Otárola y Maurate entran en contradicciones por muerte de ciudadano en el Centro de Lima

Unas horas después de que se hiciera público el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- que concluye que hubo “graves violaciones de derechos humanos” en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte- el jefe del Gabinete, Alberto Otárola, y el titular de Justicia, Daniel Maurate, entraron en contradicciones sobre la muerte del ciudadano Víctor Santisteban.

Santisteban falleció el sábado 28 de enero, luego de que le impactara en la cabeza una bomba lacrimógena disparada por un policía, en el Centro de Lima.

La noche del último miércoles, Maurate consideró que “aparentemente” sí hubo una violación a los derechos humanos en ese deceso. Aunque remarcó que es el Ministerio Público el que deberá definir eso, “porque es la única autoridad que pueda imputar delito y responsabilidad penal”.

“Por lo que veo, aparentemente sí […] Creo que dentro de las instituciones tiene que haber una investigación. Un video, una foto, hoy día tiene que ser sometido a pericias pues a veces la percepción es la que tenemos, pero por eso no se puede condenar”, manifestó el abogado en RPP Noticias.

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Al respecto, Otárola sostuvo este jueves que la posición oficial del gobierno es que ejercerá el derecho a la defensa de todos los policías y militares que más adelante puedan ser procesados.

A la par, demandó a Maurate que aclare lo que haya querido decir.

“Bueno, el ministro de Justicia tendrá que aclarar lo que ha dicho, la posición oficial del gobierno es que vamos a ejercer el derecho a la defensa, respetar el informe que ha sido presentado por la comisión, vamos a trabajar para implementar las recomendaciones y para alcanzar la reconciliación nacional”, remarcó en la misma emisora.

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La aclaración de Maurate no demoró en llegar, y a los pocos minutos, se ratificó en lo que había señalado sobre la muerte de Santisteban.

“Si el primer ministro ha reclamado una aclaración aprovecho para aclarar a nuestro premier en una situación como la que hemos vivido, yo lo que he dicho es que si tú estás viendo que alguien está disparando no vas a decir que no hubo violación de derechos humanos, lo hay”, subrayó en radio Exitosa.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos intentó atenuar su postura, al también indicar que cuando un niño requiere atención médica y los manifestantes no dejan pasar a la ambulancia, y el menor muere, esa situación también constituye una violación a los derechos humanos.

“Hay casos particulares donde se han producido este tipo de cosas por parte de los protestantes”, agregó.

El deceso de Santisteban no fue incluido en el informe de la CIDH, porque esta institución solo abordó las protestas contra el gobierno y el Congreso entre el 7 de diciembre y 23 de enero.

En otro momento, Maurate aseguró que “no porque alguien va a un aeropuerto, hay que meterle bala”, y sostuvo que es necesario que, a través de una investigación, el Ministerio Público determine si hubo policías y militares que hicieron “uso de las armas fuera de la ley”.

“El uso de las armas está regulado, la comisión ha reconocido que nosotros tenemos regulación establecida para el uso de armas, si alguien usó las armas dentro de la ley, bien; si alguien usó [las armas] por fuera de la ley, esa es la investigación que tiene que hacer la fiscalía, y obviamente habrá la sanción”, expresó.

Previamente, el jefe del Gabinete Ministerial había ratificado “el pleno respaldo y apoyo del gobierno” a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional.

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El analista político Pedro Tenorio consideró que las contradicciones entre Otárola y Maurate “evidencia las inconsistencias” que existe dentro del gobierno respecto a la muerte de Santisteban, “un hecho muy delicado”.

“Independientemente, si es la postura de Otárola o la de Maurate, el Ejecutivo debería tener una sola posición. Por un lado, Maurate es el vocero del gobierno en temas legales y es el asesor jurídico de la presidente Boluarte, pero a su vez Otárola es el portavoz del Ejecutivo después de la mandataria, entonces, quién manda a quién”, expresó a este Diario.

Tenorio indicó que si Maurate no recula y más bien insiste en su postura es “porque se siente respaldado” por Boluarte y recordó que el abogado es cercano al hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte. Este último fue su viceministro cuando estuvo al frente del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016).

“Va a ser importante ver quién imponen su posición, si Maurate, que es un recién llegado, u Otárola, quien tiene que afrontar los cuestionamientos y las investigaciones derivadas de ese informe”, subrayó.

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También remarcó que Maurate ingresó al Ministerio de Justicia y DD.HH., en reemplazo de José Tello, para que “una persona más aplomada y con una posición de defensa más férrea a favor del gobierno” esté en ese sector ante el informe de la CIDH, pero “está dejando al descubierto sus inconsistencias”.

Por su parte, la politóloga Kathy Zegarra dijo que el aparente impasse entre el jefe del Gabinete y el titular de Justicia “demuestra no solo que existe una falta de comunicación, sino también de coordinación sobre cuál debe ser la posición oficial del gobierno” sobre la muerte de Santisteban y de otras durante las protestas.

“Maurate tenía como meta unificar la posición del gobierno, y no lo está cumpliendo, y esto también nos habla de la improvisación del Ejecutivo al momento de designarlo, más allá de que si su gestión sea buena o mala”, refirió.

En diálogo con este Diario, Zegarra señaló que es probable que Otárola busque cambiar a Maurate, si es que no rectifica.

“En este caso específico [sobre las muertes en las protestas] hay un mismo discurso entre Boluarte y Otárola, si Maurate ha señalado lo opuesto en un caso tan delicado, es probable que el primer ministro busque cambiarlo”, acotó.

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