(Foto: El Comercio)
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Redacción EC

El ex ministro de Transportes figura dentro de las 20 personas vinculadas a Fuerza Popular -entre ellas su lideresa, - y contra quienes el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó su detención preliminar. Todos ellos son investigados por presunto lavado de activos y por supuestamente haber formado parte de una organización criminal.

Augusto Bedoya llegó a ser detenido este miércoles y puesto a disposición de las autoridades. 

En la resolución que autoriza la medida, a la que tuvo acceso El Comercio, a Augusto Bedoya en su calidad de secretario nacional de economía del partido Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) se le imputa “haber sido parte de una organización criminal con la finalidad de obtener poder político en las instituciones del Estado, para fines de cometer delitos graves”.

Precisamente, en el fallo que refrenda el juez Richard Concepción Carhuancho también se indica que Bedoya, conjuntamente con el ex ministro Jaime Yoshiyama (a quien también se le dictó detención preliminar) y por disposición de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, “habría solicitado dinero a la empresa Odebrecht, recibiendo conjuntamente con Yoshiyama Tanaka la suma de US$1 millón”.

Se detalla, además, que Augusto Bedoya tenía conocimiento del origen ilícito del dinero que habría otorgado la compañía brasileña Odebrecht, y que esta a su vez tenía como su principal modus operandi efectuar actos de corrupción para poder lograr adjudicarse obras.

“Por lo que Augusto Bedoya habría usado la estructura, nombre y organización de Fuerza 2011 para el lavado de activos provenientes de la empresa Odebrecht en el contexto de las elecciones generales realizadas en el Perú entre los años 2010 y 2011”, se lee en el documento.

También se menciona otro aporte en el que habría participado Bedoya. Según se refiere, el ex ministro habría requerido a José Briceño Villena, ex presidente de la Confiep, que “solicitara también dinero a la empresa” a fin de ingresar “de forma indebida estos a su campaña del 2011, siendo que recibieron la suma de US$200 mil”.

Augusto Bedoya, a quien se llega a calificar como “el captador del activo ilícito”, habría recurrido a sus familiares, amigos y socios para lograr “el ocultamiento del origen de los activos”. Se remarca que estas imputaciones serían sancionadas con pena privativa de la libertad de entre 10 y 20 años.

Por otro lado, para fundamentar la decisión de la detención preliminar, se asevera que, si bien Bedoya sí tendría cierto arraigo domiciliario y familiar, “estos datos serían insuficientes desde que cuenta con facilidades para salir del país, conforme a su movimiento migratorio”.