Martín Vizcarra subrayó obligación del Estado en enfrentar la violencia contra la mujer. (FOTO: USI)
Martín Vizcarra subrayó obligación del Estado en enfrentar la violencia contra la mujer. (FOTO: USI)
Rocío La Rosa Vásquez

Periodista

rocio.larosa@comercio.com.pe

El Gobierno viene evaluando los alcances de la autógrafa de la ley de ejecución humanitaria de pena que aprobó el Pleno del Congreso y que beneficiaría al ex mandatario . De acuerdo a fuentes del Ejecutivo, se está analizando si la norma es constitucional y lo más probable es que el presidente la observe. 

El despacho del presidente recibió el último viernes a las 2:30 p.m. la autógrafa de la ley y ahora Vizcarra tiene 15 días para promulgarla u observarla. El plazo termina el lunes 5 de noviembre.

En diálogo con este Diario la vicepresidenta de la República Mercedes Araoz comentó que el Ejecutivo debe observar la norma porque contiene varios errores. Mencionó, por ejemplo, que esta hace referencia a un convenio sobre derechos humanos del adulto mayor que no está vigente. Agregó que tampoco contempla cambios en la denominación de delitos, lo que permitiría que algunos delincuentes que fueron juzgados bajo un título penal diferente puedan ser liberados.

Sobre la postura de la bancada Peruanos por el Kambio, su vocero  Jorge Meléndez informó que la bancada no tiene una postura colegiada y se ha dado libertad a sus miembros sobre el tema. En lo personal, consideró que sí debe ser observada porque amerita una revisión más profunda.

Meléndez cuestionó que la iniciativa no se haya discutido en la Comisión de Justicia debido a su complejidad. "Como involucraba decisiones del Poder Judicial, se necesitaba la opinión técnica de este poder del Estado", refirió, a la vez que dijo se debe conocer la lista de quienes serían los posibles beneficiados, entre quienes se encontraría Vladimiro Montesinos.

Sería discriminatoria
​Consultado sobre el tema, el constitucionalista Víctor García Toma señaló que la autógrafa podría ser observada por Martín Vizcarra argumentando que la política de grilletes electrónicos no está plenamente implementada en el país. 

Además, advirtió que esta autógrafa de ley es discriminatoria porque señala que el uso de los grilletes electrónicos será para aquellos reclusos que puedan pagar el dispositivo.

También subrayó que de acuerdo al artículo 103 de la Constitución, se pueden dar leyes "por la naturaleza de las cosas", pero no por la calidad de las personas. "Evidentemente la circunstancias indican que esta ley era para impedir que Alberto Fujimori volviera a la reclusión", añadió.

García Toma recordó que los familiares de las víctimas ya recurrieron al sistema interamericano pidiendo un control de convencionalidad de cumplimiento de las penas en los casos Barrios Altos y La Cantuta, y el juez ha señalado que la pena se debe cumplir de manera íntegra.

"(Su promulgación) implicará que los deudos vayan nuevamente al sistema interamericano y el caso vuelva a ser objeto de revisión", consideró.

Además, señaló que en caso la norma no sea observada o se apruebe por insistencia, quienes se oponen pueden presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

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