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Faltó Gárgamel, la columna de Maria Alejandra Campos

Más allá de la crisis de Fuerza Popular, el caso de los aportes ha destapado un problema serio en nuestra democracia. La fiscalización de la ONPE no funciona

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El organismo electoral se pronunció sobre la denuncia presentada en contra de Podemos Perú. (Foto: USI)

Los pitufos que todos conocíamos eran pequeños seres azules que vivían en una aldea secreta y, de cuando en cuando, se veían amenazados por un ex monje llamado Gárgamel.

El inocente dibujo europeo ha sido coaptado por el vocabulario judicial para representar a los pequeños aportes en los cuales se divide un monto principal para ocultar su origen en una campaña política.

Si bien la confesión de Jorge y Jaime Yoshiyama, conocida ayer en la audiencia de prisión preventiva del caso de los aportes a Fuerza 2011, no llega a probar aún el cargo de lavado de activos (que requiere conocer el origen ilícito de los aportes), sí demuestra, más allá de cualquier duda razonable, que el ‘pitufeo’ existió. En esa línea, quiero hacer dos reflexiones.

La primera es que la revelación es importante y complica significativamente la situación de Fuerza Popular y de su lideresa Keiko Fujimori. Si bien no necesariamente en lo legal, sí en lo político, pues contribuye a terminar de destruir la poca credibilidad que le quedaba al partido. Hasta la última medición de El Comercio-Ipsos, Keiko contaba con 13% de aprobación. Como bien demostró Alejandro Toledo, la popularidad puede caer más bajo, e intuyo que, luego de las declaraciones de los Yoshiyama, ese será el camino que seguirá la lideresa del fujimorismo.

Sin el respaldo de la opinión pública y con el impedimento de reelegirse virtualmente aprobado, ¿qué incentivos tienen los congresistas de la primera fuerza en el Parlamento para continuar siendo leales a la bancada? Sin duda, aquellos que consigan una mejor oferta –que podría provenir del bloque evangélico o de la anunciada ‘bancada bicentenario’– estarán tentados a dejar el barco.

La segunda reflexión es que, más allá de la crisis de Fuerza Popular, el caso de los aportes ha destapado un problema serio en nuestra democracia. La fiscalización de la ONPE no funciona. Entre publicidad en medios masivos, eventos, viajes, banderas, polos, pancartas, una campaña presidencial cuesta millones de soles. Sin embargo, salvo contadas excepciones, no conocemos a los grandes mecenas de los partidos. La defensa de Jaime Yoshiyama dice que el dinero ‘pitufeado’ que ha reconocido su patrocinado no provino de Odebrecht. En su caso es poco creíble, porque los montos son sumamente similares a lo declarado por los ejecutivos de la empresa, pero démosle el beneficio de la duda. Es razonable suponer que Odebrecht no fue el único gran financista de las campañas electorales en el Perú. ¿Dónde están entonces los otros implicados? ¿El ‘pitufeo’ es un fenómeno común? ¿Por qué la ONPE no lo alertó antes? Parece que los pitufos en el país han vivido libres de un Gárgamel que los fiscalice.

Una de las reformas del referéndum implica penalizar los aportes falsos a los partidos, tema que incluye a los personajes azules que hoy nos convocan. Sin embargo, ¿de qué sirve volverlos ilegales, si la entidad encargada de identificarlos es incapaz de hacerlo? Urge una reforma de la ONPE que empodere a su área de fiscalización. Sin eso, los pitufos seguirán existiendo en impunidad.

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