Mal redactada, sin sustento técnico e inconstitucional : La nueva amenaza de Perú Libre contra jueces y fiscales que fracasó en el Congreso

El grupo de trabajo, presidido por la agrupación del lápiz, tenía en su agenda de este miércoles 21 de mayo el debate y votación del predictamen que plantea incorporar el artículo 418-A en el Código Penal para sancionar con cárcel a los jueces, fiscales y autoridades políticas y administrativas que “instrumentalicen la justicia”.

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La propuesta —promovida por la perulibrista Kelly Portalatino, conocida por su cercanía al prófugo Vladimir Cerrón— no consiguió el respaldo de la mayoría de integrantes de la Comisión de Justicia, por lo que, para evitar que sea enviada directamente al archivo, Perú Libre pidió que pase a cuarto intermedio.

Como se recuerda, esta agrupación defiende a su líder con el argumento de que es un perseguido político y que las condenas dictadas en su contra responden a una instrumentalización de la justicia.

La propuesta perulibrista, que ahora está en cuarto intermedio, busca debilitar al sistema de justicia bajo el mismo pretexto.

“El juez, el fiscal o cualquier autoridad política o administrativa, que instrumentalice la justicia valiéndose de medios de prueba, de influencia política o ideológica, o de medios de comunicación que tergiversen los hechos reales, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años”, dice el predictamen.

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En los motivos indica que, desde hace poco tiempo atrás, la justicia se está utilizando con fines políticos, con la finalidad de “desacreditar” a opositores. Añade que para ello se está usando medios y elementos de prueba falsos para hacer acusaciones.

Agrega que está “guerra jurídica” o “lawfare” tiene como principal aliado a los medios de comunicación.

“Estos medios de comunicación juegan un papel trascendental en la difusión de la información, e influyen significativamente en la opinión pública respecto de quien es víctima de las acciones delictivas descritas”, dice.

Asimismo, indica que los operadores de justicia “son ineficientes para discriminar la verdad de la mentira” por estar influenciados por los medios de comunicación y las redes sociales.

“Hay que suponer que el operador jurídico (juez, fiscal u otro), según quien redacte la resolución o tenga la información, no vive en una burbuja, mira televisión, escucha la radio, lee el periódico, mira redes sociales, por tanto, se forman un juicio de temas de actualidad, tanto social, político, deportivo e incluso, economía, etc.”, señala.

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La propuesta fue redactada, pese a las opiniones no favorables del Ministerio Público y el Poder Judicial.

La fiscalía recordó que ya existen tipos penales que sancionan a las autoridades de justicia como el abuso de autoridad, prevaricato y detención ilegal. “Que podrían adecuarse a un caso concreto en el que evidencie una conducta delictiva por parte de algún magistrado del Poder Judicial o Ministerio Público”, sostuvo la fiscalía.

Por lo tanto, a su criterio, el proyecto “no resulta coherente”.

Por su parte, el Poder Judicial señaló: “En la exposición de motivos no se ha justificado cómo el incremento de penas propuestos para artículo 418-A resultaría suficiente para erradicar dicha conducta de nuestra sociedad o disminuir su incidencia criminal [...] Por lo que, al no encontrarse una motivación suficiente que justifique la creación de un nuevo tipo penal reiterativo e inmotivado, este deberá ser rechazado”.

Para dicho poder del Estado, esta propuesta “no resulta viable”.

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Se pronunciaron en contra de la propuesta los parlamentarios Susel Paredes (Bloque Democrático), Martha Moyano (Fuerza Popular), Alejandro Muñante (Renovación Popular) y María del Carmen Alva (No agrupados).

Solo la defendieron los perulibristas, Isaac Mita, presidente de la Comisión de Justicia; Kelly Portalatino; Américo Gonza; y Waldemar Cerrón, hermano del prófugo.

Paredes señaló que esta propuesta representa una amenaza para los jueces que, en base a sus criterios de consciencia, dictan determinada sentencia. Opinó que el tipo penal es ambiguo. Finalmente, calificó la iniciativa de inconstitucional.

“Si sometemos a los jueces y fiscales a que pueden ser presos por las decisiones que toman, estaríamos rompiendo lo que dice el artículo 139.2 de la Constitución [...] Esto es muy grave”, remarcó.

A su turno, Moyano adelantó que su bancada no respalda la iniciativa y señaló que el Congreso debe respetar las labores de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC) y la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que son los organismos responsables de sancionar a fiscales y jueces.

Muñante también se opuso y calificó la propuesta de “peligrosa”.

Por su parte, Maricarmen Alva dijo: “Nosotros nos quejamos de que la justicia se ha politizado y ¿qué estamos haciendo? Estamos politizando la justicia [...] Acá tenemos que ser neutrales y objetivos. Mi voto también será en contra”.

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Previamente, Portalatino dijo que para elaborar su proyecto recogió el testimonio de ciudadanos de diferentes regiones que denunciaron el uso instrumentalizado de la justicia. No obstante, no citó ejemplos que sustenten sus afirmaciones.

La perulibrista subrayó que los medios de comunicación cumplen un rol en la instrumentalización y que los magistrados y funcionarios administrativos son altamente expuestos e influidos por información de la prensa y redes sociales.

Cerrón y Gonza se sumaron a la defensa. El último, al notar que no contaban con los votos, pidió que la iniciativa pase a cuarto intermedio. Sin titubear, su colega Isaac Mita, titular de la Comisión de Justicia, aceptó la sugerencia.

Mira aquí el debate:

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En diálogo con El Comercio, los penalistas Gilmar Andía, Luis Vargas Valdivia y Ricardo Elías calificaron la propuesta de peligrosa y ambigua. Advirtieron que es inconstitucional y que, si prospera, ningún juez la podría aplicar.

Andía calificó la propuesta de “aberrante”, “disparatada” y “ambigua”. Por lo tanto, bajo su lectura, no es viable.

“La propuesta no tiene ni pies ni cabeza y tampoco fundamento jurídico. Es un proyecto antitécnico y no podría ser aplicado por ningún juez [...] Lo que están haciendo es su capacidad legislativa para poder generar herramientas con las cuales puedan contraatacar si son investigados, ellos y sus aliados ”, señaló.

Señaló que lo que se pretende, además de sancionar a jueces y fiscales, es mandar a prisión a autoridades políticas y administrativas, entre las cuales están los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones, ONPE, Reniec, gobernadores regionales, alcaldes, entre otros.

“¿Qué es lo que quieren decir? O sea, si, por ejemplo, se denuncia a un congresista por corrupción, ¿el parlamentario podría denunciar a quien lo acusó por instrumentalización de la justicia?”, preguntó.

Bajo la óptica del exministro de Justicia, lo que busca Perú Libre es potenciar la figura de los perseguidos políticos, con lo que Cerrón y personajes como la presidenta Boluarte, Pedro Castillo y los ‘mochasueldos’ podrían acusar a los magistrados de instrumentalización de la justicia.

“La iniciativa es inconstitucional por no cumplir con el principio de legalidad y tipicidad. El tipo penal tiene que ser lo suficientemente claro para que cualquier persona lo pueda entender”, aseveró.

Finalmente, advirtió que, si una propuesta así prospera, mancharía el legajo de los jueces y fiscales, interrupciones a las investigaciones y pérdidas de plazos de investigación.

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A su turno, Vargas Valdivia indicó que la propuesta tiene varios problemas de redacción y carece de sentido.

Subrayó que el Ministerio Público y el Poder Judicial recordaron a la comisión que ya existen tipos penales para sancionar a fiscales y jueces, como el prevaricato y, en el caso de los funcionarios públicos, el delito de abuso de autoridad.

Agregó que tanto la fiscalía como el Poder Judicial calificaron además la propuesta como incoherente e inviable.

“Lo que están buscando es sancionar a jueces y fiscales que se atrevan a procesar. De paso buscan sancionar a los medios de comunicación que, según ellos, tergiversan los hechos [...] Este proyecto no tiene ni pies ni cabeza”, alertó.

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Elías compartió la misma opinión. “Lo que se busca más que amedrentar es tener herramientas disponibles para controlar a los jueces y fiscales”, aseveró.

El penalista también dijo que la norma está mal redactada, carece de sustento técnico y es inconstitucional.

Señaló que, por ejemplo, cuando se habla sobre autoridades políticas, podría tratarse incluso de personas ajenas al aparato estatal, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Lo mismo en el caso de las autoridades administrativas.

Para Elías la expresión “instrumentalización” es ambigua. “El término es tan vago que afecta el principio de legalidad en derecho penal. Para que un delito tenga vigencia desde el punto de vista constitucional, el ciudadano tiene que saber exactamente qué es lo que se prohíbe”, afirmó.

“¿Por qué se sancionaría a un juez que, por ejemplo, sentencia a un congresista que ha cometido actos de corrupción si tiene medios de prueba? Es contradictorio”, acotó.

Por otro lado, remarcó que ya existen tipos penales que sancionan a los jueces que se dejan influenciar en sus decisiones. Asimismo, señaló que la tergiversación de hechos reales también constituye un delito tipificado: la difamación.

“Se busca crear un delito de manera tan general que cualquier ciudadano con algún interés de perjudicar a un fiscal o un juez podría denunciarlos bajo estos supuestos. Es una norma inconstitucional”, apuntó.

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