Inseguridad, contrarreforma y pica, por Fernando Vivas

La dictadura congresal es un término que queda grande, pues supondría un sistema parlamentario que elija y maniate al presidente. Digamos que el Congreso abusa de su poder, ¡vaya que sí¡ Por fin tiene delante un Ejecutivo precario que no lo confronta y un pacto entre derecha e izquierda conservadoras para mantener a raya las reformas progresistas. Además, los partidos de la plural mesa directiva (Fuerza Popular, APP, Avanza País y Perú Libre) han aprendido a coincidir en muchas votaciones.

"De las tres reformas, la pretensión de proscribir movimientos subnacionales es particularmente abusiva"

El momento es óptimo para emprender una reforma política a la medida de sus partidos: destruir los movimientos que les hacen dura competencia en regiones donde antes cundían las siglas nacionales, evitar las PASO (elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias) que limitarían la discrecionalidad de las cúpulas; e impulsar la bicameralidad como una oportunidad de aumentar plazas y permitir la reelección. De las tres reformas, la pretensión de proscribir movimientos subnacionales es particularmente abusiva. Hay varios caudillos regionales (los movimientos locales ya fueron diluidos en el papel) que han generado maquinarias que reemplazan cómodamente a los partidos. Por ejemplo, Elías Rodríguez, ex congresista y secretario general aprista, me contó la experiencia de cómo su movimiento Trabajo más Trabajo, el más importante competidor de César Acuña y APP en La Libertad, le ganó a aquellos varios municipios aunque no el gobierno regional. He ahí un caso que explica la tirria que un partido nacional como APP tiene hacia un movimiento subnacional y a la vez testimonio de cómo otro partido nacional, el APRA, se desfasó de la policía competitiva y descentralizada.

Congresistas hoy afiliados o invitados de partidos nacionales, regresarán a sus regiones a ser vapuleados por aquellos líderes que intentaron borrar en el papel. De ahí sus reticencias a este punto más que en el de las PASO. Sin embargo, sobre estas últimas, una buena noticia: han despertado cierta ilusión ciudadana de que podrían servir para mejorar la oferta de candidatos presidenciales (y su representación una vez elegidos). Voces de la sociedad civil y del empresariado están haciendo campaña por ellas.

"El episodio de Romero y, ahora, la segunda moción contra Vera, confirman que no hay un pacto firme y explícito, sino una discreta colaboración entre poderes que no excluye censuras a ministros y puja entre bancadas por sacar provecho"

La crisis de inseguridad también lleva, desde la censura al ex ministro Vicente Romero, la impronta del Congreso. Las bancadas que, por distintos motivos, la impulsaron con más ahínco (Perú Libre y Fuerza Popular), debieron calcular que si querían mostrar distancia con la debilidad del gobierno en el combate a la inseguridad, ahora las compromete. Han provocado que se improvise a otro general en retiro –Víctor Torres Falcón- en pleno combate. Y van por otra censura, al haber aprobado una nueva interpelación al ministro de Energía y Minas, Óscar Vera. Esta vez, ya no le cuestionan presuntas irregularidades en su hoja de vida ni tener conflictos de intereses respecto de Pedro Castillo; sino una presunta negligencia en el manejo de un desastre ambiental ocasionado por la minería en Puno. Si el anticastillismo no se lo trajo abajo en el primer intento de censura, un multipartidario ambientalismo de ocasión podría hacerlo.

El episodio de Romero y, ahora, la segunda moción contra Vera, confirman que no hay un pacto firme y explícito, sino una discreta colaboración entre poderes que no excluye censuras a ministros y puja entre bancadas por sacar provecho. Un análisis detallado del presupuesto de la república más el crédito suplementario aprobado estos días en el pleno, daría más pistas sobre las concesiones que el Ejecutivo hace a un parlamento mayoritariamente regional. Por cierto, Otárola, el ministro de Economía, Álex Contreras y el resto del gabinete, fueron al Pleno a sustentar el presupuesto con renovado optimismo luego de admitir, pesarosos, que estábamos en recesión. Otárola aprovechó para promocionar la ANIN (Autoridad Nacional de Infraestructura) como un núcleo de técnicos designados por Servir para materializar la ilusión del destrabe y de la ejecución limpia y célere, y así vencer a ‘Niño’, recesión y mafias.

"Más intenso que este lío fue el reclamo unánime de cambios en la gestión de la selección. La salida del entrenador Juan Reynoso es ya una causa popular que ni este ni la Federación Peruana de Fútbol (FPF), responden"

El fútbol, que supuestamente nos unía, generó esta semana quejas, polémicas, dilemas y hasta fricciones de política exterior. Nicolás Maduro se montó en su selección nacional, que está haciendo mérito para clasificar, por primera vez, a un mundial. El empate 1 a 1 con Perú fue precedido de un operativo de control migratorio en la puerta del Estadio Nacional, que convirtió una política de estado legítima (si se hace donde se debe) en alarde público de xenofobia. Al final del partido, hubo fricciones entre la policía y un jugador venezolano. A la mañana siguiente, para remate, por un impasse legal y comercial con el suministro de combustible, se mantuvo estacionado por horas al avión con la selección rumbo a Caracas. Tuvo que intervenir la cancillería para acelerar la partida del vuelo, pero el escándalo ya estaba en el aire.

Más intenso que este lío fue el reclamo unánime de cambios en la gestión de la selección. La salida del entrenador Juan Reynoso es ya una causa popular que ni este ni la Federación Peruana de Fútbol (FPF), responden. La negociación contractual es, hasta ahora, secreta. Ni el Ejecutivo ni el Congreso, que ganas no le faltan, encuentran la forma de meter el diente normativo que modere el patrimonialismo de clubes privados. Si la encontraran, quizá meterían un gol.

Dos noticias que no son de política judicializada sino de justicia politizada cerraron la semana: la suspensión por 8 meses del fiscal Rafael Vela y la licencia laboral forzosa del procurador Daniel Soria.