“La fiscalía, entre presiones y margaritas”, por Juan Paredes Castro

El cercano fin de ciclo de Pablo Sánchez y su inminente sucesión por Pedro Chávarry, en la cabeza del Ministerio Público, ha sumido a la primera institución del país en la investigación del delito en una discreta y bien disimulada crisis interna.

Sánchez y Chávarry son respetuosos del acuerdo vigente no solo entre ambos, sino entre todos los que integran la Junta de Fiscales Supremos, respecto de la salida del primero y el ingreso del segundo, en el marco de un orden tradicional de antigüedad.

El problema es que todas estas voluntades, por firmes que parezcan, adolecen, en sus inevitables resquicios, de flaquezas humanas y ambiciones personales, todas salpicadas de intereses e hipocresías. Esto hace que Sánchez haya pasado a vivir bajo fuertes presiones internas y externas por una reelección que él mismo no desea, porque tiene un compromiso institucional para dejar el cargo y porque siente que librar una batalla para extender su mandato le acarrearía un innecesario desgaste.

Y mientras que Sánchez deshoja margaritas en privado entre el código de honor de la palabra empeñada y la fogata de tentación continuista que en torno suyo enciende el antifujimorismo, Chávarry mantiene una serena posición entre la confianza que le da un respetable acuerdo entre fiscales supremos y su compromiso con un Ministerio Público autónomo y transparente, contra el envenenado perfil de profujimorista que tratarían de fomentar, con abierta insidia, sus adversarios.

Después de haber prácticamente renacido de sus cenizas, apenas ocurrida la caída del fujimorismo del 90 al 2000, y de haberle tomado correctamente la posta a las procuradurías anticorrupción de los tiempos de la transición de Valentín Paniagua, el Ministerio Público adquirió solidez y desarrollo institucional destacable hasta que este avance sufrió su más grave fractura con la elección arbitraria de Carlos Ramos Heredia, pariente de la esposa del entonces presidente de la República Ollanta Humala.

Entonces Nadine Heredia ya se preocupaba de escoger fiscales, como ahora, de escoger jueces.

Es precisamente por estas intromisiones políticas que Sánchez y Chávarry, así como los demás fiscales supremos, tienen que ponerse por encima de presiones, tentaciones, cortesanías y chantajes oportunistas. Ninguno de ellos debería prestarse al zarandeo de sus dignidades, a nombre de tal o cual interés político subalterno.

Necesitamos ver a los órganos jurisdiccionales a larga distancia de la manipulación política que busca victimizar a socorridos culpables y abandonar a su suerte de prisión preventiva a centenares de procesados que no tienen, por supuesto, el relajado acceso a un dictamen favorable en el Tribunal Constitucional, hoy convertido en reino común y corriente de la última instancia judicial.

Sánchez y Chávarry merecen jugar sus cartas institucionales como mejor saben hacerlo, sin el mortífero infiernillo de la polarización política.