El gobierno de Keiko Fujimori buscaría obtener facultades legislativas para aplicar un régimen de aislamiento absoluto a los cabecillas de organizaciones criminales que continúan operando desde los penales y reducir los trámites para declarar en emergencia una localidad. Esas son dos de las medidas que formarían parte del proyecto que el Ejecutivo alista para presentar al Congreso de la República.
Fuentes de El Comercio señalaron que la gestión de Fujimori prepara un proyecto de más de 300 páginas, que incluirá la solicitud de delegación de facultades y los motivos y fundamentos legales que la sustentan.
Según las mismas fuentes, la propuesta tendrá tres ejes principales: seguridad ciudadana, atención frente al fenómeno de El Niño y desburocratización del Estado.
Aunque la presidenta ha asegurado que el pedido será presentado esta semana, este no figuró en la agenda oficial de una sesión virtual del Consejo de Ministros programada para el pasado martes 25 de agosto.
La solicitud deberá ser aprobada previamente por el Consejo de Ministros antes de ser remitida al Congreso. Una vez en el Parlamento, será enviada a la Cámara de Diputados, donde deberá ser dictaminada en primera instancia antes de pasar al Senado.
Entre las medidas para enfrentar el fenómeno de El Niño, el Ejecutivo buscaría que un informe técnico del INDECI sea suficiente para que el Consejo de Ministros apruebe de inmediato la declaración de emergencia de una localidad.
Actualmente, el procedimiento puede tomar varios días debido a los trámites que deben realizarse entre las municipalidades distritales y provinciales y el gobierno regional.
El Ejecutivo también plantea establecer un marco de protección legal para los militares que participen en labores de orden público, con el objetivo de brindarles respaldo jurídico frente a eventuales procesos judiciales por actos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
El primer ministro Luis Galarreta se refirió a esta propuesta el último lunes, en declaraciones al programa “Esta noche”, de Panamericana Televisión.
“Para que nuestras Fuerzas Armadas puedan ingresar a actuar necesitan un par de cambios legislativos, para que no tengan impedimentos, para que no terminen con juicios. Una cosa es parar a un militar como si fuese un poste y otra que pueda agarrar un revólver y enfrentar a un delincuente”, dijo.
Entre las medidas vinculadas con la seguridad ciudadana, Galarreta señaló que el Ejecutivo buscaría modificar el régimen de beneficios penitenciarios y aplicar aislamiento absoluto a los cabecillas de organizaciones criminales que continúan operando desde los penales.
“Vamos a pedir delegación de facultades para el tema de beneficios penitenciarios. Nosotros tenemos que mostrar fuerza. El aislamiento, cero visitas, [...] a mí me vuelven a disparar un bus y los metes en aislamiento a todos los cabecillas que están presos”, dijo.
La propuesta también contempla medidas para reducir el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios. La gestión de Fujimori buscaría reubicar a internos que no sean considerados de alta peligrosidad.
Para ello, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, coordina con las Fuerzas Armadas para identificar los lugares donde podrían ser trasladados estos internos.
El Ejecutivo reconoce que la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios tomará tiempo, por lo que plantea recurrir a medidas de corto plazo.
Aunque el gobierno todavía no ha presentado formalmente su pedido de delegación de facultades al Congreso, el presidente del Senado, Miguel Torres (Fuerza Popular), pidió “cerrar filas” a favor de su aprobación.
“Esperemos que todos cerremos filas para poder otorgar esta delegación de facultades en un momento en el cual el Perú necesita unidad para responder frente al fenómeno de El Niño y, por supuesto, a los temas de inseguridad ciudadana”, dijo en diálogo con la prensa desde el Parlamento el pasado martes 25 de agosto.
Los congresistas se encuentran actualmente en semana de representación. Si el Ejecutivo presenta finalmente la solicitud de facultades en los próximos días, el debate podría comenzar la próxima semana en las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados.
La Constitución establece que la delegación de facultades al Ejecutivo solo puede realizarse mediante una ley autoritativa. En esta se precisan las materias sobre las que se otorgan y se establece un plazo de vigencia.
