Gobierno destituye a 312 subprefectos: ¿Cómo impacta la medida frente a nombramientos de Pedro Castillo?

A dos semanas y media de la vacancia del expresidente Pedro Castillo, luego de que este diera un golpe de Estado, el gobierno de Dina Boluarte destituyó a 312 subprefectos distritales en 23 regiones del país. Este movimiento puede ser interpretado como el desmantelamiento de la red de operadores políticos que el hoy detenido ex jefe de Estado construyó en casi un año y medio de mandato.

La región donde se registró mayor cantidad de ceses fue Ayacucho con 46. Precisamente, las protestas en contra de la administración de Boluarte Zegarra y el Congreso dejaron 10 fallecidos en esa zona del país. Las muertes de estos ciudadanos son investigadas por el Ministerio Público.

En San Martín (34), Junín (33), Puno (31), Cajamarca (19), Lima Provincias (17) y Huancavelica (15) también hubo un alto número de subprefectos distritales destituidos.

La Resolución Directoral Nº403-2022-IN-VOI-DGIN –firmada por Benigna del Carmen Aguilar, directoria general de Gobierno Interior del Ministerio del Interior (Mininter)– dispuso, además, que las autoridades cesadas “deberán formular y presentar las declaraciones juradas de bienes y rentas”, así como de intereses.

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Durante su gobierno, Castillo Terrones nombró como prefectos y subprefectos a docentes relacionados al Fenatep, sindicato que derivó del Conare-Sutep, la facción más radical del magisterio. También a personas relacionadas a Perú Libre e, incluso, a firmantes de los planillones del Movadef, el brazo político del grupo terrorista Sendero Luminoso.

Por ejemplo, una de los 312 subprefectos removidos ayer es la de La Victoria, Jesusa Ccori Fundar. Ella- según informó la Unidad de Investigación de El Comercio-respaldó con su rúbrica la solicitud del Movadef para ser partido político.

En mayo último, EC Data advirtió que el 41% de los prefectos y subprefectos nombrados por el gobierno castillista militaban en el partido del lápiz.

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Operadores y azuzadores

El exministro del Interior Rubén Vargas explicó que Castillo Terrones se encontraba en el proceso de construir un partido político que tenga como base social a los sectores vinculados a la minería y coca ilegal. Agregó que los operadores de este proyecto eran principalmente los referidos funcionarios de Gobierno Interior del Mininter.

En diálogo con este Diario, Vargas también refirió que los prefectos y subprefectos “atizaron” las protestas violentas en contra del gobierno de Boluarte y del Congreso.

“Ha quedado claro cuál es el papel que han jugado, ellos han atizado los actos de violencia junto con [infiltrados] del Movadef. Otro acto que debe realizar esta administración es revisar la legalidad del reconocimiento como sindicato al Fenatep. Se tiene que evaluar si cumple con los objetivos de un sindicato”, manifestó.

Vargas señaló que los fondos públicos no pueden servir para financiar a “radicales” que azuzan la violencia en contra de la democracia y el Estado de derecho.

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El ex viceministro de Seguridad Pública del Mininter, Ricardo Valdés, dijo que la destitución de 312 subprefectos distritales “definitivamente” significa que el gobierno de Boluarte está desmantelando la red de operadores políticos de Castillo Terrones.

“Castillo quería organizar su propia base social y para eso necesitaba tener conductores políticos en todo el país. Y por ello, nombró a Íber Maraví para regulizar la situación del Fenatep. La intención del expresidente era tener a personas que lo ayuden a ordenar una base social, y que este le dé su apoyo en situaciones límite, como la del 7 de diciembre”, remarcó.

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Valdés opinó que la salida de los prefectos y subprefectos nombrados por Castillo se enmarca dentro de una estrategia general del gobierno para reducir las protestas violentas.

“Esto supone dejar sin operadores rentados [a las manifestaciones], estas personas trabajaban a favor de la imagen del expresidente en las zonas donde se encontraban, mal haría la señora Boluarte en dejar a autoridades que no apoyan la paz social ni median en los conflictos, como es parte de su tarea, sino, al contrario, azuzan”, subrayó.

“Y en esa línea, la presidenta debe continuar [con estas destituciones] no solo de prefectos y subprefectos, sino en otros sectores, como Trabajo, Educación y Salud, porque hay muchos lugares donde ingresaron personas no calificadas como parte del pago de un favor político”, agregó.

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Más información

El último 15 de diciembre, el Mininter oficializó el cese de 24 prefectos regionales. Uno de ellos era el de Apurímac, Eliseo Huamaní Curihuamaní, quien es parte del Fenatep.

A inicios de noviembre, la Comisión de Descentralización del Parlamento aprobó un dictamen para eliminar los cargos de prefectos y subprefectos. La propuesta aún está pendiente de debate y votación en el pleno.