Las conversaciones del presidente Martín Vizcarra con su entorno fueron grabadas. (Foto: Presidencia)
Las conversaciones del presidente Martín Vizcarra con su entorno fueron grabadas. (Foto: Presidencia)
Jonathan Castro

En el , el presidente Vizcarra dialoga con otros funcionarios públicos sobre la estrategia de defensa en el Caso Richard Swing. Allí, la secretaria general de Palacio, Mirian Morales, hace indicaciones sobre los argumentos que la asesora Karem Roca debe señalar, y esta les comunica que ha borrado información del calendario del presidente. En la reunión también participó el exasesor Óscar Vásquez.

Aunque el mandatario no podrá ser procesado –pero sí investigado– mientras tenga sus prerrogativas vigentes, sí se podría iniciar acciones contra su entorno cercano.


Los exprocuradores anticorrupción Yvan Montoya y Antonio Maldonado coinciden en señalar que ellos podría ser investigado por el presunto delito de obstrucción de la justicia y de encubrimiento real. Maldonado explica que para que se configure el encubrimiento, se necesita que se intente tapar otro delito. ¿Cuál sería el delito que se encubre? La colusión para la contratación del cantante Richard Cisneros.

El penalista Rafael Chanjan coincide en que estos funcionarios podrían ser investigados por esos delitos. Añade que habrá que ver la condición en la que se encuentran esos funcionarios: si ya están investigados por el Ministerio Público, no podrán ser procesados por encubrimiento real. “Uno no puede ser acusado de encubrir su propio delito. Nuestro Código Penal tiene una excusa absolutoria para estas personas”, señala.

Aún así, el penalista Vladmir Padilla indica que, aunque en teoría no podrían procesarlos por ser autor de un delito y a la vez encubrirlo, en la práctica sí se puede hacer. Según explica, un investigado podría ser absuelto del delito principal, pero no de haberlo encubierto.

Pero, no hay excepciones para la investigación por obstrucción a la justicia, explica Chanjan. “Allí lo que se sanciona es intentar influir en la declaración de una persona en la investigación mediante amenaza, violencia o la promesa o entrega de beneficios”, indica Chanjan.

Por este delito, Chanjan considera que podrían ser investigados en coautoría todas las personas que participaron de la reunión en Palacio de Gobierno registrada en el primer audio. Hasta donde se sabe, allí habrían participado Mirian Morales, Karem Roca y Óscar Vásquez.

Padilla explica que, desde un punto de vista, Roca podría ser una agraviada porque a ella la estarían condicionando. Desde otro punto, ella podría estar insertando esta información para obstaculizar o encubrir el delito de colusión.

Montoya y Maldonado consideran que las coordinaciones en la estrategia de defensa no constituyen un delito, pero hay otros detalles de los diálogos que ameritan investigaciones.

Montoya señala que uno de esos temas es la incitación a no decir la verdad en una comisión investigadora que analiza presuntos hechos delictivos, como colusión y tráfico de influencias. “Visto como una plataforma que investiga hechos que podrían tener connotación penal, y frente a esa comisión se incita o provoca a decir algunas falsedades, aunque sean pequeñas, comienza a tener ribetes de un encubrimiento real”, señala.

A ello, Chanjan agrega que se podría configurar el delito de obstrucción a la justicia en tanto perjudica las investigaciones fiscales. Eso se determinará en las diligencias preliminares.

Además, si bien omitir información en el registro de visitas es una conducta poco ética, no es delito. En cambio, la adulteración del registro, en caso se haya producido, sí lo sería. “La adulteración sí sería un delito contra la fe pública”, explica Montoya.

En una parte del primer audio, Karem Roca dice: “He verificado la agenda del presidente y encontré solo las de Óscar, que era de Cotrina y Pedro, ya las he borrado. Las que tengo en la agenda del Outlook”.

Padilla señala que estos hechos también podrían ameritar una investigación por el presunto delito de falsedad genérica, pues el libro habría sido manipulado.

Los exprocuradores señalan que la investigación de estos hechos debería recaer en manos del Ministerio Público, y no del Congreso, donde podría desplegarse un manto de sospecha, más aún bajo la presidencia de Edgar Alarcón.

Más datos:

-Maldonado considera que la agenda de visitas y reuniones del presidente es un documento del Estado, no privado, por lo que no debería ser alterado.

-Para Montoya, Alarcón no debería seguir al frente de esta investigación, pues fue destituido “de la peor manera” de la Contraloría y le resta legitimidad a la investigación.

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