Gobierno recicla a Gustavo Adrianzén: Polémicas y cuestionamientos del nuevo representante permanente del Perú ante la ONU

El Consejo de Ministros, que preside Eduardo Arana, aprobó designar a Gustavo Adrianzén como representante permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuya sede se encuentra en Nueva York, Estados Unidos.

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Adrianzén - quien renunció a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para evitar ser censurado por el Congreso - se convierte en el cuarto ministro que el gobierno de Boluarte recicla para otro cargo. La misma suerte corrieron Juan José Santiváñez, Leslie Urteaga y Julio Demartini, extitulares de las carteras de Interior, Cultura y Desarrollo e Inclusión Social, respectivamente.

Como informó este Diario, el exjefe de Gabinete Ministerial se reunió con la presidenta en Palacio de Gobierno durante más de 30 minutos el pasado lunes 26 de mayo.

El elegido representante del Perú ante la ONU ya cuenta con experiencia en cargos diplomáticos, pues antes de convertirse en el tercer primer ministro de la era Boluarte se desempeñó como representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington D. C. (EE.UU.).

Adrianzén se convirtió el titular de la PCM en marzo del 2024 en reemplazo de Alberto Otárola. Su paso por el Ejecutivo estuvo marcado por polémicas y cuestionamientos. Una de ellas, incluso le costó el cargo.

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A finales de abril, en medio de la crisis de inseguridad que vive el país y el crecimiento de la minería ilegal, Adrianzén negó que un grupo de trabajadores de una minera en Pataz (La Libertad) hayan sido secuestrados.

No obstante, una semana después se conoció que el hecho sí ocurrió y que los 13 trabajadores de seguridad habían sido asesinados por una banda criminal vinculada a la minería ilegal. Tras conocerse la noticia, las voces que pedían la censura del entonces primer ministro crecieron en el Parlamento, mientras que él intentaba justificar sus primeras declaraciones.

“El 30 dijimos que tuvimos contacto directo con la minera Poderosa y ellos han descartado que pudiera tratarse de trabajadores de ellos. Y por supuesto tenemos cómo acreditarlo”, resaltó en conferencia de prensa.

“Esto demuestra que ha habido actividad y disposición de las autoridades para la búsqueda de quienes hasta en ese momento estaban en calidad de desaparecidos. Es muy lamentable el resultado, las necropsias de ley nos ayudarán a determinar con precisión la fecha de deceso de estos compatriotas”, añadió.

Sus explicaciones no fueron suficientes para el Congreso, que contaba con los votos para censurarlo. Pese a que el gobierno recurrió a recursos desesperados para salvarlo, como un cambio de ministros improvisado, la suerte de Adrianzén estaba echada y tuvo que renunciar.

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Previamente, cuando dio a conocer sobre el posible aumento de salario de la presidenta, Adrianzén salió al frente a negar que la jefa de Estado haya solicitado el incremento de sus haberes a S/35.568 (125%). Actualmente, Boluarte percibe un salario de S/16 mil.

“Es absolutamente inexacto que la presidenta lo haya pedido, lo haya promovido, lo haya indicado”, dijo Adrianzén el 7 de mayo en una conferencia de prensa.

Sin embargo, un documento, mostrado por Panorama, contradice su versión y revela que el trámite del aumento salarial de la mandataria se inició en el Despacho Presidencial y no en la PCM.

El referido documento fue emitido en febrero del 2025, está dirigido a la PCM, y lleva la firma del entonces subsecretario general del Despacho Presidencial, Antonio Mirril Ramos Bernaola.

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El expremier Gustavo Adriazén fue uno de los principales escuderos de la presidenta Boluarte en el Caso Rolex y la denuncia por el presunto abandono del cargo de la mandataria a raíz de una intervención quirúrgica.

En marzo del 2024, cuando la PNP y la fiscalía allanaron el domicilio de Boluarte en busca de los relojes de alta gama, el entonces primer ministro calificó la diligencia de “arbitraria y desproporcionada”.

“El daño que se le causa a la imagen del país por este tipo de suceso es inconmensurable”, sostuvo.

Este año se volvió a pronunciar sobre los hechos y consideró que deberían tomarse acciones judiciales contra quienes participaron de aquel operativo.

En diciembre del 2024, cuando Alberto Otárola confirmó que la presidenta se sometió a una intervención quirúrgica, Adrianzén aseguró que existen voces que intentan “desestabilizar” el país y que la presidenta “nunca ha abandonado sus funciones”, mucho menos ha dejado en nadie esta responsabilidad tras someterse a una operación quirúrgica a fines de junio del 2023.

Lo que omitió decir es que él no era parte del Gabinete Ministerial cuando los hechos ocurrieron.

Posteriormente, en enero de este año, dijo a Canal N: “¿En qué estamos? Estamos metidos en el Rolex, en la operación, en dónde pasó la noche. Eso a mí me parece una miseria”.

“La verdad, me parece una absoluta violación a la intimidad que tú tengas que estar saliendo ante un medio de comunicación a decir que te sacaste una muela o que te han operado de las úlceras”, agregó en aquella ocasión.

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En la gestión de Adrianzén, el Poder Ejecutivo promulgó sin objeciones la ley que amplía el Reinfo y la norma que eliminaba la detención preliminar en casos de no flagrancia.

Sobre esta última ley, el Congreso retrocedió y aprobó una norma que restablecía la figura. Sin embargo, pese a la importancia de esta herramienta en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, el Gobierno se tomó 15 días hábiles y, en lugar de promulgarla, la observó.

Adrianzén incluso alegaba que el Ejecutivo se encontraba realizando “un exhaustivo análisis para ver qué es lo que corresponde”. Y decía que se pronunciarían antes del 14 de enero, para ese entonces los fiscales y jueces tenían las manos atadas en casos de no flagrancia.

La ley benefició, además, a personajes vinculados a la gestión de Boluarte, como el portavoz presidencial, Fredy Hinojosa, investigado por el Caso Qaliwarma.

Por este hecho, el entonces primer ministro fue denunciado constitucionalmente por la parlamentaria Ruth Luque (Bloque Democrático). La demanda alcanza a la presidenta Boluarte y al exministro del Interior Juan José Santiváñez.

Algo parecido ocurrió con la ampliación del Reinfo. El Poder Ejecutivo simplemente no observó la norma que en la práctica favorece a la minería ilegal.

Sobre el tema, el entonces primer ministro señalaba: “No tenemos previsto de momento hacer observación de la norma. Los especialistas están terminando de evaluar y emitir sus informes”.

Incluso indicaba que la propuesta del Congreso resultaba ser lo más “conveniente”.

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Durante la gestión de Adrianzén al frente de la PCM, se otorgó el salvoconducto para que Nadine Heredia saliera del país rumbo a Brasil para no cumplir con la condena en primera instancia por el delito de lavado de activos.

En abril, el canciller brasileño, Mauro Vieira, dio a conocer que el viaje de Heredia en un avión de la Fuerza Aérea de su país (FAB) fue autorizada por el Gobierno peruano.

“El avión de la FAB justamente está para servir a cualquier cuestión humanitaria. En ese caso fue la forma más segura de retirarla del país, con enfoque en que fue totalmente consentido por el Gobierno peruano”, explicó.

Posteriormente, Vieira declaró que la celeridad del asilo a Heredia fue porque el gobierno de Dina Boluarte no cuestionó dicho beneficio.

“El embajador de Brasil en Lima nos informó inmediatamente y le pedimos que se comunicara con el gobierno para saber si el gobierno lo concedería [...] No hubo oposición, ni cuestionamiento por parte del gobierno peruano. Entonces ese fue el tema y lo autoricé en el mismo momento”, dijo ante el Senado brasileño.

Cabe señalar que Gustavo Adrianzén fue ministro de Justicia en el gobierno de Ollanta Humala.

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Adrianzén, además, mostraba su respaldo incondicional al censurado exministro del Interior Juan José Santiváñez, pese a los escándalos y las investigaciones fiscales en las que estaba implicado y los cuestionamientos por el manejo de la crisis de inseguridad.

“En el momento, anuncio, la continuidad del Gabinete está garantizada y vamos a hacer reformas, por supuesto que las haremos, sobre todo en las políticas y estrategias”, respondió Adrianzén a la prensa el 20 de enero cuando se le preguntó por el entonces titular del sector Interior.

Y, cuando Santiváñez se negó a entregar a la fiscalía información sobre su cuenta de iCloud, el entonces primer ministro respondió que todo ciudadano merece reserva respecto a su información.

“Vamos a ver si la fiscalía atiende, recoge las preocupaciones que ha expresado el ministro y, en todo caso, no olvidemos también el tipo de reserva que merecemos cada ciudadano respecto a la información que tenemos”, dijo.

Cabe recordar que el Ministerio Público investiga a Santiváñez por presunto abuso de autoridad por un audio en el que menciona al periodista Marco Sifuentes y por las supuestas represalias contra el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlaqué, más conocido como ‘Culebra’.

Luego, cuando se allanó la vivienda del ministro, Adrianzén también expresó su molestia y sostuvo que la acción constituye “un atropello”, “un golpe blanco” para desestabilizar al Gobierno.

“Lo consideramos un atropello, un golpe blanco que busca desestabilizar al Gobierno”, afirmó.

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En octubre del 2024, Adrianzén aseguró que Boluarte sí estuvo presente en el condominio Mikonos los días en los cuales el ‘cofre’ fue visto acudiendo a estos inmuebles al sur de Lima y donde la policía sospechó que estuvo escondido Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia desde octubre del 2023.

“Quiero ser lo más atento posible pero yo les comento lo que yo sé. La señora presidenta estuvo en la urbanización Mikonos. No le puedo decir ni de dónde vino, ni a qué hora llegó, ni a qué hora se fue, ni con quién se entrevistó porque, lo he dicho en anteriores oportunidades, esto forma parte de la reserva que debemos tener porque se trata de la presidenta de la República”, explicó en conferencia de prensa.

Sin embargo, al día siguiente retrocedió, se disculpó con la presidenta y dijo que no volvería a pronunciarse sobre el tema.

A través de su cuenta en “X” (antes Twitter), señaló que los hechos se produjeron antes que asumiera el cargo –en marzo del 2024- y pidió disculpas por la “confusión” al haber señalado que la jefa de Estado sí estuvo en Mikonos.

“Los hechos ocurridos en febrero con relación al uso del cofre y destino de este, se produjeron antes que asumiera la PCM y no me volveré a pronunciar sobre ellos, pido disculpas por la confusión incurrida. Este es un asunto administrativo que debe ser atendido solo por dichas instancias”, indicó.

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En noviembre del 2024, Adrianzén cuestionó la prisión preventiva por 36 meses que el Poder Judicial había dictado contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, en el marco de la investigación por el Caso “Los Waykis en la sombra”.

En conferencia de prensa luego de la sesión del Consejo de Ministros, criticó que el fallo sobre el tema se haya prolongado por más de tres meses y la decisión del PJ.

Tras insistir en una supuesta judicialización de la política, Adrianzén advirtió una “soterrada intención” de vincular a la presidenta Dina Boluarte en una supuesta organización criminal y a partir de eso, pretender promover una presunta incapacidad moral que pueda conducir a su renuncia o vacancia.

Posteriormente, Adrianzén justificó que no se haya puesto al hermano presidencial en la lista de los más buscados, pese a que en ese entonces estaba prófugo de la justicia.

Señaló que eso no se había producido porque no se reunían “los elementos suficientes”.

“Para la inclusión en la lista hay una serie de criterios, que estoy seguro se están tomando en cuenta, y si es hasta este momento esa inclusión no se ha producido es porque no concurren los elementos suficientes para que aquello se produzca”, expresó el entonces primer ministro en enero del 2025. Días después el Poder Judicial levantó la orden de prisión preventiva contra el hermano de la mandataria.

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Durante la gestión de Adrianzén, el Consejo de Ministros aprobó el cierre del Proyecto Especial Legado alegando una “duplicidad” de funciones con el Instituto Peruano de Deporte (IPD).

Cabe precisar que, cuando se tomó la decisión Adrianzén se encontraba en París, y en su lugar se encontraba el ministro de Defensa, Walter Astudillo.

En marzo del 2025, Adrianzén subrayó que la medida se adoptó a propuesta del presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Federico Tong.

Cuando se le pidió precisar si fue el propio Federico Tong, replicó: “Sí, efectivamente. Se la hizo al Consejo de Ministros también en una exposición. Este último no, en el anterior, dos Consejos de Ministros atrás, donde explicó esta necesidad”.

Finalmente, el entonces primer ministro insistió en que esta decisión había que tomarla “necesariamente”.

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