Módulos Temas Día
Módulos Tomas de Canal

Especiales

Verdadero o falso: el 'fact checking' de las declaraciones políticas de la semana

Postverdad política julio 12

(Composición: El Comercio)

Día a día, gobernantes, autoridades y líderes de opinión son sometidos al escrutinio de El Comercio, a fin de conocer si lo que afirman es verdadero, falso o impreciso. En esta edición publicamos algunas de las declaraciones más relevantes de esta semana.

Revisa aquí las ediciones anteriores de "La posverdad de la política"

Fuerza Popular

(Foto: Congreso)

GEC

“El derecho [de Keiko Fujimori] a que su caso sea examinado en casación por una sala de la Corte Suprema ha sido atropellado por presión de fuerzas ajenas a las institución republicanas y democráticas, las que utilizan métodos de coacción mafiosos para que fiscales y jueces de la sala suprema se inhiban el mismo día de la vista de la causa […] Estos hechos inauditos en una sociedad democrática la convierten en presa política”.
Bancada de Fuerza Popular
Lunes 8 de julio en un pronunciamiento leído por Carlos tubino en el Parlamento

Esta afirmación es falsa
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia suspendió el viernes 5 de julio la audiencia en la que tenía previsto analizar la casación que presentó Fujimori Higuchi contra la orden de prisión preventiva de 36 meses que cumple desde noviembre último. Esto a raíz de la inhibición del juez supremo Jorge Castañeda.

El tribunal no ha “atropellado” los derechos de Keiko Fujimori. Esta instancia resolverá el recurso de la excongresista, una vez que resuelva la inhibición de Castañeda. Si esta es aceptada, convocarán a otro vocal supremo para completar la sala.

Fuerza Popular refiere que su lideresa es una “presa política”, lo que también es falso.

Fujimori Higuchi está bajo prisión preventiva por una resolución del juez Richard Concepción Carhuancho, medida que fue ratificada por la Segunda Sala Penal Nacional de Apelaciones del Poder Judicial, que concluyó que la libertad de la exparlamentaria represente un riesgo de obstaculización de la actividad probatoria en la investigación del Caso Odebrecht.

El director ejecutivo de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, consideró que en el Perú no existe una persecución política. Agregó que existe una democracia total “con independencia plena de poderes”.

El portavoz de Fuerza Popular, Carlos Tubino, dijo a El Comercio que su bancada no responsabiliza a la Corte Suprema por la reprogramación de la casación a Fujimori Higuchi, sino a una “mano negra” que, según refirió, difunde audios con el objetivo de que se conforme una sala que falle en contra de su lideresa.

Reiteró que la lideresa de FP “es una presa política”, porque el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, ha cuestionado la posición del fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza, que está a favor de su liberación.

wilfredo pedraza

Wilfredo Pedraza, abogado de Nadine Heredia (Foto: Alonso Chero)

Alonso Chero GEC

“Los inmuebles allanados ayer [martes], el 60%, poco más, corresponden a funcionarios que han cumplido labores en el período del señor [Alan] García en el proyecto del gasoducto llamado Kuntur. Por ejemplo, han intervenido el inmueble de una exministra del expresidente Humala, la ministra [Rosa María] Ortiz, pero por su participación en el tema de Kuntur en el 2011”.
Wilfredo Pedraza, exministro del Interior
Miércoles 10 de julio en “Ampliación de Noticias”, de RPP

Esta afirmación es imprecisa
De los 26 inmuebles que el Ministerio Público allanó en el marco de la investigación por el Gasoducto del Sur, uno pertenece a la ex primera dama Nadine Heredia, 10 a funcionarios del gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), cuatro a funcionarios de la segunda administración de Alan García (2006-2011), y tres a funcionarios de ambos mandatos.

Las seis propiedades restantes son de abogados que intervinieron en el proceso de licitación del Gasoducto del Sur durante el gobierno nacionalista y de tres estudios jurídicos.

Pedraza, abogado de Humala y Heredia, también refiere el allanamiento a la exministra de Energía y Minas Rosa María Ortiz tiene relación a su participación en el tema Kuntur, durante el gobierno aprista.

Ortiz fue nombrada en octubre de 2010 como integrante de una comisión para evaluar propuestas de modificación al contrato obtenido por Kuntur. Pero en abril del 2012, en la administración humalista, fue designada como directora general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas.

Y de acuerdo con la resolución del juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, desde ese puesto tomó decisiones sobre el referido proyecto.

A mediados de febrero de 2015, el entonces presidente Humala nombró a Ortiz como ministra de Energía y Minas.

Este Diario intentó comunicarse con Pedraza, pero no respondió a nuestras llamadas.

Vladimir Cerrón

(Foto: Paco Sanseviero Koffler/ El Comercio)

GEC

“[Venezuela] es un país con algunos problemas propios, tienen mayores indicadores que otros países. Nosotros no estamos tan lejos de los niveles de inseguridad de Caracas, los tenemos en Lima y en el Callao”.
Vladimir Cerrón, gobernador regional de Junín
Miércoles 10 de julio en una entrevista con El Comercio

Esta afirmación es falsa
La capital de Venezuela figura como la segunda ciudad más peligrosa del mundo, según el último informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal (CCSPJP), organización civil mexicana que cada año elabora este ranking. Sus resultados los toman de referencia tanto medios de comunicación como organizaciones internacionales.

Según informó la BBC, el CCSP JP utiliza una metodología sencilla para elaborar la lista: compara el número de homicidios por cada 100.000 habitantes.

Por ejemplo, Caracas, que en el 2017 estuvo en el primer lugar, pasó al número dos al año siguiente con un total de 3.387 homicidios, una tasa de 111.19 por cada 100 mil habitantes.

De las 50 ciudades incluidas en el estudio del CCSP JP, 42 están en América Latina, pero ni Lima ni el Callao figuran.

Este Diario intentó comunicarse con el gobernador regional de Junín. Sin embargo, este no respondió a nuestras llamadas.

Mario Mantilla

(Foto: GEC)

GEC

“Desde el momento que nosotros queremos legislar, obligando una participación equitativa de la mujer, que tiene todo el derecho, ya estamos haciendo una discriminación por cuestión de sexo […] No podemos distorsionar la interpretación de este artículo constitucional [el N°2 de la Carta Magna], que recoge todos los principios de los tratados internacionales, no es admisible establecer diferencia de tratamiento por cuestiones de sexo”.
Mario Mantilla, congresista de Fuerza Popular
Miércoles 10 de julio en la Comisión de Constitución del Parlamento

Esta afirmación es falsa
El expresidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma explicó a El Comercio que establecer la paridad de género y la alternancia en las listas de elección popular no constituye un acto discriminatorio, como lo refiere el congresista Mantilla. “La discriminación es la diferenciación no objetiva, una regla que está dirigida a menoscabar, disminuir y acotar los derechos de un grupo de personas, no sería el caso cuando se plantea la paridad”, agregó.

García Toma indicó que las leyes de cuotas, como la que existe en la actualidad (30% de las listas al Congreso, consejo regional y concejo municipal debe ser conformado por mujeres) apuntar a generar “un proceso de igualdad material en el tiempo”.

Una opinión similar tuvo el extitular del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, quien refirió que Mantilla está realizando “una interpretación bastante restrictiva” del artículo 2 de la Carta Magna.

“La paridad no es inconstitucional, trata de establecer igualdad de condiciones para ambos sexos, no hay discriminación”, refirió a este Diario.

Mantilla también lamentó la interpretación que un sector del Parlamento le quiere dar a los tratados y a la posición de organismos internacionales respecto a la igualdad.

Sin embargo, el informe "Paridad de género: política e instituciones. Hacia una democracia paritaria", elaborado por las Naciones Unidas, establece que el logro de la igualdad de género es una “meta” de la democracia, porque “valora y promueve la ampliación de sectores históricamente marginados”.

El Comercio intentó comunicarse con el ex primer vicepresidente del Congreso, pero este no respondió a nuestras llamadas.

Comisión de Constitución

(Foto: GEC)

GEC

“¿La acusación constitucional presentada por Apaza y Cevallos fue archivada en la subcomisión? Sí. ¿Por qué? Porque dijeron que había que esperar la calificación, la acusación constitucional de la fiscalía, que era competente y que iba a mostrar pruebas. Lo archivaron por esa razón. Y cuando viene la acusación fiscal dicen que ‘se archiva porque ya lo archivamos’, eso es una criollada”.
Marco Arana, congresista de Frente Amplio
Martes 9 de julio en la Comisión Permanente del Parlamento

Esta afirmación es verdadera
Durante la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del 2 de abril, el parlamentario Javier Velásquez Quesquén (Apra) argumentó para justificar el archivo de la denuncia constitucional presentada por el Frente Amplio contra Chávarry por presuntamente instigar el ingreso a una oficina lacrada, que se debía esperar la acusación que iba a formular la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos.

Velásquez repitió este discurso al día siguiente en una entrevista en RPP Noticias.

“El tema del deslacrado se va a ver en el Congreso, en la subcomisión, estamos esperando que la fiscal de la Nación, esa denuncia viene bien consistente, es muy difícil que alguien se oponga, [es] mentira que se haya mandado al archivo y que no se pueda investigar”, remarcó en aquella oportunidad.

El martes, en la sesión de la Comisión Permanente, donde se solicitó que la totalidad de la denuncia hecha por Ávalos contra Chávarry se vea, Velásquez Quesquén, suplente en el grupo, no se hizo presente. Tampoco el titular de su bancada, el congresista Mauricio Mulder.

Velásquez Quesquén precisó el jueves, durante el pleno, de que no pudo asistir porque tenía descanso médico. 

Luz Salgado

La congresista Luz Salgado calificó como "foto del momento" resultados de encuestas. (Foto: Congreso)

“Yo creo que ese allanamiento [a la casa de Nadine Heredia] casualmente es porque nosotros [en Fuerza Popular] estamos diciendo ‘oye nos vamos a quejar internacionalmente’…”.
Luz Salgado, congresista de Fuerza Popular
Martes 9 de julio en “Ampliación de Noticias”, de RPP

Esta afirmación es falsa
El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena autorizó el allanamiento a la casa de la ex primera dama Nadine Heredia y de otras 22 personas, a solicitud de la fiscal Geovanna Mori, el jueves 4 de julio. Sin embargo esta orden se ejecutó el martes 9 del presente mes debido a que el megaoperativo requería gran cantidad de policías y de representantes del Ministerio Público.

Según fuentes de El Comercio, en la operación, en el marco de la investigación a la licitación del Gasoducto del Sur, participaron 110 agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional, 36 vehículos, 33 fiscales y seis asistentes.

Es decir, el equipo especial Lava Jato no tomó la decisión de allanar 26 inmuebles a raíz del pronunciamiento que hizo Fuerza Popular el lunes 8 de julio, en el que la bancada naranja confirmó que acudirán a la Organización de Estados Americanos (OEA) a denunciar una presunta persecución política a la ex candidata presidencial Keiko Fujimori.

Fujimori Higuchi cumple desde inicios de noviembre del año pasado una orden de prisión preventiva.

El Comercio se comunicó con Luz Salgado, pero la ex presidenta del Congreso se excusó de dar declaraciones.

SubirIr aúltimas noticiasIr a Somos

Mantente siempre informado y disfruta de cientos de beneficios exclusivos del CLUB EL COMERCIO

¡SÉ PARTE DEL CLUB EL COMERCIO!

SUSCRÍBETE AQUÍ
Ir a portada