
El primer ministro Gustavo Adrianzén rechazó ante el pleno del Congreso el último miércoles que hayan fracasado las acciones del gobierno en la lucha contra la inseguridad ciudadana, como las continuas declaraciones de los estados de emergencia.
En una larga exposición ante el Parlamento, que se inició aproximadamente a las 3:30 p.m. y acabó a las 8:30 p.m., señaló: “No podemos admitir que las medidas que adoptamos con anterioridad para la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia urbana hayan fracasado. El estado de emergencia es un mecanismo que contribuye a mejorar la eficacia de la labor policial, es una herramienta muy útil que facilita el desarrollo de las acciones policiales”.
Adrianzén aseguró que los resultados de la gestión de Dina Boluarte “se vienen observando progresivamente”. Y destacó que la presidenta encabeza diariamente el denominado “Cuarto de Guerra”, junto a ministros y altos mandos policiales y militares.
El primer ministro se presentó ante el Parlamento para responder a un pliego interpelatorio de 43 preguntas. Llevó consigo un documento de 254 páginas, que contenían toda su exposición.
Aunque el primer tema fue el de la inseguridad ciudadana, también se refirió a la situación de las empresas públicas, la selección de funcionarios en el Ejecutivo, la situación de Petroperú, la política económica y otros asuntos.
Durante las más de cinco horas que duró su exposición, el hemiciclo lució semivacío, tal como reclamó luego el congresista José Cueto (Honor y Democracia).
“Tenemos al primer ministro parado cinco horas y sin embargo acá hemos sido, en promedio, 30 personas. Eso me parece una falta de respeto. Y después nos quejamos porque la gente nos critica”, dijo.

Tras un debate de poco más de dos horas y la réplica de Adrianzén, el pleno se suspendió a las 10:41 p.m. De acuerdo con sondeos previos realizados por El Comercio, es lejana la opción de que prospere una eventual moción de censura contra Adrianzén.
Cifras en duda
Según el jefe del Gabinete Ministerial, como resultado de las acciones del Ejecutivo, se ha registrado una disminución en homicidios y delitos contra el patrimonio en los distritos bajo estado de emergencia, en comparación con el mismo periodo del año 2024. Precisó que la disminución de actos criminales se estima en alrededor de 30% en los distritos en emergencia.
Sin embargo, los asesinatos diarios a manos de sicarios, las cifras oficiales y las opiniones de especialistas contradicen el optimismo del Ejecutivo.
Solo el martes pasado, balearon a tres choferes de combi en la avenida Venezuela, en Bellavista (Callao), una zona en zozobra por el cobro de cupos.
A los pistoleros no les importó la presencia de policías, personal de la Marina ni las cámaras de videovigilancia que rodean la zona, declarada en estado de emergencia.
Tal como ha dado cuenta El Comercio, las estadísticas presentadas en las sesiones del “Cuarto de Guerra” no detallan los delitos cometidos por los detenidos ni las circunstancias de sus capturas, lo que genera dudas sobre el verdadero impacto en el crimen organizado.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva (Renadespple), entre enero y marzo de 2025 se registraron 43,747 detenciones en flagrancia, pero solo el 1,39% estuvo relacionado con delitos graves como extorsión (0,66%), sicariato (0,03%), homicidio (0,54%) y secuestro (0,16%). La mayoría de casos correspondió a violencia familiar, lesiones, conducción en estado de ebriedad y microcomercialización de drogas.
Críticas y cuestionamientos
Para el exviceministro del Interior Ricardo Valdés, los estados de emergencia han sido, en esencia, una respuesta política e impulsiva ante el aumento de la criminalidad. “El Gobierno ha optado por salir rápidamente con esta carta para, digamos, manejar un poco el sentimiento negativo de la ciudadanía hacia el gobierno”, señaló.
Valdés criticó que el Ejecutivo no haya planteado metas claras antes de declarar los estados de emergencia. “Si yo mido el efecto del estado de emergencia por la opinión de la ciudadanía, que sí está en las encuestas, la respuesta es concluyente: ha sido un fracaso”, apuntó.
En su opinión, el gobierno ha intensificado un mensaje político, mas no una estrategia contra la inseguridad.
Valdés cuestionó que el primer ministro presente como ejemplo el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2030, al que señaló como un “fracaso reconocido” por el propio Ministerio del Interior.
También ironizó sobre la cifra de vehículos anunciados por Adrianzén. “Dijo que han adquirido más de 300,000 vehículos. Imagínese, en estos momentos tenemos dos vehículos por policía en el país”, comentó tras señalar que el primer ministro simplemente leyó respuestas preparadas, sin verificar su veracidad.
En detalle, el primer ministro aseguró al Congreso: “Para disminuir las brechas de infraestructura, vehículos y equipamiento estratégico, que le permita a la Policía desarrollar sus actividades en buenas condiciones logísticas y de seguridad, se cuenta con 370,000 vehículos nuevos, 7200 fusiles, 31,000 pistolas y 1200 chalecos antibalas”.
También dijo que hasta el 5 de abril, se realizaron 291,516 operativos.
Valdés puso en duda la efectividad real de esos operativos. “Si en una esquina te piden el DNI, lo muestras y luego sigues tu camino, para la estadística eso ya es un operativo. Es un operativo de identificación, pero eso no disminuye la extorsión, el sicariato ni el incremento de la minería ilegal”, subrayó.
En la misma línea, el exdirector de la Policía Nacional (PNP) Eduardo Pérez Rocha señaló que Adrianzén no está proporcionando información real. “Se está repitiendo lo que hacía el exministro del Interior Juan José Santiváñez, quien daba cantidades que no se ajustaban a la verdad y después se demostraba que eran falsas”, afirmó.
Pérez Rocha cuestionó también que la veracidad de que 4,300 efectivos de las Fuerzas Armadas estén brindando apoyo. “¿Dónde están? Hemos visto que en el primer día del estado de emergencia se fueron a Larcomar con fusiles de guerra. Eso espantó a la gente”, comentó.
Para el exdirector de la PNP, lo que está fallando es el plan de operaciones que debería estar ejecutando la Policía Nacional.
A pesar de la defensa cerrada de Adrianzén, los hechos demuestran que el combate contra la inseguridad es una tarea que el gobierno no ha sido capaz de cumplir. Este jueves 10, el gremio de transporte urbano realizará un paro en Lima y Callao en protesta por los reiterados asesinatos de sus miembros, perpetrados por bandas criminales dedicadas a la extorsión, el sicariato y el cobro de cupos.