Gobernador de Tumbes con prisión preventiva: dos candidatos de APP figuran en la investigación por presunta red criminal

En ese mismo expediente figuran dos candidatos al Congreso por Alianza para el Progreso (APP): Britty López León, quien postula como diputada, y Wilmer Benites Porras, aspirante al Senado por Tumbes. La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos de Tumbes los ubica como parte del entorno más cercano del gobernador.

​Según el expediente fiscal, al que accedió El Comercio, López habría empleado dinero ilícito para adquirir bienes a su nombre y ocultar al verdadero beneficiario. Ella fue proveedora de servicios en el Gobierno Regional de Tumbes desde el inicio de la gestión de Cruces: entre febrero del 2023 y noviembre del 2025. En total, las órdenes a su favor suman S/155.000 por “asistencia técnica en ingeniería”.

En ese mismo período, adquirió una motocicleta por US$2.282 y un vehículo Toyota Raize 2025 valorizado en US$16.000, que –según la tesis fiscal– serían producto de dinero proveniente de sobornos de empresas proveedoras. López subrayó que fueron comprados con ingresos de su trabajo en el sector privado “de forma legal”. “Lo hemos demostrado ante las autoridades con vouchers y contratos”, afirmó.

Reconoció que ingresó al gobierno regional por “temas políticos”, pero dijo que también fue por su profesión. “Hemos estado con el gobernador en campaña, hemos caminado, y toda la gente que ingresa siempre es un poco por temas políticos”, sostuvo.

El Comercio también identificó que, al igual que ella, su madre, Lilia León Moreyra, brindó servicios al gobierno regional por un total de S/126.000. Además, en el 2000, fundó junto con el gobernador la empresa Constructora Nuevo Horizonte S.A.C. “Mi mamá trabaja desde antes con el ingeniero Cruces. Por un tema de confianza, es que entra al gobierno regional”, acotó.

También se atribuye que parte del dinero ilícito habría sido destinado al financiamiento político de APP. En un USB incautado a Cruces se halló una imagen que contenía una hoja con anotaciones manuscritas de un presupuesto que, según la fiscalía, “habría sido utilizado para eventos relacionados a la campaña política de Britty López”.

El documento añade que la finalidad habría sido “mantener un nexo dentro del Congreso a fin de que este [el gobernador] no sea fiscalizado”. Ante ello, López señaló que su campaña se financia con aportes propios y colaboraciones en especie que serán reportadas a la ONPE.

Como parte de la investigación, un colaborador eficaz declaró que, en el 2023, el otro implicado, Wilmer Benites, y el gobernador se reunieron con representantes de una empresa para recibir un soborno tras la firma del contrato de obra. La fiscalía presume que dicha empresa estaría vinculada al entorno del gobernador, debido a que se halló documentación en un inmueble relacionado con su familia.

Consultado por este Diario, Benites reconoció la reunión asegurando que se trató de una visita para “conocer el domicilio con quienes estamos contratando”. Según la fiscalía, él habría sido el encargado de transportar el dinero de los sobornos. “Estoy tranquilo en el sentido de que no van a hallar nada de eso”, afirmó, y dijo confiar en que su caso será archivado.

Este Diario también identificó que su hermana, Marly Benites Porras, brindó servicios al gobierno regional, pero él alegó no tener conocimiento y negó haber intervenido en su proceso de contratación.

Unidad de Investigación