por él? Si no lo fueron, ¿por qué no lo aclara?

Si el presidente tuviera respuesta para estas interrogantes y explicara las cosas satisfactoriamente, perderían peso los pedidos de renuncia o de vacancia, sin perjuicio de que sea investigado por el Ministerio Público, aunque no pueda ser acusado mientras sea presidente. Lo que a estas alturas sí es irrefutable es que mintió. ¿Califica eso como incapacidad moral permanente? Me parecía difícil que Fuerza Popular, que hasta anoche no había pronunciado la palabra vacancia, asumiera la responsabilidad de vacarlo sin que se demuestre algún acto de corrupción. Pero hasta APP pide la vacancia…

No cabe duda de que la autoridad moral del presidente –salga como salga de este entuerto– ya quedó seriamente mellada. Si sobrevive, tendría que nombrar un primer ministro conversado y de mucho peso a quien encargar las tareas de gobierno. Aun así, él mismo debería evaluar, entonces, si es bueno para el país que siga en el cargo.

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