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Fiscalía cierra filas en torno a investigación a Alan García

Pablo Sánchez, fiscal de la Nación, niega que exista una intención política detrás de pesquisas

Alan García

Según el fiscal José Castellanos, el ex presidente Alan García sería el cabecilla de una organización criminal dedicada al delito de lavado de activos. (Archivo El Comercio)

Según el fiscal José Castellanos, el ex presidente Alan García sería el cabecilla de una organización criminal dedicada al delito de lavado de activos. (Archivo El Comercio)

Según el fiscal José Castellanos, el ex presidente Alan García sería el cabecilla de una organización criminal dedicada al delito de lavado de activos. (Archivo El Comercio)

El máximo representante del Ministerio Público, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, defendió la labor del fiscal para casos de lavado de activos José Antonio Castellanos, quien decidió ampliar la investigación preliminar al ex presidente Alan García, al que calificó como el cabecilla de una presunta organización criminal dedicada al lavado de activos.

Sánchez salió al frente luego de las críticas que realizó García, tras ser notificado de la decisión fiscal que ampliaba a 36 meses la investigación que se le seguía. El caso, además, fue adecuado a la ley de crimen organizado.

“Creo que el fiscal ha hecho un gran trabajo de investigación. Él sigue su línea [en las indagaciones] y yo respeto su trabajo”, dijo Sánchez en declaraciones a la prensa.

El fiscal de la Nación descartó cualquier intención política en la decisión de Castellanos. “Los fiscales no hacemos política”, enfatizó.

—Las comparaciones del fiscal—
Siete años después de haber dejado Palacio de Gobierno, el ex presidente García será investigado como parte de una presunta agrupación criminal cuyo modo de operar, según la resolución del fiscal Castellanos, se asemeja al de la Camorra italiana y otras organizaciones criminales.

Así lo sostiene la disposición fiscal a la que accedió El Comercio, en la que se señala que la presunta organización dirigida por García “no era cualquiera”, sino que estaba integrada por personas “de confianza absoluta”.

Los integrantes de esta presunta organización –indica Castellanos– debían tener “la capacidad de guardar silencio, castigándose cualquier acto de traición, una suerte de código de honor propio de las organizaciones criminales tristemente célebres (mafia, Camorra, ‘Ndrangheta’, etc.)”.

—Dinero de Odebrecht—
En el documento de 30 páginas, se sostiene que los fondos ilícitos para cometer el presunto delito de lavado de activos provendrían de actos de corrupción cometidos durante el primer gobierno (1985-1990) y el segundo gobierno (2006-2011) de García.

Entre ellos, se mencionan los negocios que mantuvo la empresa brasileña Odebrecht durante la segunda gestión aprista, en la que la constructora era la “principal ejecutora de obras en el Perú”.

“Es necesario indicar que presuntamente existe conexión de los integrantes de la presunta organización criminal con actividades delictivas con grupos, relacionados específicamente con la empresa Odebrecht”, sostiene el citado fiscal.

Según Castellanos, “este contexto habría acarreado el aumento de patrimonio” de los investigados y de la presunta organización criminal, que se habría favorecido con los negocios ilícitos.

La resolución menciona que el director ejecutivo de Odebrecht, Jorge Simoes Barata, se ha convertido en colaborador eficaz en el Perú y ha asumido su responsabilidad penal.

—Recurso legal—
En su defensa, el ex presidente Alan García sostuvo ayer que la fiscalía lo incluye dentro de una “organización criminal” para crear “escándalo”.

El líder aprista utilizó su cuenta de Twitter para criticar a la fiscalía por mezclarlo con personas y empresas que dijo no conocer.

Además, mostró un documento del 2016, en el que el fiscal José Castellanos sostenía que no había elementos para continuar investigándolo por el delito de lavado de activos.

“Esto dictaminó el fiscal Castellanos en el 2016. Hoy dice que existe una organización criminal. ¿Qué o quién lo hizo cambiar?”, cuestionó.

El abogado defensor de García, Genaro Vélez, señaló a este Diario que interpondrán una acción de amparo contra la resolución por “haberse vulnerado derechos constitucionales” y calificó de “prevaricadora” la decisión fiscal. “Está llamando organización criminal a hechos de su imaginación. No hay prueba o indicio de que el ex presidente Alan García esté liderando algo así. Ni siquiera está el cuerpo del delito”, comentó Vélez.

INDAGACIONES
—Los informes de la megacomisión—
En el 2011 se creó la llamada megacomisión que investigó el segundo gobierno de Alan García. En el 2012 se aprobaron los informes que implicaban a García: colegios emblemáticos, programa Agua para Todos, BTR y ‘narcoindultos’. El ex presidente recurrió al Poder Judicial vía un amparo y en el 2014 se anularon los informes que lo inculpaban.

—Un caso archivado en la fiscalía—
En febrero del 2013, el entonces fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, abrió una investigación al ex presidente Alan García por presunto delito de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, un año después el caso fue archivado, debido a que no se encontró desbalance patrimonial del ex jefe del Estado.

—El Caso Odebrecht y el metro de Lima—
A pedido de la procuraduría ad hoc asignada al caso de Odebrecht, el equipo especial de la fiscalía anticorrupción incluyó al líder del Partido Aprista en las indagaciones que lleva a cabo por la supuesta receptación de coimas para la licitación de las rutas 1 y 2 del metro de Lima.

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