El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, usó una columna publicada este domingo para atacar a un sector del Ministerio Público y de la prensa, a quienes acusa de emprender una campaña de desprestigio contra la presidenta Dina Boluarte con la intención de allanar el camino hacia una eventual vacancia.
En una columna de opinión publicada en el diario oficial El Peruano, el presidente del Consejo de Ministros hizo eco de la denuncia hecha previamente Dina Boluarte sobre lo que considera “un golpe blanco”, supuestamente impulsado a través de la persecución judicial y la difusión de información sobre investigaciones en curso contra la mandataria y su gabinete.
“Estas agresiones son intolerables y apuntan, desde una facción de la prensa y un grupo específico de la fiscalía, a dar un golpe blanco. Quieren minar la institucionalidad desprestigiando a la presidenta. Buscan hilar una vacancia”, aseguró el jefe del gabinete.
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“Lamentablemente, ya no sorprende que el Ministerio Público cometa excesos contra la presidenta de la república o miembros del gabinete ministerial, y que domingo a domingo un sector de la prensa arremeta también contra la jefa del Estado o algún ministro”, afirmó Adrianzén en su escrito titulado Un freno a la persecución judicial.
El premier argumentó que la presidenta, en su calidad de jefa de Estado, personifica a la nación y, sin embargo, es objeto de constantes ataques que atentan contra su investidura. Sostuvo, además, que la fiscalía ha incurrido en excesos desde hace casi un año, cuando se realizó el allanamiento a la vivienda de Boluarte, hecho que calificó como una afrenta a la dignidad de la Presidencia.
Para Adrianzén, la publicación de información sobre investigaciones en curso es una prueba del acoso judicial del que, según él, es víctima la mandataria. “Cada semana aparecen en televisión partes de investigaciones a la presidenta y a otros miembros del Ejecutivo. ¿Acaso el Ministerio Público no resguarda esas investigaciones?”, cuestionó.
El primer ministro también señaló que la Constitución protege a la presidenta y establece claramente las únicas cuatro causales por las cuales podría ser acusada: traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso fuera de los casos permitidos y obstaculizar el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos electorales. “El correlato lógico es que solo por esos cuatro delitos pueda ser investigada. Y esas razones no se han cumplido en la realidad”, sentenció.
Adrianzén expresó su confianza en que el Tribunal Constitucional (TC) establecerá un precedente que fortalezca la gobernabilidad y proteja la estabilidad política del país.
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“Confío en la sapiencia del TC para sentar jurisprudencia y fortalecer la gobernabilidad, indispensable para afianzar el crecimiento económico”, afirmó.
Finalmente, el premier rechazó lo que considera una instrumentalización del sistema judicial con fines políticos y advirtió que el Perú “no merece que los operadores de justicia sean marionetas de intereses oscuros”. Con estas declaraciones, Adrianzén reitera la postura del Ejecutivo frente a las investigaciones en curso, insistiendo en que se busca debilitar la gestión de Boluarte mediante la judicialización de la política.
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