Los exprocuradores anticorrupción Antonio Maldonado y Luis Vargas Valdivia cuestionaron la decisión del Ejecutivo de aprobar la entrega de un bono de S/2.400 mensuales para los fiscales provinciales especializados en delitos de corrupción de funcionarios.
La medida se oficializó el jueves mediante un decreto supremo publicado en “El Peruano”, el cual está firmado por el presidente Pedro Castillo y el ministro de Economía, Óscar Graham.
El exprocurador Maldonado señaló que la decisión “genera una enorme sospecha”, porque Castillo y dirigentes del partido de gobierno Perú Libre son investigados por fiscalías anticorrupción en Lima y Junín.
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“Puede prestarse a situaciones en las cuales los fiscales pierdan su imparcialidad. [...] Es de alguna manera condicionar la conducta de los fiscales: que se porten bien con el Gobierno si quieren seguir recibiendo su bono”, opinó.
Las fiscalías anticorrupción investigan, entre otros casos, la presunta existencia de una mafia que maneja licitaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la supuesta organización criminal Los Dinámicos del Centro, que estaría integrada por dirigentes de Perú Libre y exfuncionarios del Gobierno Regional de Junín.
El exprocurador Vargas Valdivia dijo que el bono no debe entenderse como parte de una política de lucha contra la corrupción. Por el contrario, aseveró que solo causará problemas en el Ministerio Público, porque discrimina a fiscales de otras áreas especializadas, como lavado de activos, crimen organizado y trata.
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En opinión de Vargas Valdivia, la entrega del bono es “absurda y populista”. Añadió que genera “un interés perverso” de los fiscales para formar parte de las fiscalías anticorrupción.
“Es una más de las medidas indebidas que este gobierno está tomando”, señaló el experto.
El decreto supremo precisa que el bono se financiará con el presupuesto institucional del Ministerio Público, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
La norma detalla que el bono no tiene naturaleza remunerativa ni carácter pensionable; es decir, se otorgará solo durante el ejercicio de las funciones de los beneficiarios.
Fuentes de la fiscalía coincidieron en que se está discriminando a fiscales de otras especialidades. Añadieron que el bono lo solicitó la Fiscalía de la Nación, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible obtener la versión de su titular, Zoraida Ávalos.
Fuentes de la fiscalía recordaron que en la década del 2000 se aprobó un bono para jueces y fiscales anticorrupción en Lima que vieron los casos de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Añadieron que fue una medida excepcional adoptada cuando la gestión de Alejandro Toledo aún no estaba involucrada en escándalos de corrupción.
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