Fiscalía ratifica ante el Congreso denuncia constitucional contra Martín Vizcarra por dos delitos: Así se desarrolló la sesión

El Ministerio Público ratificó ante la Subcomisión del Congreso (SAC) la denuncia contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) por los presuntos delitos de falsedad genérica y omisión de consignar declaraciones en documentos.

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En una audiencia, realizada este viernes 12 de septiembre por la SAC, el fiscal adjunto supremo Hernán Mendoza Salvador reafirmó la demanda.

“Vizcarra Cornejo sería autor de dos hechos ilícitos: un delito contra la fe pública, en la modalidad de falsedad genérica … y en la modalidad de omisión de consignar declaraciones en documento”, expuso.

El fiscal explicó que el delito de falsedad genérica se contextualiza en sucesos del 9 de enero del 2019. Aquel día, el entonces mandatario brindó una conferencia de prensa en la que negó que la empresa familiar CyM Vizcarra haya sido proveedora de la constructora Odebrecht entre el 2006 y el 2008 para la construcción de la carretera Interoceánica Sur.

“El 13 de enero del 2019, un reportaje de “Panorama”, permitió evidenciar que la empresa CyM Vizcarra, entre los años 2006 y 2008, sí fue proveedora de dicho consorcio por diversas sumas de dinero, aproximadamente unos 300 mil soles [...] Es decir, CyM Vizcarra, de la que era socio, accionista e integrante del directorio, sí aparecía como proveedora de Interoceánica Sur, cuya obra era ejecutada por Conirsa, integrada por Odebrecht, en un 70%; Graña y Montero, en un 19%; y por JJContratistas e ICCGSA”, dijo.

Añadió que el 20 de enero del 2019, en entrevista con “Punto final”, el entonces presidente reconoció que su empresa sí hizo trabajos para la construcción de la vía a través del consorcio Conirsa S.A., que tenía a Odebrecht como empresa con mayor participación accionarial. Para la fiscalía, la condición que por aquellos años tenía Vizcarra como socio de su compañía familiar le dio la “posibilidad de conocer los contratos” de la misma.

“Se infiere que en la conferencia de prensa del 9 de enero, Martín Alberto Vizcarra Cornejo habría alterado la verdad intencionalmente mediante palabras ocasionando perjuicio a la imagen institucional de la Presidencia de la República”, expuso.

Mendoza señaló que el delito de falsedad genérica también se configuró cuando, ese 20 de enero, Vizcarra afirmó en la entrevista con el referido dominical que había renunciado oficialmente a su empresa el 23 de marzo del 2018. No obstante, la fiscalía determinó que su revocatoria como gerente de Operaciones y vicepresidente del directorio de la compañía fue acordada por la junta de accionistas recién el 4 de junio del 2018 y fue inscrita en Registros Públicos el 17 de agosto de ese año.

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En cuanto al delito de omisión, el magistrado refirió que Vizcarra no informó en su declaración jurada de intereses del 30 de octubre del 2018, pese a que estaba obligado, que hasta el 4 de junio de ese año había sido directivo de su empresa. Según la denuncia, el expresidente habría actuado “de manera deliberada” para “evitar informar con veracidad aspectos de los cargos directivos que ostentó”.

En la sesión también estuvo presente Vizcarra y aseguró que la empresa CyM Vizcarra “nunca ha proveído un servicio a la empresa Odebrecht. “Si ha trabajado con diversas empresas, que han formado parte de los grupos que han ejecutado la carretera interoceánica [...] En ningún momento, la empresa Odebrecht ha solicitado servicio alguno a CyM Vizcarra”, aseveró.

El exmandatario asistió a la sesión acompañado de sus dos abogados Alejandro Salas Zegarra y Mariana Justo Linares.

El exmandatario admitió que CyM Vizcarra sí alquiló maquinarias para Conirsa, relacionada a Odebrecht, pero que al tratarse de un consorcio se trata de una razón social distinta. “Varios meses se les dio la maquinaria que requerían, pero es a Conirsa, que es una empresa que tiene personería jurídica propia. Entonces, a la pregunta concreta y puntual sobre si CyM ha dado servicios a Odebrecht, la respuesta es no y lo ratifico”, indicó.

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Sobre el otro delito que se le imputa, declaró que rompió su vínculo laboral de CyM en el 2010 tras convertirse en gobernador regional de Moquegua. “No volví a trabajar en CyM Vizcarra, pero mantenía mis acciones y eso no está prohibido por ley”, dijo.

Finalmente, anunció que renunciaba a su derecho al antejuicio político para “ahorrarle tiempo” a la subcomisión. “Les evito ese esfuerzo, ese tiempo y, directamente, procedan a decirle al Ministerio Público que continúe con la investigación”, dijo.

No obstante, la presidenta del grupo de trabajo, Lady Camones (APP), señaló que no se trata de un mecanismo previsto en el reglamento ni el Nuevo Código Procesal Penal y, por lo tanto, el procedimiento continuaba en la SAC.

“El único órgano que puede expedir la resolución legislativa que ordene el levantamiento del antejuicio es el pleno del Congreso, por lo que se debe continuar con el proceso parlamentario. Caso contrario, el Ministerio Público carecería de un elemento de procedencia para continuar con el procesamiento penal”, expuso.

Vizcarra se acogió al derecho de guardar silencio, por lo que no se le hicieron preguntas.

Tras la audiencia, Camones otorgó un plazo de cinco días hábiles para que Jorge Montoya, el delegado del caso, entregue el informe final de esta denuncia.

Mira aquí la sesión de la SAC:

Cabe resaltar que, la semana pasada, Vizcarra salió en libertad luego que el Poder Judicial anulara los cinco meses de prisión preventiva que recibió en agosto por las presuntas coimas cuando era gobernador regional de Moquegua.

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La subcomisión también admitió a trámite la denuncia DC 563, formulada por la congresista Kira Alcarraz Agüero (Podemos Perú ), contra la fiscal de la nación, Delia Espinoza por presunta infracción a la Constitución y los posibles delitos de abuso de autoridad y prevaricato. Esta demanda fue acumulada con la DC 618, formulada por el Congresista José Ernesto Cueto Aservi.

En tanto, Ana Zeballos (Somos Perú) fue designada como delegada de la denuncia 547 (acumulada con la 575), interpuesta por el Congresista Alejandro Muñante Barrios, contra Pedro Castillo y los exministros Betssy Chávez Chino, Willy Arturo Huerta Olivas y Roberto Helbert Sánchez Palomino. La acusación es por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022 y pide la inhabilitación de 10 años de Castillo.