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Fiscalía amplía investigación por obra de Odebrecht

Fiscal de Moyobamba investiga a exfuncionarios que rechazaron informes sobre presuntas irregularidades en ejecución de carretera en San Martín. Este caso ha sido incluido en acuerdo de colaboración.

Odebrecht

En Tarapoto también hay una carpeta fiscal sobre la adjudicación del proyecto de la carretera Cuñumbuque–Zapatero–San José de Sisa a Odebrecht. (Foto: Óscar Ramírez / El Comercio)

El Comercio

Por: Carlos Neyra, Unidad de Investigación.

La fiscalía anticorrupción de Moyobamba amplió la investigación preliminar por el delito de aprovechamiento indebido del cargo a siete exfuncionarios del Gobierno Regional de San Martín (GRSM) por desestimar cuatro informes de auditoría que daban cuenta de presuntas irregularidades durante la ejecución de la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Cuñumbuque–Zapatero–San José de Sisa.

El Comercio accedió al documento de ampliación de investigación preliminar que señala que los implicados habrían realizado “dilaciones innecesarias” en las indagaciones a Odebrecht por un presunto sobrecosto irregular de S/1,5 millones durante la construcción de la obra.

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Los exfuncionarios de la Contraloría Regional de Moyobamba implicados son: el exjefe de la entidad Ronald Capcha Cortez; el exjefe de la Oficina de Control Interno (OCI) William Castillo Mostacero; los auditores Katy Alvarado Tenazoa, Jimmy Puell Baras y Ruth Ibáñez Ostolaza; el supervisor Edison Pérez Gómez y el abogado Julio César Cenepo Pinedo.

La carretera fue adjudicada a Odebrecht por un total de S/109 millones en octubre del 2008, cuando el ex primer ministro y congresista de APP César Villanueva se desempeñaba como gobernador de San Martín. El monto supera en 9,5% su valor referencial.

Recientemente, esta obra fue incluida en el acuerdo de colaboración eficaz entre la fiscalía y la constructora brasileña, luego de que esta admitiera que efectuó pagos ilícitos por el proyecto.

Para este martes 6 y miércoles 7 están programados interrogatorios de la fiscalía a lo exejecutivos de Odebrecht Jorge Barata y Ricardo Boleira. Ambos declararán sobre la obra en San Martín y otros casos.

—La indagación—
El fiscal de Moyobamba José Alvarado es quien inició la investigación a los exfuncionarios aludidos. Según el documento de la indagación, en “las dilaciones innecesarias que se habrían generado en las investigaciones […] se habrían advertido hechos destinados a causar perjuicio patrimonial al Estado por más de S/1’500.000”.

Asimismo, el informe agrega que “el representante del contratista [Odebrecht], el residente, el supervisor de obra [y] los prenombrados funcionarios no habrían iniciado las acciones legales que correspondían y, muy por el contrario, se desestimaron los informes especiales”.

En su resolución, el fiscal Alvarado consignó la declaración de César Cesías López, quien se desempeñó como jefe de la OCI del GRSM hasta enero del 2014, un mes antes de la desestimación del primer informe de auditoría que daba cuenta de las irregularidades en la obra.

Asimismo, señaló que se dio por concluida su designación al cumplir un año en el cargo a pesar de que “la permanencia normalmente es de tres a cinco años”.

William Castillo Mostacero lo reemplazó en el puesto. Cesías remarcó que Castillo y Ronal Capcha, el entonces jefe de la contraloría regional, presentaron la primera desestimación el 24 de febrero del 2014; “es decir, casi inmediatamente [después] de tomar posición del cargo”.

También que en octubre de ese año Castillo le solicitó a Capcha “la cancelación de la auditoría y, por ende, la cancelación de la acción de control”, por lo tanto, de la totalidad de los informes. Por otro lado, Julio Cenepo Pinedo, exabogado de la OCI de Moyobamba, también le indicó a la fiscalía que desde el ingreso de Castillo pudo “sentir sus intenciones, ya que lo primero que dijo es que el informe no tiene ni pies ni cabeza” a pesar de que “los otros miembros del equipo se mantuvieron en la posición de levantar las observaciones para que se apruebe”.

Según Cenepo, tras esta discrepancia Castillo tuvo una reunión con tres funcionarios de la OCI a quienes les habría obligado a desistir de los informes. “La reunión duró entre tres a cuatro horas y los miembros del equipo se mantenían en su posición […] y les exigieron que los desestimen”. Cenepo resaltó que minutos después de la reunión, William Castillo los habría hecho firmar la cancelación del primer informe.

La Contraloría General de la República (CGR) confirmó a este Diario que Castillo fue separado del cargo mientras dure la investigación fiscal.

—Descargos—
En comunicación con El Comercio, César Villanueva negó tener conocimiento sobre los pagos ilícitos que Odebrecht reconoció haber realizado por la carretera.

Tampoco dio detalles sobre el cambio de jefe de la OCI de Moyobamba: “No tengo ninguna opinión que darle […]. Indague un poco sobre ese tema, [sobre] cómo se dio esa información de la OCI, que ha sido un problema interno en la contraloría […]. No le puedo decir nada, porque yo no he intervenido”.

En diálogo con El Comercio, Ronal Capcha negó haber presentado la primera desestimación junto a William Castillo. "Ello no es correcto, la CGR solicitó la reformulación del informe al OCI por no estar de acuerdo a los lineamientos internos y el OCI [...] solicitó la desestimación sustentada en un informe elaborado por ellos" .

También dijo que no desestimó el resto de informes como lo dijo Cesías, pues "en esa fecha el jefe de la Contraloria de Moyobamba era otra persona, mi designación como jefe fue hasta abril del 2018" .

Este Diario buscó a César Cesías, pero señaló que no estaba autorizado para declarar por esta nota porque actualmente labora en la contraloría. En tanto, Rafael Palacios, representante de la CGR, declaró a este Diario: “Se ha formado una comisión para hacer una auditoría [a la carretera Cuñumbuque–Zapatero–San José de Sisa]; hemos notificado al MTC a través de Provías nacional”.

Asimismo, Palacios indicó que un equipo de la contraloría viajó a la zona y confirmó que los sobrecostos en la obra “han sido de 14,99%. ¿Por qué llama la atención esta cifra? Porque si llegaba al 15%, ese adicional hubiese tenido que pasar por contraloría; han llegado al límite para no ser detectados”.

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