Verdadero o falso: el 'fact checking' de las declaraciones políticas de la semana

Día a día, gobernantes, autoridades y líderes de opinión son sometidos al escrutinio de El Comercio, a fin de conocer si lo que afirman es verdadero, falso o impreciso. En esta edición publicamos algunas de las declaraciones más relevantes de esta semana.

►Revisa aquí las ediciones anteriores de "La posverdad de la política"

Esta afirmación es imprecisa
El Consejo de Minería suspendió la licencia de construcción otorgada a Southern Perú por el proyecto Tía María solo 48 horas después de haber recibido tres recursos, entre ellos el del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres.

La institución fundamentó su decisión en un informe que la Oficina General de Gestión Social (OGGS), –que depende jerárquicamente del despacho ministerial del Ministerio de Energía y Minas – le envió el 8 de agosto. Este documento concluye: “Si bien, a la fecha, no se han registrado víctimas mortales producto de las movilizaciones, los paros y los enfrentamientos antes señalados, no se puede descartar que esta situación ocurra [...]”.

Es decir, el Consejo de Minería, independiente en palabras del primer ministro, ordenó la suspensión de la licencia del referido proyecto minero tomando como punto de partida lo manifestado por la Oficina de Gestión Social, que está bajo las órdenes del despacho del ministro Francisco Ísmodes.

El Comercio se comunicó con la Secretaría de Comunicación Social de la PCM. No obstante, hasta el cierre de esta nota no hubo una respuesta.

Esta afirmación es imprecisa
Si bien la bancada de Fuerza Popular, a diferencia de los tres últimos años, ya no podrá “imponer condiciones”, como refiere Tubino, con el peso de sus votos, sí mantienen una posición consensuada con Acción Republicana, Contigo, Cambio 21 y el Apra- agrupaciones que apoyaron la elección de Pedro Olaechea en la Mesa Directiva- continuará con su hegemonía en casi todos los grupos de trabajo.

Por ejemplo, la Comisión de Constitución, que tendrá que evaluar el proyecto de reforma constitucional del Ejecutivo que plantea el adelanto de las elecciones generales al 2020, está compuesta por 19 parlamentarios. De estos, el fujimorismo tendrá a ocho integrantes. Para alcanzar la mayoría le bastaría sumar los votos de dos bancadas aliadas.

En comunicación con El Comercio, Tubino reafirmó que el escenario en el Parlamento ha cambiado, porque ahora Fuerza Popular no puede aprobar en solitario un proyecto de ley. Agregó que “no necesariamente” existe “un pacto” con las bancadas que apoyaron la elección de Olaechea.

Esta afirmación es imprecisa
La congresista Luciana León refiere que el Parlamento hizo una “modificación muy pequeña” al proyecto de ley que el Ejecutivo presentó sobre la inmunidad. Pero, el dictamen aprobado en el pleno el 25 de julio, a consideración del gobierno, no respetó el eje central del texto que ellos propusieron.

Por ejemplo, el Ejecutivo planteó la Corte Suprema de Justicia tenga la prerrogativa de levantar la inmunidad de los congresistas dentro de un plazo “improrrogable” de 30 días hábiles tras haber recibido la solicitud. Pero el Legislativo rechazó esa medida y mantuvo esta decisión en sus fueros.

La iniciativa del gobierno también planteaba que no era necesario el levantamiento de la inmunidad para la detención o continuar con el juzgamiento de un congresista por los procesos iniciados antes de su elección.

El Legislativo solo aprobó que la inmunidad no podía ser invocada para “paralizar” un proceso penal contra un congresista que haya comenzado antes de su elección.

El Congreso señaló que si no resuelve en un plazo de 45 días los pedidos de levantamiento de inmunidad, la Corte Suprema podrá acudir al Tribunal Constitucional.

En comunicación con El Comercio, la congresista León sostuvo que la Corte Suprema no podía “ser juez y parte”, al recordar que esta instancia es la que solicita el levantamiento de la inmunidad de los parlamentarios.

Esta afirmación es imprecisa
La Cámara de Comercio de Industria de Arequipa estimó que las pérdidas acumuladas por las protestas contra el proyecto minero Tía María hasta el viernes 9 de agosto, por 26 días de movilizaciones (iniciadas el 15 de julio) y cinco días de huelga (que comenzaron el 5 de agosto), ascienden a US$814 millones.

De esta cifra, US$500 millones corresponden a exportaciones de mineral de cobre no concretadas, mientras que US$314 a pérdidas en los sectores de servicios, comercio, manufactura, turismo y agro.

La proyección elaborada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) solo tomó en cuenta 18 días de protestas.

Durante el pleno del último miércoles, el ministro Oliva afirmó que la cifra presentada por el MEF es “referencial”. “Si le preguntados a dos economistas que nos calculen el impacto vamos a tener cuatro cifras distintas”, mencionó.