Verdadero o falso: el 'fact checking' de las declaraciones políticas de la semana

Día a día, gobernantes, autoridades y líderes de opinión son sometidos al escrutinio de El Comercio, a fin de conocer si lo que afirman es verdadero, falso o impreciso. En esta edición publicamos algunas de las declaraciones más relevantes del 16 al 21 de junio.

Esta afirmación es imprecisa
La aprobación del Parlamento en junio del año pasado- de acuerdo con cifras de Ipsos Perú- fue de 14%, ocho puntos porcentuales más de los que Daniel Salaverry indica en su tuit. La encuestadora GFK, en ese momento, también midió el respaldo al Congreso de la República, que se posicionó en 12%.

Desde que Salaverry asumió la Presidencia del Congreso, la aprobación de este poder del Estado pasó de 12% (en agosto del 2018) a 20% (en la actualidad), según Ipsos Perú. Es decir, el respaldo al Poder Legislativo solo aumentó ocho puntos porcentuales, no se triplicó, como refirió el parlamentario.

En comunicación con este Diario, Salaverry precisó que él encontró la aprobación del Congreso en 7%, de acuerdo a una encuesta de GFK en agosto. “[La cifra que di] es desde que asumo, para marcar la diferencia [con la gestión de Luis Galarreta]”, indicó. 

Esta afirmación es imprecisa
La economía, por primera vez en 10 años, dejó de crecer en abril (0,02%). El presidente Martín Vizcarra intentó justificar esta situación por la crisis en Las Bambas. Sin embargo, este no fue el único factor, como lo deja entender el mandatario, sino hubo otros.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la producción conjunta de minería e hidrocarburos, que contribuye con el 14,36% del PBI, registró una caída de 2,87% en el referido mes. Esto estuvo asociado a la suspensión de las operaciones de la minera Las Bambas (Apurímac) y el mantenimiento de las unidades mineras de Southern Copper y Shougang Hierro Perú (durante ese tiempo dejan de extraer).

Por el lado de hidrocarburos, la producción también se redujo, afectada por la disminución en la extracción de líquidos de gas natural (19%) y de gas natural (8%). Esto, pese a que la producción de petróleo creció 7,6% por la reanudación de actividades del Oleoducto Norperuano.

También, el sector pesca cayó 6,3%, debido a que la extracción del recurso no estuvo en temporada.

De esta forma, la contracción de la producción en la pesca, minería e hidrocarburos afectó la producción de la manufactura no primaria, que se redujo en 13,3%.

El Comercio intentó comunicarse con el presidente Vizcarra a través de la Secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno, pero no obtuvimos una respuesta.

Esta afirmación es falsa
Desde el 2011, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) busca cobrar una multa de S/2’267.440 que le impuso a Alianza para el Progreso. El partido de Acuña fue sancionado debido a que en el 2010 recibió donaciones de la Universidad César Vallejo que excedieron en S/226.774 el aporte permitido en esa época.

Inicialmente, el organismo electoral fijó la penalidad en más de S/9 millones. Sin embargo, APP apeló y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la redujo a S/2’267.440.

No obstante, la agrupación se ha negado a abonar este pago, a pesar de que el Tercer Juzgado Contencioso Administrativo de Lima emitió, en primera instancia, una resolución a favor de la ONPE. El próximo 11 de setiembre, la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo revisará el caso en segunda instancia.

El equipo especial Lava Jato del Ministerio Público investiga el aporte de US$300.000 que Odebrecht- de acuerdo con la declaración de Jorge Barata- entregó para la campaña del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en el 2011. En aquella oportunidad el economista fue candidato de Alianza por el Gran Cambio, que fue integrada por el partido APP.

El Comercio intentó comunicarse con Acuña, pero la Oficina de Prensa de APP nos derivó con otros dirigentes de su partido, que se excusaron de brindar declaraciones.

Fuentes de APP indicaron que no reconocen la multa impuesta por la ONPE. Agregaron que mientras el Poder Judicial no resuelva este asunto, ellos consideran que no tienen problemas referidos a los aportes, a pesar de que existe un fallo en primera instancia.

Esta afirmación es falsa
La constructora brasileña Odebrecht concretó la venta de la hidroeléctrica de Chaglla a un consorcio chino por US$1.200 millones.

El procurador Jorge Ramírez explicó que el 50% de este dinero se destinó al pago de acreedores, un 25% al fideicomiso para el pago de la reparación y saldo de impuestos al Estado peruano y el 25% restante para la empresa.

Ramírez indicó que a pesar de que la Ley 30737 establecía que la deuda tributaria de las empresas implicadas en actos de corrupción, como Odebrecht, podía ser cancelada en un plazo máximo de 10 años, su despacho exigió que este abono se realice en una sola cuota. Es así que Odebrecht canceló S/434 millones a la Sunat a fines de abril.

Anteriormente, el abogado del Estado señaló que S/80 millones producto de la venta de Chaglla serán utilizados por la constructora para pagar la primera cuota de la reparación civil de S/610 millones, monto al que se arribó en el acuerdo de colaboración eficaz que ya fue homologado por el Poder Judicial.

La congresista Salgado indicó a El Comercio que el procurador Ramírez detalló la venta de Chaglla después de que ella declaró. “La deuda de la Sunat es una cosa y la deuda que tiene con el Estado por los conceptos de reclamo que hace los procuradores, es otra. ¿Esa ya se pagó? ¿Los S/80 millones?”, remarcó.

La ex presidenta del Parlamento exhortó a Ramírez a informar cómo Odebrecht pagará la reparación civil que le adeuda al Perú. “Yo estoy exigiendo es transparencia y más información para evitar especulaciones en todo caso”, señaló.

Cabe precisar que la Sunat informó a fines de abril, a través de un comunicado público, sobre el pago de los S/434 millones que Odebrecht tenía pendiente con el Estado. Agregaron que ese depósito se realizó tras la venta de Chaglla.

Esta afirmación es verdadera
La Constitución en ninguno de sus artículos le da la facultad al Ejecutivo de interpretar si el Parlamento le dio la cuestión de confianza tiempo después de que esta solicitud haya obtenido una votación a favor. Y el reglamento del Congreso, que tiene rango de ley orgánica, establece que la cuestión de confianza “será debatida en la misma sesión que se plantea o en la siguiente”.

Elena Alvites, profesora de derecho constitucional en el PUCP, consideró que la cuestión de confianza “terminó con la votación” en el pleno del Congreso. Agregó que el Poder Ejecutivo “no puede decir: ‘No seguiste lo que yo dije, entonces me negaste la confianza’”.

Una opinión similar tiene la constitucionalista Úrsula Indacochea, quien en comunicación con El Comercio explicó que el Parlamento ya otorgó la confianza, aunque precisó que este tiene “la obligación de legislar respetando los parámetros [de la solicitud del primer ministro, Salvador del Solar]”. “Pero si no los cumple, el remedio ya no es jurídico sino político”, subrayó.