Pese a que los proyectos tienen como propósito garantizar un mayor acceso a la información, la regulación podría tener el efecto contrario. (Ilustración: Víctor Aguilar/ El Comercio)
Pese a que los proyectos tienen como propósito garantizar un mayor acceso a la información, la regulación podría tener el efecto contrario. (Ilustración: Víctor Aguilar/ El Comercio)
Ariana Lira Delcore

En medio de un contexto de pandemia en el que la comunicación es tarea urgente, la regulación de la en los medios de comunicación privados ha vuelto a la agenda del .

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Se trata, esta vez, de tres iniciativas que buscan establecer criterios que el Estado debe cumplir al momento de escoger los medios por contratar: el proyecto de ley 5840-2020, presentado por tres parlamentarios de Alianza para el Progreso (APP); el 5824-2020, propuesto por Luis Carlos Simeón (Acción Popular); y el 5911-2020, iniciativa de José Luna Morales (Podemos Perú).

Los dos primeros proyectos plantean que, al momento de escoger dónde colocar su publicidad, el Estado deberá priorizar a los medios distritales, provinciales, regionales y nacionales que operen con, por lo menos, 50% de programación local propia. En el caso de la propuesta de Luna Morales, se establece que al menos el 50% de la pauta publicitaria estatal sea destinada a los medios locales y regionales.

La iniciativa de APP, además, propone que la pauta publicitaria sea distribuida de la siguiente manera: 25% a medios educativos, 10% a medios comunitarios y 65% a medios comerciales.

Un menor alcance

Pese a que los proyectos tienen como propósito garantizar un mayor acceso a la información, la regulación podría tener el efecto contrario.

La presidenta del Consejo de la Prensa Peruana, María Eugenia Mohme, indicó que la distribución de la pauta publicitaria “siempre debe sustentarse en un criterio técnico”, algo que no se cumpliría a través del sistema de cuotas.

Según Jorge Baca, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, la distribución de la pauta planteada en las propuestas no responde a criterios técnicos, como la sintonía o el público que tiene cada medio. Ello, explica, podría generar que las campañas del Estado no lleguen al mayor número de ciudadanos posible.

“Lo que busca la contratación de publicidad estatal es que la mayor cantidad de gente tenga acceso a la información. Si estableces cuotas o preferencias, se va a contratar con medios que no necesariamente tienen los mayores índices de audiencia”, señaló a El Comercio.

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Otro punto cuestionado tiene que ver con el tipo de medios en los que se podría colocar la publicidad. Según dos de las iniciativas, el Estado solo estaría permitido de contratar con los medios que cuenten con autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, algo que no aplica a los medios impresos y digitales. Mohme precisó que estos puntos ya fueron comunicados a la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso en las sesiones de los días viernes 14 y martes 18, a las que fue convocada para discutir la iniciativa de APP.

Luis Carlos Simeón, presidente de ese grupo de trabajo, aseguró que la comisión aún se encuentra en una etapa de recojo de información, y que el predictamen estaría listo, aproximadamente, a mediados de setiembre.

“Estamos realizando un trabajo sigiloso que recoge los aportes de todos los entes involucrados para tener los informes técnicos”, indicó.

Antecedente

El Tribunal Constitucional,

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