Fiscal José Domingo Pérez asegura que Giulliana Loza sabía de aportes falsos

El juez Richard Concepción Carhuancho escuchó ayer los alegatos del fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, quien fundamentó la solicitud de medidas restrictivas contra la abogada Giulliana Loza, defensora legal de Keiko Fujimori.

Loza fue incluida en la investigación seguida a la lideresa de Fuerza Popular por los aportes para las campañas del 2011 y el 2016, en las que Fujimori postuló a la presidencia.

Según el fiscal Pérez, Loza forma parte de “un staff de abogados que operan para generar impunidad” en la investigación seguida contra Fujimori. Giulliana Loza –que asumió su propia defensa– también fue escuchada por el juez Concepción.

Loza es investigada por presunta obstrucción a la justicia. En este caso también fueron incluidos como investigados los abogados Edward García Navarro, Luis Ernesto Lazo Mendoza, Lorena Gamero Calero y Dánae Calderón Castro. Para ellos también se solicitaron medidas restrictivas.

El juez Concepción Carhuancho continuará con la audiencia de pedido de restricciones el próximo 3 de enero a las 2:30 p.m.

1. Hechos imputados a Giulliana Loza
El fiscal José Domingo Pérez sostuvo que la abogada indujo a falsos aportantes de la campaña electoral a mentir a la fiscalía.

De acuerdo con Pérez, Loza tenía conocimiento de la existencia de los falsos aportantes. Sostuvo que así lo ha señalado el investigado Jorge Yoshiyama Sasaki, quien le pidió a la defensora de Keiko Fujimori asesorar a tres de esas personas. También hizo referencia a la declaración de Vicente Silva Checa, quien afirmó que Loza es abogada de Fuerza Popular (FP).

Pérez además presentó boletas de pago a nombre de la abogada halladas durante el allanamiento al Estudio Oré Guardia, lo cual la vincularía con los abogados de FP.

2. Menciones de los testigos
José Domingo Pérez citó las declaraciones de los falsos aportantes Renato Castro, José Luis Somocurcio y Celso Dextre Cuaresma, y de los testigos protegidos 11, 10, 15, 16 y 19, quienes declararon ante su despacho que fueron asesorados por Giulliana Loza y que incluso acudieron a reuniones con ella, en las cuales les solicitó no asistir a las primeras diligencias a fin de ganar tiempo.

El fiscal Pérez también indicó que los testigos protegidos señalaron que fueron amenazados por Loza, quien, junto con otra abogada, les advirtió que los aportantes que se retractaban estaban siendo denunciados por Fuerza Popular.

Por ello, el fiscal aseguró que –al igual que en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto– la presunta organización criminal liderada por Keiko Fujimori tenía una red de abogados (que Loza integraba) que buscaba impunidad para los investigados. Esto, dijo el fiscal, se apoya en los documentos hallados en la casa de Silva Checa, en los que se habla de plantear diligencias y medidas con la finalidad de dilatar las investigaciones.

3. No se afectará defensa de Fujimori
El fiscal Pérez solicitó que se apliquen medidas restrictivas para Loza Ávalos por 36 meses, debido a que es investigada por el presunto delito de obstrucción a la justicia.

“Ella [Loza] ha quebrado esa línea que implica el cumplimiento del deber profesional y ha ido a la comisión de un hecho delictivo”, dijo Pérez.

Dichas medidas son no comunicarse con sus coimputados, los aportantes de Fuerza Popular y personas vinculadas al mencionado partido político.

Pero el fiscal solicitó que dicha restricción no se aplique a Keiko Fujimori, su esposo Mark Vito Villanella y al ex ministro Efraín Goldenberg, a fin de que Loza continúe ejerciendo la defensa de esas personas.

Además, Pérez aseveró que Loza sí podrá asistir a las diligencias de otras personas siempre y cuando se vinculen a la situación de Fujmori o Villanella.

“La medida es necesaria porque va a permitir atenuar el peligro procesal, [porque] hay una necesidad de proteger el normal desarrollo de la investigación”, advirtió el fiscal en su requerimiento.

4. Loza asegura que todo es una “fantasía”
Giulliana Loza sostuvo que la imputación del fiscal José Domingo Pérez era “una acusación grave y fantasiosa”.

Expresó que es amiga del abogado Arsenio Oré y que estuvo ligada a su estudio de abogados de 1997 al 2002, pues hizo allí sus prácticas profesionales. Luego –acotó– trabajó ahí hasta el 2005.

Aseguró que los recibos hallados en el Estudio Oré Guardia no son por asesorías a Fuerza Popular, sino que se trata de pagos por un patrocinio conjunto que realiza desde el 2007 a una empresa de venta de vehículos.

“Jamás he delinquido, jamás he traspasado la frontera de lo legal. Me he equivocado, pero jamás he cometido un delito”, dijo ante el juez Concepción Carhuancho.

La abogada también afirmó que no puede obstruir la justicia, ya que ella misma solicitó a la fiscalía ser llamada a declarar, pero hasta ahora no se le ha convocado.

Remarcó que las diligencias solicitadas por las partes no son actos de obstrucción, sino acciones propias de la defensa en una investigación.

5. Negó amenazas
Loza Ávalos también negó que haya amenazado a los testigos protegidos, tal como afirmó la fiscalía.

Explicó que las declaraciones que usó el Ministerio Público son contradictorias. “Es una creación imaginaria. Los testigos no dicen que yo los haya amenazado”, enfatizó.

Sostuvo que con el pedido fiscal se está afectando el derecho de las personas a las que patrocina y también se lesiona su derecho a trabajar. Por ello, solicitó al juez rechazar la medida solicitada en su contra.