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¡Exijamos su renuncia!, la columna de Cecilia Valenzuela

Mientras las sospechas que recaen sobre él terminan de investigarse, Eloy Espinosa-Saldaña debe renunciar al Tribunal Constitucional

Eloy Espinosa Saldaña

Eloy Espinosa-Saldaña es uno de los siete magistrados del Tribunal Constitucional. (Foto: Nancy Chappell / Archivo El Comercio)

Nancy Chappell

El año pasado, once marinos retirados denunciaron constitucionalmente a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional por haberle cambiado el sentido al voto de uno de sus predecesores: la inadmisible reinterpretación hecha por esos magistrados condena a los marinos a ser procesados, nuevamente, 31 años después, por el Caso El Frontón.

Hace cinco días, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo ordenándole al Estado que archive el procedimiento de acusación constitucional que el Congreso inició a los cuatro jueces del TC.

La corte ordena el archivamiento del proceso, pero no hace explícita una exoneración a los magistrados cuestionados: no se atreve a librarlos de la responsabilidad de haber cambiado el voto de uno de sus antecesores, aprovechando que este se encuentra enfermo e incapacitado para protestar.

Desde ese día, se suman los ciudadanos que opinan que el Perú debiera retirarse de la competencia de la Corte IDH. Como primera reacción, algunos congresistas sugirieron desacatar el fallo. Las pasiones se exacerban porque se trata de una disposición que, de nuevo, desprotege y deslegitima la desgarradora lucha que libramos los peruanos contra el terrorismo.

La corte falla, la mayoría de veces, de manera desproporcionada contra el Perú, siempre cuando se trata del Estado enfrentado al terrorismo. Sus jueces se niegan a ponerse en los zapatos de quienes tuvieron que cargar con la responsabilidad de la guerra contra el terror.

Pero los pactos son para cumplirse. El respeto por las normas institucionales y por los acuerdos y tratados suscritos por nuestro país nos obliga a mantenernos en el marco de la corte. Pero nuestra condición de ciudadanos nos conmina a encontrar, internamente, una solución que no deje impune la manipulación tendenciosa a la que se prestaron los magistrados Eloy Espinosa-Saldaña, Marianella Ledesma, Carlos Ramos Núñez y Manuel Miranda.

El abogado penalista César Azabache ha propuesto que el Gobierno convoque a los involucrados a una mesa pública de negociación para informar luego a la Corte IDH el acuerdo que se concrete.

El juez ponente de la resolución que cambió el sentido de una sentencia previa fue Espinosa-Saldaña y la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que el ponente es el responsable de la información que contiene un expediente. Entonces es Espinosa-Saldaña quien debe responder. Al intervenir en una cosa juzgada, atentó contra la seguridad jurídica del Estado.

Por lo demás se trata del más politizado de los cuatro magistrados. No es secreto que llegó al TC impulsado tenazmente por la pareja Humala-Heredia y fuentes del Poder Judicial sostienen que es a él a quien Nadine llama ‘Ojitos’ en las anotaciones de sus agendas. Lo señalan basados en el poder y la influencia que ha tenido, y tiene, en el Palacio de Justicia: fue jefe del Gabinete de Asesores de dos presidentes de la Corte Suprema: Francisco Távara y César San Martín. Sus sospechas se refuerzan en el hecho de que la anotación de la ex primera dama “juez se puede escoger” corresponde a diciembre del 2008, la víspera de que San Martín asumiera la presidencia de la Suprema y de que Espinosa-Saldaña regresase al Poder Judicial como el todopoderoso.

Mientras las sospechas que recaen sobre él terminan de investigarse, Espinosa-Saldaña debe renunciar al TC. Para que los demás magistrados puedan continuar sin cuestionamientos y el TC recupere prestigio y legitimidad, se requiere su renuncia. El Gobierno, el Congreso, la Corte Suprema, la fiscalía, la sociedad civil, los colegios profesionales deben solicitársela. Existen precedentes. En el 2001, José García Marcelo renunció al TC: había cometido una enorme falta e iba a ser destituido, apareció en un ‘vladivideo’ coordinando la manera de impedir el referéndum contra la tercera re-reelección de Fujimori.

La renuncia de Espinosa-Saldaña sería el principio de una solución.

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