A un año y medio de asumir la presidencia, la aprobación a la mandataria Dina Boluarte se redujo a apenas un 5% a escala nacional, según la última encuesta de Datum para El Comercio. Es la cifra más baja de un jefe del Estado desde 1980 de la que se tenga registro, marcando así un récord histórico negativo significativo.
A un año y medio de asumir la presidencia, la aprobación a la mandataria Dina Boluarte se redujo a apenas un 5% a escala nacional, según la última encuesta de Datum para El Comercio. Es la cifra más baja de un jefe del Estado desde 1980 de la que se tenga registro, marcando así un récord histórico negativo significativo.
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En medio de un silencio prolongado, Boluarte terminó por perder la mitad de la escasa popularidad que había mantenido el primer trimestre del año (10%). En abril, poco después de estallar el Caso Rolex, retornó a la tendencia negativa y registró 7%, ya un récord en las últimas dos décadas; solo comparado con la misma cifra de aprobación que alcanzó el expresidente Alejandro Toledo en 2004.
Sin embargo, ahora llegó al mínimo histórico: si se realiza un comparativo entre los porcentajes de aprobación más bajos registrados desde 1980, en el segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry, ningún jefe del Estado había obtenido una cifra similar. Ni Alan García en su primer gobierno (se midió solo Lima) ni Alberto Fujimori a fines del 2000 habían registrado una aprobación tan baja.
Por otro lado, la desaprobación de Boluarte llega al 91% a lo largo de todo el territorio nacional; incrementándose en casi todas las regiones respecto a la última medición de abril. Sin embargo, es en el sur en donde la situación se agrava todavía más, reduciéndose de 7% a un 3% su respaldo, respectivamente. Su desaprobación llegó al 95% en esta parte del país.
En tanto, el presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), llega al último tramo de su gestión con 10% de apoyo. Y las reformas políticas promovidas por ese poder del Estado no cuentan con un respaldo generalizado. La gran mayoría (61%) está en desacuerdo con la eliminación de los movimientos regionales; y solo un 52% considera favorable la reelección inmediata de gobernadores y alcaldes por un periodo adicional.
—Puntos de vista—
El analista político Enrique Castillo consideró que la situación de Boluarte es “sumamente crítica” y que ha perdido toda legitimidad, lo que se suma a una falta de liderazgo y capacidad para gobernar. “Un gobernante, con un 5% de aprobación, lo único que tiene es la legalidad como fundamento de su gobierno”, refirió.
Ello repercute –agregó– en una falta de capacidad de convocatoria no solo de la población sino de grupos políticos e, incluso, en eventuales cuadros para un cambio de gabinete. Además, genera un aislamiento todavía mayor por parte de la presidenta, al no poder viajar al interior del país.
Castillo mencionó que el rechazo generalizado se contradice con la pasividad de la población, a diferencia de lo ocurrido en otros gobiernos. Lo que le atribuye a, entre otros factores, a la situación económica de la ciudadanía, que está más enfocada de agenciarse de recursos. No obstante, apuntó que ello “es una zona inflamable”.
“Si bien no hay movilizaciones, sí puede suceder que a la menor chispa, algo se levante. La presidenta está parada en una zona inflamable. Hay una pasividad, pero ese nivel de aprobación sí te genera esta posibilidad de que, ante cualquier tipo de estímulo, exista una reacción de la población”, remarcó.
Por su parte, el analista José Carlos Requena consideró “es una posición bien complicada” en la que se encuentra Boluarte y que es muy difícil que pueda llegar a revertir significativamente las cifras, siendo este “un punto de no retorno”.
Sin embargo, remarcó que pese a la situación de hartazgo que los números reflejan, ello no comprometería aún su permanencia.
“Pero, claro, lo curioso es cómo esto terminaba siendo en otras ocasiones un elemento determinante, y ahora termina siendo un poco referencial. Desde marzo, la presidenta, en la práctica, ha perdido la mitad del poco capital político que tenía. Entonces ya es la verdad una situación crítica. Eso, sin embargo, no creo que comprometa en el corto y mediano plazo su permanencia, su estabilidad, porque no hay un elemento gatillador que mueva las cosas como están”, apuntó.
ANÁLISIS…
El descontento en aumento, por Urpi Torrado
No sorprende una nueva caída en la desaprobación de la presidenta Dina Boluarte, ni que ésta sea la aprobación presidencial más baja desde 1980. El primer ministro se mantiene en un dígito y su popularidad correlaciona con la de la presidenta, como también sucedía con el expremier Otárola. Lo que es distinto, es que los ministros de Economía e Interior, aunque son desconocidos por la quinta parte de la población, casi le triplican en aprobación, a pesar de ser también baja.
Aunque la economía familiar en los hogares peruanos sigue muy complicada, una minoría le reconoce cierto mérito en el control de la inflación y el manejo de la economía. Si bien es pronto para medir la gestión del recientemente nombrado ministro del Interior, resulta relevante por ser la inseguridad ciudadana el principal problema del país. Juan José Santiváñez se ha mostrado más activo y mediático lo que le ha dado un resultado positivo inicial, pero las expectativas son altas y la población espera resultados en el corto plazo.
Por otro lado, el Congreso, si bien no ha sido medido este último mes, recordemos que su popularidad era también de un dígito. Esta última encuesta de Datum registra un crecimiento de 5 puntos en la desaprobación del presidente del Congreso. Esto indicaría que sigue el deterioro en la imagen del Legislativo.
Aunque hay consenso en la necesidad de una reforma política, no lo hay en la forma en cómo ésta se viene manejando. La reciente aprobación en primera votación de la eliminación de movimientos políticos regionales es rechazada por la mayoría y la reelección inmediata de gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales, por un período adicional, presenta opiniones divididas.
La manera en que se viene manejando estas reformas genera suspicacia en la población y se cuestiona si existe un verdadero interés de reforma política o si, por el contrario, se estaría buscando el beneficio propio, pues no se estarían abordando adecuadamente las necesidades del país.
Ambos poderes del Estado, Ejecutivo y Legislativo, muestran desconexión en relación a lo que la población espera de su gestión. Si bien la ciudadanía no ha salido a las calles, el descontento está en aumento, por lo que no debería sorprender si opciones populistas o incluso radicales ganan espacio político.
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