Congresistas señalados como instigadores de la violencia: ¿falta ética o posible delito?

Los cuatro legisladores han sido señalados en reportes policiales como presuntos instigadores de las recientes protestas que ocurren en diferentes regiones del país. De acuerdo con el ministro de Defensa, Alberto Otárola, Bermejo estaría “dirigiendo y conspirando contra el Estado de derecho” en regiones como Ica.

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La información revelada esta semana por El Comercio precisa también que Bellido sería parte de la cadena de desinformación; Chávez quien “incita a la violencia en sus pronunciamientos públicos” y Tello presunto financista de las movilizaciones. Tres de ellos, a excepción de Chávez, rechazaron estas imputaciones.

La congresista Paredes detalló a este Diario que el equipo técnico de la Comisión de Ética está evaluando “todo lo que ha salido” respecto a los cuatro congresistas señalados. “Nosotros ya nos vamos a pronunciar como corresponde en el pleno de la Comisión de Ética”, agregó.

Sin embargo, no puede adelantar una posición mientras no tengan suficientes elementos e información relacionada a los casos alertados por la Policía Nacional.

“Sí aseguramos que nosotros vamos a hacer nuestro trabajo como corresponde y sobre todo garantizando con la transparencia”, incidió Paredes en comunicación con El Comercio.

Añadió que, si el caso lo requiere, Ética tomará “inmediatamente por oficio” estas indagaciones. “Todo lo que ha venido saliendo es parte del proceso de evaluación, no es que recién lo hacemos. Desde el primer momento”, dijo.

Paredes adelantó que el próximo lunes, cuando se realice la sesión de la referida comisión, decidirán qué acciones de oficio se podrían tomar. “Estamos en procesos de evaluación, pero no podemos avalar ningún tipo de violencia, venga de donde venga. No podemos estar enfrentándonos”, comentó la congresista.

“Están pidiendo la libertad de Pedro Castillo no sé sobre qué cosas cuando sabemos que ha sido él, no solo por el golpe de Estado, sino actos de corrupción, tratado como corresponde”, concluyó Paredes.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, había señalado el último martes a la congresista Betssy Chávez como una de las responsables de la actual crisis política.

“Yo lo conozco al (ex) presidente, hemos conversado varias veces, muchas veces nos hemos abrazado y llorado por situaciones que aparecían. No creo que esas palabras que están saliendo en el Twitter del presidente sean de él. Creo que lo siguen utilizando y manipulando. Creo que Betssy Chávez debe responder por la crisis política que ha generado”, declaró Boluarte.

Betssy Chávez (Perú Democrático)

Declaración del 11 de diciembre. "Aquí los responsables es la fiscal de la Nación. No podemos quedarnos callados, esta corrupta, esta fiscal de la Nación, esta Blanca Nélida Colán 2.0 es la responsable de las muertes en nuestro país porque ha dictado una detención contra el presidente no respetando su inmunidad. Esta fiscal de la Nación está siendo respaldad por un grupo del congreso golpista. […] Esa señora es la que hace levantar en armas a este país".

Guillermo Bermejo (Perú Democrático)

Declaraciones a Telesur el martes 13 de diciembre. "Él se siente un secuestrado político. […] Este es un gobierno ilegítimo, a Castillo se le ha vacado de manera exprés e irregular. […] Este gobierno ilegítimo está tomando el camino que tomaron otros, que terminaron huyendo: poner a la policía para que asesine a la gente".

Los penalistas Andy Carrión y Romy Chang comentaron a El Comercio que los legisladores podrían haber incurrido en la grave perturbación de la tranquilidad pública y que estos indicios deberían motivar el inicio de diligencias por parte de la fiscalía.

Artículo 315-A. Delito de grave perturbación de la tranquilidad pública (Código Penal)

"El que perturbe gravemente la paz pública usando cualquier medio razonable capaz de producir alarma, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años. Se considera perturbación grave a todo acto por el cual se difunda o ponga en conocimiento de la autoridad pública, medios de comunicación social o de cualquier otro por el cual pueda difundirse masivamente la noticia, la inminente realización de un hecho o situación falsa o inexistente, relacionado con un daño o potencial daño a la vida e integridad de las personas o de bienes públicos o privados. Si el agente actúa en calidad de integrante de una organización criminal que, para lograr sus fines, cualesquiera que sean, utiliza como medio la amenaza de la comisión del delito de terrorismo, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de diez años".

“Si es tal como indican las notas policiales este podría ser el delito al que se refiere”, comentó Carrión. Consideró que, al tratarse de un presunto delito común, se podría iniciar diligencias en contra de los implicados. “Se abre investigación y con eso se podría proceder. Pero para pasar a la siguiente etapa del proceso tendría que tener una habilitación propia del congreso. Pero por ahora se puede abrir investigación sin problema. Es un delito común, que no es de función”, agregó.

Carrión detalló también que la investigación, en caso sea iniciada, tendría que ser dirigida por la fiscalía suprema. Asimismo, consideró que hay razones para que se inicie una indagación. “Es más que suficiente lo que se tiene como informe policial para que inicie una investigación, es una noticia criminal. Estamos en sospecha inicial simple. Lo que me sorprende es por qué no ha abierto hasta ahora investigación. Este informe debería ser determinante”, cuestionó.

Finalmente, la docente PUCP Romy Chang añadió que se podría iniciar una investigación debido a que quienes se ven implicados en este presunto delito utilizan medios o cualquier vía para “masivamente difundir entre la población una noticia o situación falsa. El que hace eso, difundir información que pueda generar un potencial daño a la propiedad y vida de las personas, es sancionado con delito de grave perturbación. Es también el delito por el que se procesa a Pedro Castillo”.

En contraste con lo comentado por Carrión, Chang consideró que se trata de presuntos delitos en el ejercicio de las funciones de los legisladores. “Ellos están haciendo estos llamados en su calidad de congresistas, aprovechándose de su cargo. Por eso pienso que esto se da en el marco del ejercicio de sus funciones”, indicó. “Da lugar a que se haga una investigación porque se están promoviendo estos actos”, concluyó.

Hasta la fecha, el Ministerio Público no ha comunicado el inicio de ninguna investigación. Congresistas habían solicitado que se considere una investigación en este fuero.