Fuerza Popular: "Fiscales no han obtenido ningún elemento nuevo de Brasil"

El Comité Ejecutivo Nacional, la bancada y dirigentes de Fuerza Popular protestaron hoy, a través de un comunicado, contra la detención preliminar de su lideresa Keiko Fujimori por el Caso Odebrecht, ordenada por el Poder Judicial a pedido de la fiscalía. 

En el texto, suscrito por el secretario general del partido José Chlimper, aseguran que se trata de una "evidente persecución política" contra la ex candidata presidencial y que el Ministerio Público "no ha obtenido" ninguna prueba más contra ella para ordenar la detención.

Por esa razón, consideran que la medida es "arbitraria y desproporcional". 

"Los fiscales no han obtenido ningún elemento nuevo en Brasil que se haya incorporado en la carpeta fiscal que haya sido invocado y amerite esta desproporcional orden de prisión preventiva [sic], más aún considerando que no existe documento alguno o declaración de los directivos que esta detención es injusta y arbitraria", señalan en su comunicado.

Sobre el peligro de fuga que para el juez tendría Keiko Fujimori, desde su organización política –investigada también por ser una presunta organización criminal– manifestaron que la ex candidata tiene familia, esposo, hijas y es empleada del partido "tal como figura en la planilla". 

"Tiene un historia de 18 años de colaborar con la justicia, nunca obstaculizó el allanamiento al local de Fuerza Popular tal como falsamente afirma el fiscal y consta en las actas del mismo expediente", agregaron. 

Finalmente, la dirigencia y bancada de Fuerza Popular invocaron a las fuerzas democráticas y a la comunidad internacional "a mantenerse alerta ante este atentado contra la democracia y la institucionalidad".

El juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, ordenó la detención preliminar de lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otras 19 personas, entre ellas los ex ministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya Camare, por un plazo de diez días por el presunto delito de lavado de activos.

Concepción Carhuancho adoptó esta medida tras una solicitud formulada por el fiscal José Domingo Pérez, quien investiga a Fujimori Higuchi por los aportes que recibió su partido político para la campaña presidencial del 2011, entre ellos el supuesto financiamiento de la constructora brasileña Odebrecht.