Hace unos días asumió el nuevo presidente –un juez mexicano– de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En un mes, el tribunal escuchará a las partes y se pronunciará sobre el indulto. (Foto: Alessandro Currarino/El Comercio)
Hace unos días asumió el nuevo presidente –un juez mexicano– de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En un mes, el tribunal escuchará a las partes y se pronunciará sobre el indulto. (Foto: Alessandro Currarino/El Comercio)

El 2 de febrero, en menos de un mes, los reflectores estarán puestos en la ciudad de San José de Costa Rica, donde los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos () tendrán una audiencia extraordinaria. El tribunal evaluará si el indulto humanitario al ex presidente es una decisión que va en contra de las sentencias por violación de los derechos humanos en los casos La Cantuta y Barrios Altos.

El reglamento de la Corte IDH indica en su artículo 69 que la supervisión de sus sentencias se realizará mediante la presentación de informes estatales y de las observaciones por parte de las víctimas. Esto es precisamente lo que hicieron los abogados de los deudos días después de conocerse la decisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski.

“Lo que se va a debatir es si esta medida es política o si efectivamente se trata de un indulto humanitario”, precisó Carlos Rivera, abogado de los familiares de las víctimas.

La pregunta más importante que ha surgido desde que se presentó este pedido es si la Corte IDH puede anular el indulto a Fujimori si se determinara que este contraviene la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el llamado Pacto de San José.
Las opiniones legales son distintas.

Para el abogado Aníbal Quiroga, la Corte IDH sí puede ordenar al Estado Peruano que anule el indulto. Remarcó que en el 2012 el tribunal interamericano pidió al Perú corregir o anular una resolución de la Corte Suprema que retiraba la calificación de lesa humanidad a los crímenes del grupo Colina. Finalmente, el Poder Judicial eliminó esta resolución.

“Lo que dice la ley peruana es que las sentencias de la corte se cumplen tal como son. Si al indulto lo declaran nulo, es inexistente. [Fujimori] tendría que regresar a cumplir su sentencia”, afirmó Quiroga.

El experto constitucionalista consideró que el Estado Peruano tendrá que hacer una “buena defensa” y explicar por qué el indulto no está en contra de la jurisprudencia de la corte. “Pero si esta dice que es nulo, tendrá que acatarlo. No hay ni un solo fallo que el Perú no haya acatado”, agregó.

Una posición diferente tiene el ex procurador anticorrupción César Azabache, quien años atrás ha sido parte de la defensa del Estado ante la Corte IDH. “Puede hasta declarar que el indulto, en las condiciones en que se ha otorgado, es incompatible con la convención. Pero no veo probable que ordene que Fujimori vaya a prisión”, señaló.

Azabache coincidió con Quiroga sobre el acatamiento de las resoluciones de la Corte IDH y las consecuencias que podría tener para el Perú si se niega a aceptarlas. “Pasaría a ser considerado en el sistema como un Estado de conducta semejante a la de Venezuela. Aplicar a la OCDE se vuelve casi imposible”, dijo.

—Sin defensa titular—
Actualmente, el abogado Luis Huerta está a cargo de la procuraduría supranacional y sería quien represente al Estado ante la Corte IDH. Sin embargo, no es titular en este puesto. “Estoy en un limbo. Si el indulto se trata de la decisión más importante de su vida, [el presidente] con mayor razón debería tomar una decisión urgente sobre quién va a asumir la defensa”, dijo a este Diario.

En entrevista telefónica, Huerta aseguró a El Comercio que la Corte IDH sí puede anular el indulto. Remarcó que el Caso Barrios Altos es “emblemático y sensible” para el tribunal y reiteró que toda resolución es “de obligatorio cumplimiento”.

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