El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó este lunes que la Procuraduría del Parlamento emitió un informe en el que “se sugiere no disponer la activación del procedimiento de reemplazo por accesitario” en el caso del congresista Guillermo Bermejo, condenado a 15 años de prisión por el delito de afiliación al terrorismo.
“Nosotros le pedimos un informe a la Procuraduría para ver desde el punto de vista técnico y legal qué cosa es lo que dicen, y ellos señalan que se sugiere no disponer la activación del procedimiento de reemplazo por accesitario, en tanto dicho mecanismo no se encuentra previsto para el caso”, declaró Rospigliosi en conferencia de prensa.
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El titular del Parlamento precisó que este informe será derivado a la Oficina de Asesoría Legal para una segunda opinión técnica. “Luego que tengamos las opiniones técnicas y legales del caso, entonces la Mesa Directiva tomará una posición que será una recomendación para que el Consejo Directivo tome la decisión final”, añadió.
Consultado sobre el tiempo que podría tomar el análisis del caso, Rospigliosi indicó que aún no hay un plazo definido. “No lo sé. Ahorita estamos en semana de representación (…) El Congreso se toma su tiempo; hay una serie de procedimientos que se deben seguir”, afirmó.
La situación del escaño de Guillermo Bermejo continúa siendo materia de evaluación, ya que su condena se enmarca en el delito de afiliación al terrorismo, incluido en el artículo 15-A del reglamento del Congreso.
Esta norma establece que los legisladores condenados con sentencia firme por delitos de terrorismo, narcotráfico, trata de personas o lavado de activos vinculados a estos no pueden ser reemplazados por un accesitario.
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Como se recuerda, la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria del Poder Judicial dictó 15 años de prisión contra el congresista Guillermo Bermejo por el delito de afiliación al terrorismo.
Según la sentencia, deberá cumplir la condena hasta el 18 de mayo de 2040, además de pagar una reparación civil de S/100.000 al Estado y una multa de S/7.800. También se dispuso su inhabilitación para ejercer cargo público durante dos años adicionales a la pena privativa de libertad.
