Francis Allison: “La presidenta no está mostrando liderazgo en la lucha por la seguridad ciudadana”

—Cuatro distritos en Lima han sido declarados en emergencia. Sin embargo, siguen ocurriendo asesinatos. En San Juan de Lurigancho acabarn de asesinar a un subprefecto. ¿Es una medida efectiva la declaratoria de emergencia?

Desde el primer día, expresamos nuestra opinión contraria a los estados de emergencia aislados, que fraccionan a la ciudad y que no obedecen a un plan estratégico. Creo en los estados de emergencia siempre que sean en todo Lima y Callao, porque evidentemente hay continuidad entre ambas provincias y como parte de una estrategia mayor.

—¿Por qué no funcionan de manera aislada?

Se ha demostrado históricamente, como cuando se hizo de manera aislada en el Callao, que no son efectivos. Lo único que hacen es bajar la delincuencia momentáneamente, donde se ha implementado el estado de emergencia y trasladarla a los distritos vecinos. Luego, nuevamente comienza a subir el índice delictivo, y el crimen organizado ha ganado nuevos territorios. Porque cuando retornan a su zona original, lo hacen sin abandonar la nueva zona ganada. En Lince era evidente que que sus calles se iban a llenar de extorsionadores, porque como todos sabemos es un distrito que tiene zonas en donde hay de trata de personas, de proxenetismo manejada por el Tren de Aragua, organización criminal que también se dedica a la extorsión y sicariato. Entonces, lo que está pasando en Lince era algo avisado. Lo que se tiene que hacer para bajar el índice delictivo de extorsiones y muertes es eliminar la prostitución.

—El gobierno ha decidido iniciar por un dispositivo legal para imponer una pena de hasta 30 años por el robo de celulares. ¿Considera esto una medida efectiva?

Estoy de acuerdo con todo lo que sea mantener a los delincuentes el mayor tiempo posible fuera de las calles. Sin embargo, hay que tener presente que la ley sola no funciona, por eso también debemos fortalecer a nuestra PNP. En realidad, lo que ha hecho el Gobierno es elevar las penas para el robo, no para el hurto. No se subió la pena para el que arrebata un teléfono manejando una moto, o quien arrebata un teléfono y se va corriendo. Se ha agravado la pena para quien te encañona, es decir para los delincuentes más peligrosos. También debieron elevar muchísimo la pena a la receptación para destruir el mercado de cosas robadas, lo que no se ha hecho.

—Porque todos sabemos dónde venden celulares robados, pero no se hace mucho.

Básicamente por dos motivos, el primero porque en el Perú, socialmente se ha normalizado el delito de receptación y el segundo por los niveles de corrupción en el país, lo que es grave porque para destruir algunos delitos como la extorsión, se requiere de inteligencia policial, pero para otros delitos, como el de robo de celulares, únicamente se requiere apresar a quienes venden y compran bienes robados y clausurar los respectivos mercados ilícitos. En Magdalena no existen puestos de venta de teléfonos robados porque tenemos una ordenanza de años atrás que nos permite clausurar lugares que venden artículos de dudosa procedencia.

—Estamos hablando de que cada distrito tiene una normativa particular. ¿En la actualidad cada distrito baila con su propio pañuelo?

De acuerdo. A mí lo que me ha preocupa es que muchas autoridades, al ver que ese es un tema importante para los ciudadanos, han pretendido liderarlo, pero con un afán de figurar. Se presentan proyectos de ley que no van a servir para absolutamente nada o acciones netamente populistas. O ver incluso a alcaldes disfrazados prácticamente de policías, como si eso fuera a cambiar el índice delictivo en su jurisdicción. Los problemas serios como la delincuencia deben enfrentarse con estrategia y firmeza.

—¿Se refiere a los dos proyectos que presentó la Municipalidad de Lima, sobre terrorismo urbano y expulsión de extranjeros?

Han sido proyectos inadecuados. El primero respecto al terrorismo urbano, sin darse cuenta, baja las penas a varios delitos. Por ejemplo, proponen penas de 20 a 30 años para el sicariato; sin embargo, hoy la pena mínima es de 25 años y la máxima de cadena perpetua, es decir, al sicario le bajan la pena sin darse cuenta. Lo otro es la extorsión. Si bien la pena mínima de extorsión hoy es menor que la que ellos proponen, la pena máxima en la extorsión, cuando se mata a la víctima, es cadena perpetua, pero en la propuesta se baja a 30 años. Además, las normas legales vigentes ya condenan como terrorismo, con pena no menor a 30 años, a quien use una granada de guerra en la ciudad, es decir, no se requiere nueva norma para sancionar a estos delincuentes. Respecto a la expulsión de extranjeros que delinquen, estoy de acuerdo, pero luego de que cumplan su pena y así el delito no quede impune.

—La sensación es que estamos ante parches legislativos. ¿Cuál es el plan que se necesita?

Intentos de parches. La otra iniciativa de ley de Lima que me ha parecido inadecuada es la de expulsar extranjeros sin cumplir condena. Esta propuesta suena aplaudible, pero es totalmente negativa. Eso se llama impunidad y convertiríamos a nuestro país en el paraíso de los delincuentes extranjeros, ya que único castigo que se les daría es un pasaje gratuito a su país y por la porosidad de nuestras fronteras, a los pocos días reingresarán al Perú para volver a delinquir. El Código Penal, que es de 1991, ya contempla la expulsión de extranjeros en su artículo 30 luego de cumplir la condena.

—¿Se puede decir que la ola delincuencia nos traido un ola de populismo punitivo?

Sin duda alguna. Todo el mundo presenta propuestas legislativas sin darse cuenta que en algunos casos pueden ser incluso contraproducentes.

—Estamos hablando de incluir ciertos elementos cada cierto tiempo sin un plan integral.

La presidenta está dándole a la seguridad ciudadana el mismo peso que a cualquier otro problema del país. Hay problemas muy importantes que resolver, pero para la mayoría de peruanos, la inseguridad es el problema número uno. La Constitución dice que el fin supremo del Estado es la protección de la persona humana. Un gobierno debe tener lineamientos, planificación y objetivos claros. La presidenta no está mostrando liderazgo en la lucha por la seguridad ciudadana. El liderazgo lo debe asumir ella como primera mandataria, quien tiene obviamente el don de mando sobre ministros, viceministros, y todo el aparato estatal. Donde yo sí veo que hay un esfuerzo es en el actual ministro del Interior, quien busca conseguir resultados, pero evidentemente ese esfuerzo cae en saco roto porque no se está apoyando de manera decidida a nuestra PNP, sin este apoyo no ganaremos la guerra contra la delincuencia común y el crimen organizado que cuenta con estructura, dinero, armas y apoyo legal.

—¿Por dónde debería apuntar el liderazgo de la presidenta?

Es fundamental invertir dinero en logística e inteligencia policial, porque ya estamos hablando de crimen organizado internacional, transnacional de Ecuador, Colombia, Venezuela y Brasil que se han atrevido a pisar nuestro país, este tipo de crimen no se resuelve sin inteligencia. Al igual que destruimos a Sendero y al MRTA con el grupo GEIN, hoy nuevamente tenemos que formar un grupo especial de inteligencia que tenga como objetivo único destruir al crimen organizado. También invertir en los laboratorios de criminalística que están abandonados, porque en ellos se procesan las pruebas que servirán para obtener las condenas. Y un cuarto punto es el tema de la seguridad jurídica de la policía. Hemos visto muchas veces a policías que han ido presos por disparar a delincuentes armados y eso es absolutamente inadecuado. En los países desarrollados, la policía tiene la obligación de abatir a un delincuente armado que no suelta el arma cuando la autoridad se lo ordena.

—¿Está de acuerdo con el proyecto de legítima defensa que se aprobó en el Congreso?

La legítima defensa que está regulada en nuestro código penal, también ha sido modificada antes, no porque estaba mal redactada, sino por la mala interpretación de algunos fiscales y jueces. Sin embargo, me preocupa que, por el afán de seguir modificando las leyes, terminemos cometiendo errores que perjudican a los ciudadanos que con todo el derecho defienden su vida en legítima defensa.

—En el tema de inversión en materia de seguridad ciudadana, ¿qué está fallando?

Algo que ha hecho mucho daño al país es la prohibición de la reelección. La no reelección ha significado que cada cuatro años entren nuevas autoridades a aprender y a formar nuevos equipos que no conocen de gestión pública. Por eso vemos que somos pocas las municipalidades que hemos podido comprar motos, carros y dar prioridad a lo más importante que es la seguridad ciudadana. ¿De qué sirve un distrito con jardines verdes, con las calles limpias, con campos deportivos, donde te asaltan en cada esquina?

—¿La Municipalidad de Lima tiene como prioridad la seguridad ciudadana?

Creo que no. Creo que las prioridades para Rafael López Aliaga han sido temas importantes también, como el agua, como los peajes, pero no ha mostrado liderazgo en seguridad ciudadana; sin embargo, no debemos olvidar que la seguridad ciudadana no fue su principal propuesta de campaña y así fue elegido alcalde.

—¿Perjudicó a los alcaldes esperar las 10.000 motos que prometió el alcalde de Lima? Este dijo que serían 4.000 motos para finaldes de año, pero ya especificó que solo llegarán 400 motos en diciembre y las 4.000 recién estarán para marzo del 2024.

Eso es justamente la falta de experiencia. Cualquiera que tenga experiencia en administración pública sabe que una compra de miles de motos no iba a concretarse en menos de un año y la delincuencia no puede tener tanto espacio para delinquir. Esperar más de un año unas motos que va a adquirir vía leasing otro municipio, me parece un grave error, por ello este año en Magdalena ya adquirimos una nueva flota vehicular de motos y camionetas para reforzar la seguridad ciudadana.

—¿El alquiler es un mecanismo que las municipalidades tienen la capacidad para manejar?

Creo que la mayor parte de motos que traiga el alcalde de Lima tiene que ir a la Policía Nacional del Perú. Porque la Policía tiene el 47% de la flota vehicular malograda lo que significa que la institución policial ya cuenta con efectivos que manejarán dichas unidades, previa capacitación y con la gasolina que le sobra de la flota malograda. La adquisición que está realizando la MML son de motos vía leasing que incluye el mantenimiento de las unidades, lo que significa que ya tenemos los efectivos policiales armados que las van a manejar, la gasolina y el mantenimiento asegurado, lo que es sumamente interesante.

—¿Y por qué no funcionaría en las municipalidades?

Por el costo de los choferes y de la gasolina ya que, si no pudiste comprar la moto porque no tienes recursos, tampoco vas a mantener la operatividad de las mismas, toda vez que para cada unidad, se debe contratar choferes para 3 turnos de al menos 1.500 soles cada uno, lo que significa que en dos meses y medio en promedio el pago del personal sería mayor a la adquisición de la unidad, eso sin contar la gasolina, entre otros gastos.

—¿Debería darse una gran reunión de autoridades? Presidenta, alcaldes, y demás autoridades involucradas.

Antes por ley, era el Presidente de la República quien presidía el Conasec (Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana), si bien la norma ya no tiene este mandato, considero que nuestra presidenta debe convocar a las autoridades más importantes del país, como el Presidente de la Corte Suprema, la Fiscal de la Nación y otros para tomar decisiones importantes en materia de seguridad ciudadana.

—¿Cuándo fue la última vez que los convocó?

No recuerdo que haya habido ninguna reunión general con alcaldes. Yo sí me he reunido con ella. Quizás las revueltas sociales y otro tipo de problemas del país la han tenido ocupada en otros temas. Pero, repito, más importante es la seguridad ciudadana. Además la economía peruana está cayendo, y hay que entender que sin seguridad ciudadana no hay inversión privada. El empresario no quiere comenzar un nuevo negocio porque inmediatamente es asaltado o es extorsionado, mientras que otros vienen cerrando los que ya tenían. Sin seguridad ciudadana, no hay inversión privada ni crecimiento económico.

—Entrando a un terreno más político, se ha visto una foto suya como nueva autoridad en APP. ¿Qué rol está asumiendo?

Soy miembro del Comité Político de partido y últimamente se me ha encargado el trabajo político de Lima, eso me entusiasma porque considero que uno de los grandes problemas del Perú ha sido la autodestrucción de los partidos políticos. Nuestra democracia seguirá siendo débil si los partidos políticos no son fuertes. Todos los partidos, sin excepción, han cometido errores. Es hora de convocar a las juventudes y nuevos cuadros, capacitarlos y de esta forma tener partidos vivos que utilicen la política como una herramienta para la transformación positiva de la vida de los peruanos.

—¿Cuál es su receta para lograr todo eso? Porque Lima siempre ha sido un lugar esquivo para APP.

La política se basa en buscar el bien común. El partido está enfocado en eso. En las últimas elecciones fuimos el segundo partido con más alcaldes electos de Lima y el segundo a nivel nacional. No cabe duda que los alcaldes de APP de Lima vienen haciendo una buena labor. En las próximas elecciones también tendremos candidatos elegidos por meritocracia.

—La gran pregunta que siempre surge es: ¿cómo se logra la meritocracia en un partido donde termina pesando e imponiéndose el apellido Acuña?

No solo se trata de ganar elecciones, sino de asumir cargos para impactar positivamente en la vida de las comunidades que representamos, sino cuál es el sentido de la política, ¿no?

—¿Este encargo que usted recibió para Lima se puede tomar como una anticipación de que usted sería el candidato de APP para la Municipalidad de Lima?

No necesariamente. Por lo mismo que acabo de anunciar, que creemos en la meritocracia. Creemos que debe haber elecciones internas. En Argentina, por ejemplo, la elección primaria es una obligación que nadie cuestiona, mientras que en Perú cada vez que se acerca una nueva elección se emite una ley para suspenderla, queda claro entonces que los partidos políticos tienen que prepararse con anticipación para que en la siguiente elección se respeten las primarias, la democracia partidaria y se incorporen nuevos cuadros.

—Replanteo. ¿Francis Allison está dispuesto a someterse a unas primarias para ser el candidato para Lima de APP?

Napoleón decía que es mal soldado el que no quiere ser general. Por supuesto que todos los políticos queremos crecer entendiendo que, más importante que el cargo que se ocupa, es lo que puedes hacer desde el en favor de los demás, por ejemplo, en el tema de seguridad ciudadana.

—¿Hasta qué punto hablar de gobernabilidad con, precisamente con una Presidenta que no muestra liderazgo? La gobernabilidad es algo que siempre se repite en APP pero sin mayores resultados.

De acuerdo y es por dicho motivo que la presidenta debe dejar que se le ayude, porque creo firmemente que debe mantenerse en el cargo hasta el 2026, porque la inestabilidad política, que viene de años atrás, está destruyendo nuestro país.

—¿El plan Bukele es aplicable en Perú?

No, eso es un engaña muchachos. No entiendo a los alcaldes que van a El Salvador a tomarse fotos respecto a un plan que es inaplicable en el Perú. Acá tenemos que aplicar lo que ya hicimos. El Perú ya demostró que tiene la capacidad y a la mejor policía cuando se le apoya. Lo que hicimos para combatir a Sendero y al MRTA, fue tener liderazgos claros, fortalecer la inteligencia de la PNP, identificar y eliminar la corrupción que lamentablemente existe en algunos operadores de justicia, entre otras cosas también debemos aplicar normas duras y construir nuevas cárceles con aislamiento. Qué duda cabe que líderes de bandas internacionales de crimen organizado deben estar en cárceles en aislamiento. Ya lo hicimos, solo hay que copiar lo bueno que ya hemos hecho.