Fuerza Popular y el pedido de la fiscalía de la Nación para declarar su ilegalidad: ¿Cuál es la situación del proceso?

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Como se recuerda, la demanda fue interpuesta por el Ministerio Público bajo el argumento de que el partido presuntamente habría desarrollado actividades contrarias a los principios democráticos, consistentes en la vulneración sistemática de las libertades y derechos fundamentales

El pedido fiscal será resuelto por la Quinta Sala De Derecho Constitucional y Social Transitoria, que integran los magistrados supremos Yenny Delgado Aybar, Hilda Tovar Buendía, y Luis Gutiérrez Remón.

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A través de la resolución judicial, recientemente notificada, se dispuso correr traslado de la demanda en contra de Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, a fin de que ejerza su derecho a contestar las acusaciones.

“Dando cuenta; al escrito de fecha dieciocho de septiembre de dos mil veinticinco, presentado por la Fiscalía de la Nación, solicitando la Declaración de Ilegalidad de la Organización Política Fuerza Popular, de conformidad con lo establecido en el artículo 14° de la Ley de Organizaciones Políticas – Ley N.°28094, entre otras pretensiones. En tal sentido, córrase traslado al Representante Legal de la Organización Política Fuerza Popular, a fin de que, en el plazo de cinco días, cumpla con ejercer su derecho.”

Quinta Sala De Derecho Constitucional y Social Transitoria

Una vez que el partido responda a la demanda, el colegiado debe programar la fecha de la audiencia pública, donde analizará el pedido.

En un caso similar, vinculado a la declaración de legalidad del partido “Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros” de Antauro Humala, la justicia procesó el caso en un plazo de seis meses, desde que se presentó la demanda en julio del 2024 hasta enero del 2025 que se ratificó su ilegalidad.

Este Diario solicitó el pronunciamiento del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, respecto a si seguirá adelante con la demanda, pero no obtuvimos respuesta hasta el cierre de este informe.

La demanda de ilegalidad fue interpuesta por la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

El requerimiento solicita que la Corte Suprema declare la cancelación de la inscripción de Fuerza Popular del Registro de Organizaciones Políticas, del Jurado Nacional de Elecciones y de cualquier otro registro.

Se disponga, además, el cierre de los locales partidarios de FP, y se decrete la imposibilidad de su reinscripción.

En diálogo con El Comercio, el abogado David León, quien ejerce la defensa legal de Fuerza Popular, señaló que aún no han sido notificados con la decisión de la Sala Suprema para correrle traslado de la demanda de ilegalidad.

Indicó que una vez ello suceda procederán a analizar el documento y tomar las decisiones correspondientes.

León Flores señaló, no obstante, que a través de los medios de prensa han tomado conocimiento sobre algunos argumentos señalados por la Fiscalía de la Nación para sustentar su pedido.

En esa línea, señaló que cuando corresponda defenderán “el ideario, la doctrina y la ideología del partido” puesto que son democráticos y es que por ello han venido participando políticamente en democracia.

Si bien, indicó, existe un sector que no está de acuerdo con Fuerza Popular, eso no califica ni justifica que se anule a un partido político.

“El Tribunal Constitucional, incluso, ha reafirmado la necesidad de que los partidos políticos participen y tengan una presencia en el Estado Democrático del derecho. Entonces, en términos generales de lo que he escuchado en la prensa, no hay base para que procedan ese tipo de pedidos. Sin embargo, formalmente, hablando sobre el tema de fondo, no me han notificado del requerimiento. Pero, en cuanto lo hagan, vamos a defender la filosofía, la ideología partidaria que siempre ha sido democrática en todo momento”.

David León Flores, abogado de Fuerza Popular

El abogado rechazó cualquier comparación que se quiera hacer de Fuerza Popular, con lo ocurrido con el partido de Antauro Humala (A.N.T.A.U.R.O), que fue cancelado y extinguido por la Corte Suprema.

León Flores fue tajante al rechazar cualquier similitud, señalando que en el caso del partido del sentenciado etnocacerista, su filosofía y su ideología estaban en cuestionamiento por ser peligrosas.

“Para el Poder Judicial, el partido cancelado de Antauro Humala, tenía una ideología y pensamiento que eran peligrosos para el Estado democrático y entiendo que así lo han valorado para tomar la decisión. En el caso de Fuerza Popular no es así, no tiene una filosofía violentista, no tiene ideología o doctrina violentistas, ni quiere romper con el Estado o el sistema democrático. Las personas pueden estar a favor o pueden opinar en contra, pero eso no justifica su inexistencia o cancelación. Querer interpretar muy ligeramente ese artículo puede terminar convirtiéndose en un veto de ideologías políticas, algo contrario al Estado de derecho y a la vida en democracia.”

David León Flores, abogado de Fuerza Popular

Por su parte, la excongresista y abogada Martha Chávez, personera legal del partido FP, señaló que no tenía conocimiento si ya habían sido notificados por la Corte Suprema.

En setiembre el último, la Fiscalía de la Nación presentó el requerimiento para que se declare la ilegalidad del partido Fuerza Popular, amparado en el Artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas, que faculta a la Fiscalía de la Nación y el Defensor del Pueblo para velar por que los partidos políticos no sean contrarios a los principios democráticos.

Para ello, la FN postuló sus argumentos basados en cuatro presuntas violaciones democráticas por parte del partido liderado Keiko Fujimori.

En esa línea, la fiscalía señala que habría “promovido atentados” contra la integridad de magistrados, funcionarios públicos, opositores políticos, periodistas y medios de prensa independientes, así como sociedad civil organizada, y la persecución de estas personas por razón de su función pública, posición política, profesión y/u opinión.

Entre los afectados con dicha actuación, adujo la fiscalía, se encontraban la fiscal suprema Zoraida Ávalos, el fiscal José Domino Pérez, el expresidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, el jefe de la Onpe Piero Corvetto, entre otros.

También habría “promovido la exclusión” de congresistas (militantes e invitados) de su bancada por razón de disidencia política/libertad de conciencia y no someterse a la disciplina partidaria.

Entre ellos, la fiscalía mencionó la situación de Kenji Fujimori, hermano de la lideresa de FP, quien renunció al partido junto con los denominados “Avengers”, entre otros.

Junto a ello, señaló la FN, se cuestiona su papel frente a los atentados contra la vida e integridad de las víctimas del conflicto armado interno (1990-2000)

Por ejemplo, indicó la fiscalía, esta línea se podría comprobar con los proyectos 6951/2023-CR (Ley N.º 32107) y 7549/2023-CR (Ley N.º 32419), para favorecer la impunidad de procesados/sentenciados por graves violaciones a los derechos humanos, que además habilita la amnistía para los militares procesados por dicho delito.

Finalmente, la FN sostiene que el partido habría “legitimado” la violencia como método para la consecución de objetivos políticos, lo que estaría vinculado a las agrupaciones como “la resistencia”, “Los Combatientes”, “La Insurgencia” y “Los Patriotas” que ejercen hostigamiento sistemático contra opositores partidarios.

¿Cómo respondió Keiko Fujimori y el partido al pedido fiscal?

Tras conocerse el pedido fiscal, Keiko Fujimori calificó la medida de “abiertamente antidemocrática”.

“Nos investigaron 10 años y no encontraron nada. ¡1000 veces han querido desaparecer al fujimorismo y nunca lo lograron! ¿Ahora creen que con este pedido nos quitarán el respaldo del pueblo?”, escribió en la red social X. Señaló que Delia Espinoza, por aquel momento fiscal de la Nación, usa su cargo para desviar la atención del proceso que enfrenta en la Junta Nacional de Justicia. “Alertamos a la comunidad internacional sobre este grave atentado contra la democracia que intenta perpetrar una fiscal politizada”, exclamó.

Por su parte, el secretario general deFP, Luis Galarreta, denunció un boicot contra las elecciones.

“La fiscal de la Nación está en falta grave constitucional queriendo boicotear el proceso electoral. [...] Es ensuciar la democracia y politizar su caso. Tenemos claro que ya no hay fiscal de la Nación”, dijo en diálogo con El Comercio.

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