Denuncian uso de la OEA para presión jurídica
Denuncian uso de la OEA para presión jurídica
Redacción EC
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CECILIA ROSALES FERREYROS 

La posibilidad de que el Estado Peruano presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, sobre la operación comercial entre Epensa y El Comercio fue calificada ayer como una violación constitucional y un nuevo intento de injerencia política, esta vez a través de la OEA, en un asunto que ya se encuentra judicializado.

, ex representante del Perú ante este organismo hemisférico, señaló que si bien el Estado Peruano, por medio de su embajador, Juan Jiménez Mayor, puede solicitar opiniones consultivas, el artículo 139 de la Constitución impide que “otras autoridades puedan pronunciarse sobre temas que están judicializados”. El artículo mencionado señala que “ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante el órgano  jurisdiccional  ni interferir en el ejercicio de sus funciones”.

Según Flores-Aráoz sería inconstitucional que el propio gobierno o sus representantes interfieran en el Poder Judicial. “Si lo hiciera a pesar del cuestionamiento constitucional, podría denunciarse a la canciller por infracción constitucional”.

María Zavala, ex ministra de Justicia y ex representante del Perú ante la OEA, mencionó que si bien el artículo 64 de la Convención Americana faculta a los estados a solicitar opiniones consultivas, en este caso no lo considera prudente porque  el caso está judicializado y las garantías constitucionales pueden llegar a la corte. “Se han pedido anteriormente opiniones, pero no en casos judicializados [...]. La corte estaría adelantando opinión”. 

El ex canciller Luis Gonzales Posada consideró que una controversia entre empresas privadas judicializada no puede elevarse a la corte, más aun cuando el embajador ya tiene una posición. “Eso es darle un sesgo político que es inaceptable y desnaturaliza la función de un representante del Perú”.

Agregó que le hubiera gustado, más bien, escuchar una voz más firme de Jiménez respecto a los graves sucesos en Venezuela. “Ahí la voz del Perú es débil, hasta temerosa”.

El ex canciller José Antonio García Belaunde se preguntó qué ocurrirá si la eventual opinión consultiva es distinta a lo que dirima el juez peruano. “¿Que va a hacer el gobierno: respetar el fallo judicial peruano que es lo que obliga la Constitución o no aceptar el fallo porque hay una opinión consultiva que no es vinculante? ¿Entonces para qué se busca?”.

En su opinión, no tiene ningún sentido llevar un tema a la opinión consultiva de un órgano de afuera, como si no tuviéramos conciencia de las cosas que se hacen. “Afuera se lleva ‘litis’, no opinión consultiva”. 

En réplica, Jiménez, en un artículo de opinión que hoy publica El Comercio, asegura que su intención no es interferir en el proceso judicial en curso, sino “enriquecer el debate”.

INTROMISIONES RECURRENTES
DESDE PALACIO DE GOBIERNO
El 29 de diciembre pasado el presidente Ollanta Humala señaló que la asociación entre Epensa y *El Comercio* era una vergüenza. “Ahorita es legal”, dijo. Dos días después, pidió que el Congreso vea el tema.
 
LABOR DE OPERADOR
En audiencia de la CIDH, convocada por una ONG, Juan Jiménez planteó la necesidad de una ley de medios. Luego ha sugerido pedir una opinión a la corte de San José.
 
EN EL PODER JUDICIAL
Juan Jiménez visitó al presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, quien se vio obligado a emitir dos comunicados enfatizando su independencia y rechazando cualquier intervención supranacional en las causas pendientes en los tribunales peruanos.

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