Fiscalía sobre allanamiento a Juan José Santiváñez: Se buscaba evitar que “se haga aparecer un nuevo contrato que sustente la entrega de los US$ 20 mil”

Juan José Santiváñez, exministro del Interior y actual funcionario del despacho de la presidenta Dina Boluarte, busca anular el allanamiento que realizó la Fiscalía de la Nación el pasado 19 de marzo, en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de tráfico de influencias.

Sin embargo, durante una audiencia pública realizada el viernes 13 de junio, ante la Corte Suprema, la fiscalía pidió que se rechace la apelación.

Además, ratificó las razones que llevaron a ejecutar dicha diligencia en el domicilio y vehículo de Santiváñez Antúnez. En una de ellas, se buscaba documentos originales o copias que pudieran impedir que, posteriormente, el actual funcionario del gobierno, pudiera querer cambiarlos.

El exministro es investigado por presuntamente haber solicitado $20 mil para ejercer influencias en magistrados y funcionarios del Tribunal Constitucional (TC), el Ministerio de Justicia, a través del hoy primer ministro Eduardo Arana y funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).

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El actual jefe de la Oficina de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial y miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) habría tratado de favorecer al interno Miguel Marcelo Salirrosas.

Por ello, fue contactado por familiares de la mencionada persona, quien primero los asesoró como abogado, posteriormente como asesor del Mininter, y luego como viceministro de dicha cartera. Finalmente, habría continuado buscando ejercer influencias cuando asumió como ministro del Interior.

La Sala Penal Permanente, dejó al voto el recurso de la defensa de Santiváñez Antúnez, y la resolución la notificará en el plazo de ley.

El 19 de marzo, la vivienda de Santiváñez Antúnez fue allanada por la Fiscalía de la Nación. También se revisó su vehículo.

Se buscaba información que corrobore lo que había contado un testigo. El entonces ministro habría solicitado, además de sus honorarios, un pago de US$20 mil para entregarlo a terceras personas, en el TC, que pudieran resolver un fallo a favor de Miguel Marcelo Salirrosas, quien era asesorado por Santiváñez.

Esto fue ratificado en la audiencia celebrada ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, donde la fiscal suprema adjunta Nataly Ugarte, explicó que la irrupción en el inmueble, con orden judicial, se realizó en busca de bienes delictivos u objetos relevantes para la investigación.

Según dijo, para el Ministerio Público, el delito se ha llevado en un contexto de “clandestinidad”; y por tanto, hay información que se tiene que buscar necesariamente en el domicilio y vehículo intervenidos.

“Por ejemplo, la búsqueda de comprobantes o de vouchers de pago ¿Para qué señor magistrado? Primero, para que se acredite el pago que se le hubiese hecho al señor Santivañez Antúnez, como abogado del señor Marcelo Salirrosas”, mencionó.

En segundo lugar, continuó detallando la fiscal, otros documentos que den cuenta de la entrega de de los US$20 mil que habría recibido el exministro del Interior, a fin de “traficar influencias con los miembros del TC, funcionarios del Inpe y del Ministerio de Justicia”.

Igualmente, expresó la fiscal Ugarte, la búsqueda de contratos originales, o copias, que precisen cuánto iba a cobrar Santiváñez por sus honorarios y así, posteriormente, “no haga aparecer” un nuevo contrato buscando justificar los US$20 mil adicionales que habría solicitado.

“Y, fundamentalmente, la fiscalía requería ese documento para que se verifique cuánto es lo que se le iba a pagar por sus honorarios como su abogado, para que no se haga, después, aparecer un nuevo contrato que sustente la entrega de los 20 mil dólares en calidad de haber recibido para que trafique influencias con las autoridades antes señaladas.”  

Nataly Ugarte, fiscal suprema adjunta

Por tanto, prosiguió, se buscaba documentos originales, agendas personales, tarjetas de presentación, anotaciones, “todo con el fin que se pueda acreditar lo que se investiga. Es decir, la entrega de 20 mil dólares por parte del señor Marcelo Salirrosas para que pueda desplegar influencias en el Tribunal Constitucional, Ministerio de Justicia y funcionarios del Inpe”.

Recordó que la medida tuvo indicios en las conversaciones que tuvieron familiares de Marcelo Salirrosas, pantallazos de los voucher de pagos y otros elementos.

La fiscalía rechazó, en otro momento, que el allanamiento se haya realizado fuera del plazo de 15 días que les otorgó el juzgado para ejecutar la medida. Precisó que la resolución se le notificó el 4 de marzo y el allanamiento se realizó el 19 de ese mismo mes.

Por ello, solicitó que se declare infundado el recurso de apelación de la defensa de Santiváñez para anular la diligencia de allanamiento y, a su vez, todos los elementos incautados.

“¿De qué otra forma podría, la fiscalía, señor magistrado, obtener las computadoras, los celulares y la información que están dentro de los inmuebles del señor Santiváñez?”, concluyó la magistrada.

Junior Mendoza, abogado de Juan José Santiváñez, cuestionó, ante la Sala Penal Permanente, que el juzgado de primera instancia, que autorizó el allanamiento en otra carpeta fiscal (por presunto delito de abuso de poder), emitiera una segunda orden por el caso cuestionado en la audiencia. Es decir, de presunto tráfico de influencias.

Otro de los puntos controvertidos por el abogado del exministro, fue señalar que el Ministerio Público no había sustentado la finalidad específica del allanamiento, en su requerimiento que presentó al juez de primera instancia.

Por ende, cuestionó que la fiscalía haya sustentado su requerimiento de allanamiento alegando que “necesitaba pruebas”, y “que mi patrocinado, por ser ministro, puede eliminar pruebas”.

Mendoza aseveró que el magistrado del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, solo había “copiado y pegado” el requerimiento fiscal, sin realizar una valoración de los elementos de convicción.

“En el acta de allanamiento, no existe ningún impedimento por parte de mi patrocinado a que se ejecute el allanamiento, no existe ningún ejemplo de que mi patrocinado se haya portado de alguna forma que no permita concluir que no iba a permitir el acceso a su domicilio; y claramente, esto no se cumple, porque durante el primer allanamiento se dejó evidencia de que mi patrocinado no presentó ninguna oposición a que se ejecute la medida”, señaló.

En esa línea, enfatizó que los medios de prueba que presentó el Ministerio Público para acreditar el presunto delito, están basados en conversaciones de WhatsApp e imágenes que fueron presentadas por un testigo protegido en USB; y sin pasar por una pericia.

“¿Pero qué pasa acá? Nosotros cuestionamos que estas documentales presentadas por los testigos protegidos son irregulares y no han seguido el procedimiento establecido. Por qué, porque lo que hizo el testigo protegido al presentar este USB es únicamente seleccionar de su celular cierta información, al libre criterio, e incorporarlo con un simple copia y pega a un USB y han sido presentados a la fiscalía”

Junior Mendoza, abogado de Juan José Santiváñez

Aseveró que la fiscalía, recién, ha ordenado realizar un peritaje sobre la información proporcionada por el testigo protegido.

Por ello, solicitó que se declare fundado su recurso de apelación y se revoque la resolución de allanamiento al domicilio de su patrocinado.