Según fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, los excongresistas Javier Velásquez Quesquén y Marvin Palma habrían facilitado una reunión entre el exalcalde de Chiclayo el entonces contralor, Edgar Alarcón a cambio de beneficios económicos.
Según fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, los excongresistas Javier Velásquez Quesquén y Marvin Palma habrían facilitado una reunión entre el exalcalde de Chiclayo el entonces contralor, Edgar Alarcón a cambio de beneficios económicos.

La fiscal de la Nación, , presentó este martes ante el una denuncia constitucional contra los exparlamentarios (APRA) y (Cambio 21), por el presunto delito de tráfico de influencias agravado; así como contra el actual congresista y excontralor , por cohecho pasivo propio.

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Según consta en el documento, los excongresistas habrían “hecho prometer para sí diversos beneficios económicos” al exalcalde provincial de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, a cambio de promover una reunión con el entonces contralor de la República, Edgar Alarcón.

El encuentro tenía como finalidad abordar el tema del levantamiento de una medida de suspensión temporal de operaciones a las cuentas corrientes de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, lo cual es una facultad de la Contraloría.

Ávalos, además, sostiene que Alarcón habría aceptado o recibido un beneficio económico de aproximadamente S/30 mil de parte de Cornejo Chinguel a cambio de levantar el congelamiento de cuentas del municipio.

De acuerdo a la denuncia, Alarcón declaró que, durante su gestión, “atendía a todos que solicitaban una cita o reunión” y que en la mencionada reunión con Velásquez, Palma y Cornejo “no se resolvió desbloquear las cuentas” de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

Cabe recordar que esta es la tercera denuncia constitucional que la fiscal de la Nación presenta contra Alarcón, por hechos ocurridos cuando se encontraba a la cabeza de la Contraloría General de la República.

La primera corresponde al presunto delito de enriquecimiento ilícito, a raíz de detectarse un presunto desbalance patrimonial ascendente a S/201,337.24. La segunda es por el presunto delito de peculado doloso, por supuestamente haber simulado servicios por un monto de S/81,121.73.

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