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Cuestión de confianza

En menos de un mes, el (TC) declaró inconstitucionales dos normas emitidas por el Congreso. En octubre fue la ley que prohibía la publicidad estatal, y ayer lo hizo con la resolución legislativa que modificó las reglas para la cuestión de confianza y censura del Poder Ejecutivo.

Esta última decisión –adoptada de manera unánime– fue anunciada ayer en conferencia de prensa por el titular del órgano constitucional, Ernesto Blume, quien afirmó que “el Congreso ha excedido la facultad que le otorga la Constitución de autonormarse”.

“Tal atribución es para materias propias de su funcionamiento, no para regular y restringir competencias constitucionales propias del presidente de la República o los ministros de Estado”, añadió Blume.

La norma aprobada por el Congreso, entre otros puntos, recortaba las atribuciones de los ministros para plantear la cuestión de confianza [ver infografía].

—Reforma en camino—
Todas las preguntas a Blume en la conferencia de prensa estuvieron referidas a si el fallo del TC afectaría el proyecto de reforma de bicameralidad que se verá en el referéndum de diciembre, y en el cual el Congreso incluyó las mismas modificaciones que aprobó en su reglamento.

Al respecto, Blume explicó que el TC tiene competencia para pronunciarse sobre eventuales reformas constitucionales, sobre todo cuando se afecta la Carta Magna en los principios que consideran básicos, como el respeto de los derechos fundamentales, el sistema republicano de gobierno o el equilibrio de poderes.

El ex titular del TC Óscar Urviola profundizó en este punto y dijo que, de aprobarse la reforma sobre bicameralidad con los cambios del Congreso, dicha ley sería pasible de control constitucional.

“Por reiterada doctrina, las reformas constitucionales pueden ser objeto de acciones de inconstitucionalidad en la medida que afecten el núcleo duro de la Constitución. El TC ha constituido que la cuestión de confianza garantiza el sistema de pesos y contrapesos y, por lo tanto, no se puede modificar porque forma parte de los mecanismos que garantizan el sistema democrático”, afirmó Urviola a El Comercio.

El ex magistrado añadió que para evitar un nuevo fallo en contra, se podría aprobar el proyecto de bicameralidad en el referéndum, y luego el propio Congreso eliminar la parte objetada por el TC.“Si no se aprueba la bicameralidad en el referéndum, no se podrá volver a tocar el tema en dos años, según lo establece la Ley de Participación Ciudadana. Sería grave, pues la bicameralidad no se podría aplicar en el 2021”, alegó el ex titular del TC.

Los constitucionalistas Aníbal Quiroga y Víctor García Toma coincidieron en señalar que el Congreso debe cumplir con el fallo del TC por ser vinculante.

—Estudian alternativas—
Gilbert Violeta, vocero de Peruanos por el Kambio, señaló a este Diario que el Poder Ejecutivo no adoptará una posición hasta conocer la sentencia que, según Blume, será publicada el 15 de este mes.

“De lo conversado con el presidente de la República, podemos señalar que el Ejecutivo estudiará [con expertos constitucionalistas] las alternativas que se pueden plantear para eventualmente salvar la bicameralidad”, dijo. El portavoz indicó que eso no quitaba la posibilidad de que su bancada pueda ir trabajando una nueva reforma de la bicameralidad, recogiendo los parámetros de la sentencia del TC.

“Algo que permita sacar adelante la bicameralidad, aunque sea con posterioridad al 9 de diciembre”, acotó.