Fiscal dejará sin efecto exigencia para que periodistas revelen fuentes

A través de sendos oficios, la Fiscalía Suprema de Control Interno exigió a IDL-Reporteros y al programa “Panorama” que revelen quiénes les entregaron los audios que comprometen a jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

“Informe quién fue [la] persona [que] les entregó dichos audios, dónde, cuándo y a través de qué medio (correo electrónico, red social, dispositivo portátil, etc.)”, señala el documento remitido a “Panorama”. El que se envió a IDL-Reporteros hace una demanda similar.

Los oficios, firmados por el fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza, jefe de Control Interno del Ministerio Público, indican además que los medios deben entregar “el íntegro de los audios sin editar” que difundieron “en el plazo de tres días y bajo apercibimiento de remitirse copias por delito de desobediencia a la autoridad”. Según el abogado penalista Luis Lamas Puccio, eso quiere decir que los periodistas pueden ser denunciados.

Según los oficios, lo exigido es “necesario para una investigación a cargo de este despacho supremo [de Control Interno] por [el] presunto delito de corrupción de funcionarios”.

Hace dos días, un fiscal, con apoyo policial, realizó una diligencia en la sede del Instituto de Defensa Legal (IDL) –sin comunicación previa– para solicitar la entrega de los audios que difundieron. Dicha diligencia al final se suspendió.

Rosana Cueva, directora periodística de “Panorama”, dijo que no dará a conocer a sus fuentes de información.

“El Tribunal Constitucional ya sentó jurisprudencia sobre eso [la protección de las fuentes]. [...] Me llama la atención que la torpeza pueda cometerla un fiscal supremo que está al tanto de todos los acontecimientos de esta semana. Bastante extraño. Y es más, si en tres días no se cumple, nos acusa de delito de desobediencia a la autoridad. Obviamente, no vamos a decir quién es la fuente”, manifestó en RPP.

Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, respondió al oficio de Rodríguez –al que calificó de conminatorio y amenazante– a través de un documento que publicó en su portal web: “Rechazamos sus amenazas y le hacemos saber que bajo ninguna circunstancia quebraremos la reserva de [la] fuente. Defenderemos la libertad de prensa y el periodismo de investigación en todos los fueros nacionales e internacionales que sea menester”.

Para el director ejecutivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Ricardo Uceda, la conminación “claramente es una intimidación”.
“Esto es digno de todo rechazo y también desconcertante porque viene de un fiscal supremo que se supone que tiene que estar completamente al tanto de las garantías constitucionales del ejercicio de la prensa”, dijo.

El abogado penalista Luis Lamas Puccio consideró que, frente a la situación actual, los medios podrían plantear una acción de amparo ante un juez civil para que el Ministerio Público se abstenga de su requerimiento en un plazo determinado.

“Se está dando una situación muy especial, que no tiene parangón, ni siquiera con los ‘vladivideos’, entonces los periodistas también tienen derecho a defenderse, y la mejor manera es lograr una medida cautelar de un juez civil que ampare su decisión de mantener la reserva de esta información”, indicó.

Este Diario conoció anoche que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, se comunicó con Víctor Rodríguez para señalarle que la fiscal del Callao a cargo del caso remitirá los audios a su despacho, por lo que no era necesario exigírselos a los medios.

Luego la Fiscalía de Control Interno publicó un comunicado en Facebook. Este indica que, ante lo expresado por el fiscal de la Nación, “carecía de objeto” su solicitud a los medios de comunicación, por lo que hoy se dejará sin efecto.

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